El gobierno electrónico es una nueva forma de gobierno que hace uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs), con modalidades para la gestión, planificación y administración, a través de portales en Internet con información de las dependencias de la administración pública, órganos de gobierno, poderes, legislación de los tres niveles de gobierno, así como servicios y trámites para permitir a la sociedad mayor contacto con la administración pública.
Su objetivo principal es poner al alcance de las personas, información de interés vinculada con el ejercicio de la función pública, que las faculte en la toma de decisiones.
Un documento base en la materia es la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico (CIGE), adoptada por la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno el 10 de noviembre de 2007 en Chile (Resolución No. 18 de la Declaración de Santiago).
La CIGE reconoce el derecho de acceso electrónico a la información generada, administrada y procesada por la administración pública, que se traduce en la posibilidad de 1) Conocer, -de manera digital— las acciones que realizan dichas administraciones; 2) Convertir la información en proyectos de mayor transparencia y máxima publicidad y más controlables, abonando en la lucha contra la corrupción, generando confianza ciudadana; 3) Eliminar barreras de tiempo y espacio entre la ciudadanía y sus administraciones, acercándoles a la función pública; 4) Promover la inclusión y la igualdad de oportunidades de a fin de que toda la ciudadanía pueda acceder, con independencia de su situación territorial o social, en un ambiente de intercambio del conocimiento; y 5) Participar activamente en la emisión de opiniones, sugerencias y en general, posibilitar la toma de decisiones coordinada, para mejorar los servicios que el Estado provee y el modo en que éstos son proporcionados.
Hay que entender, que se trata no sólo de facilitar a la ciudadanía sus relaciones con las administraciones públicas sino igualar sus oportunidades, aprovechar el potencial derivado de tales relaciones para impulsar el desarrollo de una sociedad de la información proactiva y una gobernanza efectiva.
En el específico contexto de la pandemia generada por el covid-19, hablar de la administración pública electrónica es algo necesario para la reflexión y el cambio del paradigma; nos hemos enfrentado a situaciones que han exigido tanto a la sociedad como a las instituciones, un ejercicio de capacidades que en muchos casos, se han visto rebasadas.
Por tanto, es indispensable ser disruptivo, entendiendo este concepto como la capacidad de crear nuevos escenarios administrativos, que permitan poner en el centro de la función pública a las personas y acercar a la población a ella, con el propósito de construir gobernanza en un sentido integral y no sólo formal, para dotarla de herramientas que la empoderen en la toma de decisiones.
Así mismo, debemos trascender paradigmas y generar nuevos modelos de actuación institucional en beneficio de las personas de forma progresiva y constante.
Se trata de un tema de responsabilidad y rendición de cuentas proactiva, es hora de cerrar filas entre gobierno y sociedad, para enfrentar la contingencia. Instauremos espacios de reflexión y colaboración mutua que nos permitan construir soluciones y lograr los cambios que las nuevas generaciones demandan, es nuestro compromiso y debemos cumplirlo.