El gobierno del presidente López Obrador incurrió en grave omisión por no publicar sus Programas Sectoriales dentro del plazo legal que lo obligaba, además de que debió hacerlo inmediatamente después de que se publicó el PND 2019-2024. Con tal falta incurrió en violación a la Constitución, a las normas contenidas en la Ley de Planeación y, también, a las que regulan el presupuesto, la Cuenta Pública y las responsabilidades administrativas de los servidores públicos.
Se debe tener presente que la Constitución ordena que “habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la administración pública federal” (artículo 26) y que la Ley de Planeación dispone que los programas sectoriales “especificarán los objetivos, prioridades y políticas que regirán el desempeño” de las dependencias de cada ramo administrativo y que, con base en ellos, “las dependencias y entidades elaborarán sus anteproyectos de presupuestos”.
De acuerdo con la legislación vigente, cada Programa Sectorial abarca a todo un ramo administrativo y guía las actividades de las dependencias que lo conforman, distribuyendo responsabilidades entre ellas y asignando recursos para que las acometan. La elaboración de cada programa sectorial es responsabilidad conjunta del presidente de la República y de la secretaría que encabeza cada ramo de la administración.
El plazo legal para emitir los Programas Sectoriales es de seis meses contados a partir de la publicación del PND. Si éste se publicó el 12 de julio de 2019, cada secretaría debió publicar su Programa Sectorial de inmediato, de forma que orientara la confección del presupuesto anual, como lo ordena la ley. Pero transcurrieron agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre y ninguna secretaría publicó su respectivo programa. El PEF 2020 se aprobó sin la planeación requerida, a ciegas, sujeto a las ocurrencias y la improvisación. Aún más: el 12 de enero de este año se venció el plazo referido y todavía transcurrió otro medio año hasta que, presionado por diputadas de oposición y por la opinión pública, el gobierno fue publicando dichos programas sectoriales.
Con casi seis meses de morosidad, apenas el 25 de junio, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los programas sectoriales de Economía, Trabajo y Previsión Social y el de la SADER y, en los días y semanas siguientes ello ocurrió con los correspondientes a otras secretarias.
Con tal conducta morosa, el gobierno de López Obrador no solo incumplió sus obligaciones constitucionales y de planeación ya referidas, pues están vinculadas a normas legales presupuestales y de responsabilidad hacendaria, aparte de que su incumplimiento por los servidores públicos debería acarrearles sanciones.
Para el presidente y para su equipo, eso de la planeación es tecnocrático, neoliberal, fifí, de ahí viene su desdén a estas labores. Pero además de que la autoridad debe circunscribirse a lo que la Ley le manda, la planeación cuidadosa y estratégica del uso de los recursos públicos y la administración de éstos conforme a lo establecido en los planes, debiera ser la divisa de un gobierno que enaltece la austeridad republicana y que se llena la boca con discursos contra la corrupción. No, la improvisación y las ocurrencias no son austeras. Cuando esas conductas determinan la forma de trabajo de los servidores públicos, son tierra fértil para la dilapidación del dinero público y para la corrupción.