Las elecciones estatales del pasado 5 de junio se han traducido en un nuevo equilibrio entre las las fuerzas políticas nacionales y un giro radical en la conformación de los gobiernos a nivel local. El PRI ha perdido como nunca antes en elecciones estatales, en gran medida como un voto de castigo ante escándalos de corrupción y abuso de poder en los estados, por problemas de inseguridad y violencia que no cesan, la incertidumbre sobre la situación económica y el profundo desprestigio que arrastra al Gobierno Federal y a la Presidencia de la República.
Los resultados, sorprendentes por la magnitud de la derrota priista, de hecho cuatro estados han logrado la alternancia en el gobierno por primera vez, abren escenarios en los que es posible ahora para el PAN recuperar la Presidencia de la República y, en especial, han dado pie a la especulación sobre los posibles candidatos hacia 2018. No hay duda que los resultados electorales y la nueva configuración política nacional, sumados a la impopularidad presidencial, han adelantado inevitablemente el proceso sucesorio.
Si bien es comprensible que los partidos reenfoquen sus estrategias hacia 2018 y que sus liderazgos comiencen a levantar la mano como posibles candidatos, el debate realmente relevante es qué van a hacer los nuevos gobiernos electos para responder a las demandas de una ciudadanía hastiada por la corrupción, la inseguridad, la incertidumbre económica y la irresponsabilidad de sus gobernantes. El voto de castigo al PRI tendría que llevar a los partidos en su conjunto a definir una agenda pública transformadora, no sólo a perfilar candidatos para la Presidencia.
Uno de los temas centrales de la agenda pública y que se ha reflejado en el voto de castigo en los estados, es la existencia de una impunidad rampante, la combinación de atrocidad e impunidad como señaló recientemente Open Society Foundations. Una impunidad que retroalimenta y multiplica los efectos destructivos de la inseguridad, la violencia, la corrupción y la violación a los derechos humanos.
El Índice Global de Impunidad México (IGI-MEX 2016: (http://www.udlap.mx/igimex/Default.aspx?utm_source=BH&utm_medium=banner&utm_campaign=TIPR1605) mide los niveles de impunidad en los estados a partir de 18 indicadores diseñados para analizar la estructura y funcionamiento de los sistemas de seguridad y justicia en los estados y el porcentaje de delitos que no se denuncian (cifra negra). Los resultados del IGI-MEX 2016 nos señalan condiciones generales y muy extendidas de impunidad: el promedio de impunidad estatal equivale a 67.42, en una escala de 0 a 100, lo que significa que se ubica en el último tercio de la escala IGI. Adicionalmente, hasta 25 casos están agrupados a sólo 10 puntos de distancia del peor evaluado (quintana Roo), por lo que es posible afirmar que la mayoría de los estados del país comparten grados de impunidad y problemas de seguridad y justicia semejantes.
Gráfica 1: Resultados IGI-MEX 2016
En lo que respecta a los estados que por primera ocasión lograron la alternancia, (Durango, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz), estos comparten una realidad común: como puede verse en la Tabla 1, los cuatro estados se ubican en el IGI-MEX como estados con Muy Alta Impunidad, situación en la que también están dos estados que nunca han tenido alternancia y que se disputarán en 2017: Coahuila y el Estado de México. De los otros estados que tuvieron elecciones para gobernador, sólo Oaxaca tiene también impunidad Muy Alta, mientras que Aguascalientes, Hidalgo, Puebla, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas se posicionan el rango de Impunidad Alta y Chihuahua en Impunidad Media.
Tabla 1: Desempeño General y por Subdimensión IGI-MEX
Estados Elecciones Gobernador 2016
Como puede verse, salvo Chihuahua, todos los estados donde hubo elecciones destacan por condiciones Altas o Muy Altas de impunidad y en general tienden a coincidir en problemas de desempeño en las diferentes dimensiones del estudio, pero muy especialmente en la dimensión estructural para el sistema de justicia. Sobra decir que en todos ellos la cifra negra es demasiado alta, al igual que el promedio nacional, lo que implica que menos de 10 de delitos de cada 100 se denuncian. La impunidad es general y muy semejante en todos estos estados, lo cual contribuye a explicar el hastío e indignación de la ciudadanía y representa un problema que requiere la atención urgente por parte de los nuevos gobernadores.
Veamos algunos datos. Los estados en México tienen en promedio 3.2 ministerios públicos para atender a cada 100,00 habitantes, cantidad en sí insuficiente, pero Hidalgo y Tlaxcala tienen sólo 1.2. El promedio de jueces, también muy bajo, es de 3.5 por cada 100,000 habitantes, pero Puebla tiene 1.5, Hidalgo 2.3 y Tlaxcala 2.5. En el caso de porcentaje de encarcelados por homicidio entre homicidios en averiguaciones previas abiertas por homicidio, el promedio nacional es sólo de 27.5%, en Sinaloa esta cifra se reduce a 11.1%, Puebla 11.4% y Tamaulipas 11.9%. En porcentaje de encarcelados por robo entre robos en averiguaciones previas por robo iniciadas, el promedio nacional es sólo de 10.3%, en Puebla esta cifra se reduce a 3.7%, en Oaxaca y Zacatecas a 4.7%. La media nacional de presos sin sentencia en prisiones estatales es de 35.7%, en Quintana Roo alcanza 63.4%, Aguascalientes 63.6% y Durango 67.1%.
Señores de los partidos políticos, más que usar los resultados electorales para pensar en 2018 o para lanzar candidaturas, la pregunta es qué van a hacer sus gobiernos para reducir los altos niveles de impunidad que caracterizan a nuestro país y que se replican en prácticamente todos los estados. ¿Cómo se va a fortalecer la estructura y funcionamiento del sistema de seguridad? ¿Qué van a hacer para mejorar las capacidades institucionales para el acceso a la justicia? ¿Cómo van a promover la denuncia ciudadana y mejorar la forma en que las comisiones estatales de derechos humanos reportan casos de tortura o desaparición?
Los resultados electorales nos dicen que los ciudadanos demandan más y mejores políticas públicas y menos politiquería. Es tiempo de escuchar el mensaje.