Parece una epidemia que ya tiene en “terapia intensiva” a los gobiernos de Morena.
Calamidad que golpea tanto a nivel federal como estatal, en las gestiones que “mal-gobierna” el partido oficial.
Nos referimos a la violencia que, sin freno, alcanza niveles de escándalo sobre todo en aquellos estados en donde la mano criminal movió las piezas del proceso electoral de junio pasado y de donde surgieron verdaderos “narco-gobernadores” que hoy son puestos a prueba por el poder fáctico del crimen.
Y si bien la epidemia es visible en todo el territorio nacional –en donde el número de muertos ya supera las 110 mil víctimas; la mayor cifra de la historia–, lo cierto es que la brutalidad extrema se produce en entidades como Michoacán, Zacatecas, Sinaloa, Nayarit, Sonora, Baja California, Ciudad de México y Puebla, entre otras, en donde “la muerte tiene permiso”.
Pero no, que nadie se equivoque; la epidemia no es una casualidad y menos se trata de un hecho espontáneo.
En realidad, la violencia sin freno resulta de la llamada “pax narca” pactada entre el gobierno de López Obrador y no pocas bandas criminales que dominan por lo menos el 50 por ciento del territorio nacional.
Y es que si a nivel nacional el partido de López Obrador ofreció muestras claras de lo pactado con el cártel de Sinaloa –al dejar libre a Ovidio Guzmán y luego acudir a Badiraguato a saludar a la madre de “El Chapo” –, también es cierto que en todas o casi todas las entidades donde Morena se alzó con la victoria el 6 de junio, en realidad se entregó la plaza a los cárteles criminales.
Por eso hoy, esas bandas criminales parecen estar cobrando las facturas de su alianza con el poder federal y, por tanto, pretenden imponer las reglas del juego en las entidades en donde hicieron ganar a los “narco-gobernadores”.
Y esa parece la razón de que la violencia no muestre signos de freno.
Y el caso más reciente –que no el más escandaloso–, es el de Zacatecas, en donde en días pasados renunció al cargo de responsable de la seguridad pública, lo que llevó al gobierno federal a designar a un militar al frente de esa tarea y, sobre todo, frente al escándalo local e internacional del imperio del crimen en medio país.
Pero lo verdaderamente lamentable es que, al puro estilo del mitómano de Palacio, el gobernador entrante, David Monreal –hermano del senador y aspirante presidencial, Ricardo Monreal–, culpó sin pruebas a los estados vecinos de la ola de violencia que, en un mes, costó la vida a 250 personas.
Dijo que las bandas criminales dejan los cadáveres de sus víctimas en Zacates, por lo que llamó a sus vecinos a blindar sus fronteras.
Pero si en Zacatecas se han prendido todas las alarmas de la violencia –como si las bandas criminales cobraran las facturas de llevar a Monreal al poder–, en Michoacán la violencia también está fuera de control.
Y es que, pueblos completos de esa entidad están en manos del narcotráfico que produce y exporta a Estados Unidos tonelajes históricos de drogas sintéticas, lo que prendió los focos rojos del Senado estadounidense, en donde preparó un reporte que llegó a la oficina de Joe Biden antes del encuentro con el presidente mexicano.
¿Qué se decidió en esa materia?
Lo de siempre; cooperación bilateral para detener a los cárteles de la droga, a pesar de que en Estados Unidos y en Canadá se sabe bien del pacto del gobierno de AMLO con el crimen organizado.
Michoacán muestra un nivel de violencia aun mayor –junto con Zacatecas–, con un promedio de 300 muertos en seis semanas.
Pero la violencia criminal tampoco tiene freno en los gobiernos de Sonora, Sinaloa, Nayarit y Baja California.
En el primer caso existen evidencias de que Alfonso Durazo, el nuevo gobernador, logró la victoria gracias a la “mano negra” del voto narco, mientras que, en Sinaloa, el premio al gobernador Quirino Ordaz, por entregar el estado a la banda de “El Chapo”, fue la embajada de México en España.
Pero acaso el mayor escándalo internacional se localiza en Quintan Roo, la entidad turística por excelencia, y en donde la violencia no da tregua a pesar de los buenos deseos y las buenas intenciones.
De manera reiterada han sido asesinados turistas en Cancún, Tulum y Playa del Carmen, al extremo de que no pocos países han advertido del peligro a sus connacionales.
Y en el extremo, el premio a la autoridad estatal –por no hacer nada para detener la violencia–, es que el presidente López Obrador decidió invitar al gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González al gabinete presidencial.
Por eso las preguntas obligan.
¿Cuál fue la exigencia al gobierno de México, en materia de violencia, en la Cumbre de Líderes de América del Norte?
¿No les importa el tema a los gobiernos de Estados Unidos y Canadá?
Al tiempo.