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Gobierno en desahucio

La urgencia es fortalecer Estado y ciudadanía, no debilitar uno y dejar a su suerte la otra.

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Escrito en OPINIÓN el

El Estado no es otra cosa que la sociedad organizada y normada sobre un territorio, pero con un carácter sui generis, ya que toda organización social se ubica siempre sobre un territorio: “Sin sujetos humanos no hay territorio, sino sólo partes de la superficie terrestre” (Jellinek).

 

A su vez, la vecindad en un territorio, sostiene Heller, actúa “uniendo hacia dentro y diferenciando hacia fuera”, en un proceso que forja pertenencia y voluntad política mayoritariamente compartida.

 

Ahora bien, dentro de un territorio, toda organización social genera y despliega poder, no nada más el Estado. Las organizaciones criminales, por ejemplo, generan y despliegan poder de fuego, coacción, violencia, económico, mediático e, incluso -lo vemos en variadas regiones del país- político. Pero, la característica determinante del Estado es ser la organización superior entre todas en un territorio determinado y tener a su cargo el uso legítimo de la fuerza para imponer el poder de todos frente al poder de cualquier particularismo.

 

Finalmente, de cara a toda organización social, la estatal se diferencia por tener por objetivo la seguridad y bienestar de todos, no sólo de unos cuantos, por más legítima que pueda ser su causa.

 

Pues bien, el control del territorio es consubstancial al Estado, como también lo es la generación (sobre él) de relaciones sociales que fructifiquen en cohesión social y permanencia.

 

Hoy en México, sin embargo, hacemos exactamente lo contrario. El control territorial por parte del Estado se aprecia como represivo, debido en gran parte a un pasado autoritario pero, aún más, a un entendimiento de la política, no como obligación de cumplir una función pública, sino de conservar una popularidad electorera, de suyo, vana y etérea. Por otro lado, la tarea de proteger y preservar la paz, a efecto de generar espacios para el bienestar general, ha sido relegada por un combate al crimen organizado que ha derivado en la pérdida de territorios, de confianza ciudadana y de cohesión social.

 

En una extraordinaria mancuerna editorial, Nexos de este mes, nos obsequia dos magníficos ensayos: Aguilar Camín hace un recuento de cómo el trasiego de drogas evolucionó, con la aparición de Los Zetas, en una guerra por el control territorial y, con el desplazamiento de este grupo en Michoacán, por la entonces Familia Michoacana, en la construcción de bases sociales que le permitieron presentarse como una “autoridad” más cercana, empática y eficaz que el gobierno, y a veces como el gobierno mismo.

 

Por su parte, Joaquín Villalobos, analiza casos latinoamericanos de pérdida del control territorial por parte del Estado, la consecuente orfandad del pueblo y su alienación: “Cuando en un lugar la densidad criminal es muy alta se produce una confrontación no sólo entre tiros y muertos entre la autoridad del Estado y los delincuentes. En la percepción colectiva se enfrentan el poder intimidatorio de los criminales con el poder disuasivo de los policías. Podemos decir que en este enfrentamiento está en juego ‘quien le tiene más miedo a quién’. Si el poder disuasivo es derrotado, los ciudadanos tendrán más temor a los delincuentes que confianza a los policías.

 

"Los criminales le perderán el miedo a la policía y los propios policías podrían terminar desmoralizados. El resultado final será que los delincuentes asumirán el control del territorio, actuarán de forma abierta y cooptarán o someterán a la sociedad local”. Concluye Villalobos: “A mayor percepción en los ciudadanos de debilidad del Estado corresponderá mayor eficacia criminal”. Más claro imposible.

 

Los ejemplos están a la mano y los analiza Villalobos con puntual conocimiento: El Salvador, Nicaragua y Colombia. Tres Estados que hubieron de recuperar territorios y reconstruir el tejido y la confianza sociales. El costo social fue altísimo.

 

La estrategia impuesta por Estados Unidos de capturar narcos e interceptar cargamentos, derivó en territorios perdidos en manos del crimen organizado y, en consecuencia, alienación y sometimiento poblacional ante él. El territorio, muestra con maestría Villalobos, es de quien en él se queda.

 

En el poder no existen compartimientos estancos; territorios y bases sociales abandonadas son capturados por otros.

 

La urgencia es fortalecer Estado y ciudadanía, no debilitar uno y dejar a su suerte la otra.

 

Por ello alarma que el Estado ceda lastimosamente calles, carreteras, edificios y plazas públicas, casetas de cobro, escuelas, comercios, instituciones y poblaciones completas a manos de poderes de facto que guerrean por sustraer de México territorios y base social.

 

Hacemos votos para que no vaya a ceder, ahora, los cuarteles de las armas nacionales.

 

Queda claro que una vez perdido un territorio, incursiones esporádicas de las fuerzas públicas no aseguran control ni paz alguna. Véase, si no, Michoacán y Guerrero.

 

Concluyo: ¿Cuánto tiempo faltará para que exijan buscar –por la fuerza- a los desaparecidos en el despacho presidencial?

 

¿Cuánto para el desahucio del Gobierno?

 

@LUISFARIASM