La manipulación y el engaño son utensilios connaturales al ejercicio del poder. A mayor robustez democrática, menor posibilidad de mentir y engañar. Por eso su fortaleza no es puerto de llegada, sino camino que se ensancha o se constriñe en razón de la consistencia que posean las instituciones del Estado y de la rigidez de sus sistemas de contrapesos.
Una democracia sólida implica una sociedad informada y participativa, pero también la existencia de partidos políticos, organizaciones civiles y medios de difusión dispuestos a documentar y exhibir la manipulación y el engaño de quienes gobiernan.
También está el relevante papel que juegan los órganos de autonomía constitucional, entre los que destacan la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Nacional de Transparencia.
Su surgimiento y prevalencia ha enfrentado resistencias que siempre pasan por la tentación de acotarlos desde el vistoso ropaje de la legalidad. “Quien hace la ley hace la trampa” dice el adagio popular que invita siempre al análisis reflexivo de las nuevas legislaciones, a efecto de descubrir los recovecos que pudieran vulnerar derechos humanos y sus garantías. Tal es el caso de la recientemente creada Ley Nacional de Extinción de Dominio.
Por eso preocupa que, desde la titularidad del poder Ejecutivo, se promueva el desgaste de las instituciones del Estado a través de la descalificación a priori de su trabajo y del adelgazamiento de sus recursos financieros.
Alexandre Koyré, filósofo francés, dice que la producción masiva de mentiras en el espacio político es herencia de los regímenes totalitarios del siglo XX, que siguen siendo motivo de tentación aun en las democracias más consolidadas.
De allí que se mienta a la vez que se condena dicha práctica en los adversarios, como si quienes gobiernan poseyeran, por ese simple hecho, el monopolio de la verdad.
A la corrupción —real o supuesta— que se señala desde el púlpito mañanero, corresponde la denuncia ante las autoridades ministeriales a efecto de que éstas realicen las indagatorias pertinentes y, con apego a derecho, presenten casos sólidos ante el poder Judicial. La aplicación de la ley no puede ser una decisión de contentillo ni el resultado de votaciones realizadas al margen de lo establecido en la Constitución.
El titular del poder Ejecutivo está obligado a generar iniciativas de ley y políticas públicas que refuercen el andamiaje institucional del Estado mexicano; nunca lo contrario, no importa cuál sea la ideología político-económica que se pretenda observar.
La transparencia y la rendición de cuentas se han reducido en este gobierno a afirmaciones cuyo soporte documental es inexistente. Ningún particular ha visto jamás el millón y medio de pruebas que López Obrador dice tener en contra de las estancias infantiles.
La declaración de inexistencia de información, por parte de la oficina de la presidencia de la República se ha vuelto lugar común. Tímidamente lo ha señalado así el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Javier Acuña.
Muy lejos de estimular el fortalecimiento de las instituciones, López Obrador ha cifrado la clave de su gobierno en manipular, engañar y socavar el andamiaje institucional y proteger a personajes señalados por actos de corrupción, como es el caso de Ricardo Salinas Pliego, quien está siendo investigado por el Departamento de Justicia y por la Comisión de Valores de Estados Unidos, por su vinculación con la compra de Fertinal, que realizó Pemex bajo la dirección de Emilio Lozoya Austin.
El presidente está a tiempo de modificar sus estrategias de gobierno, a menos que lo que desee sea un deterioro institucional de tal magnitud que, sin proponérselo, termine arrastrándolo al cajón de la ignominia.