A unos pocos días del primer informe de gobierno del presidente López Obrador -aunque en estricto sentido el 1º de septiembre se cumplen nueve meses de que inició su gestión- quizá no sea todavía momento para exigir resultados, sobre todo por tratarse de la llegada al poder de un nuevo partido con una visión totalmente distinta del país, pero es pertinente hacer un balance de lo que ha sucedido en estos meses, y que nos puede dar algunas luces de lo que podemos esperar de esta administración.
Un primer elemento que no debe pasarse por alto es que a pesar de la polarización social que se vive -y que en buena medida ha sido propiciada por su permanente descalificación a todo aquello que no coincida con la posición gubernamental-, el presidente conserva un importante nivel de aceptación entre la población que según algunas encuestas oscila entre el 63 y el 69%, así como altas expectativas de que su gobierno cumplirá con sus compromisos de campaña y dará buenos resultados.
Lo anterior contrasta con la información que han presentado instituciones como el Banco de México, el INEGI o la misma Secretaría de Hacienda y el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en materia de crecimiento económico, empleo e inseguridad y violencia, así como las quejas constantes por suspensión de tratamientos y desabasto de medicamentos que lejos de acreditar un buen desempeño gubernamental, reflejan un preocupante retroceso. Sin duda en estos meses se han dado muchos cambios en la gestión pública, pero si partimos de un análisis objetivo no es fácil identificar un sólo rubro en que la mejoría sea evidente.
Probablemente lo que explica la percepción positiva de este gobierno estribe en la personalidad de López Obrador, su lenguaje sencillo, su cercanía con la gente, su habilidad en el manejo de los símbolos y su gran capacidad de comunicación que le ha permitido sortear las críticas, desviar la atención de los temas que le son incómodos e imponer su propia narrativa del acontecer nacional. Sin embargo, la principal fortaleza de la denominada 4T puede convertirse en su mayor debilidad e incluso en un riesgo para el país.
Aunque hasta ahora le ha funcionado culpar de todos los problemas a administraciones anteriores, a los conservadores, al neoliberalismo, esto tiene fecha de caducidad -como el mismo presidente reconoció recientemente- y la responsabilidad absoluta de lo que suceda, para bien o para mal, va a recaer en una sola persona, en Andrés Manuel López Obrador quien ha decidido concentrar la toma de decisiones, responder a los cuestionamientos, encabezar la estrategia de seguridad, confrontar a los que considera sus adversarios en un largo etcétera. Utilizando sus mismas palabras, el gabinete sólo está de florero, nadie sabe quiénes son, el margen de maniobra de sus integrantes es limitado, al parecer en muchas ocasiones ni siquiera son escuchados, en cualquier momento pueden ser desmentidos públicamente y por tanto su capacidad de interlocución es también muy escasa.
El estilo de gobernar de AMLO no es muy distinto de cuando andaba en campaña o en su papel de opositor, es como se siente más cómodo y habrá quien diga que eso habla de su congruencia, pero no deben olvidar que asumió una responsabilidad de gobernar para todos y que sus acciones, omisiones y palabras tienen otras implicaciones.
En estos meses, López Obrador se ha mostrado como un hombre persistente, que apuesta al voluntarismo, confía en su intuición, en su visión del mundo, de la vida, en su fe, y no admite discrepancia alguna -como lo demuestra el embate permanente contra los órganos autónomos o el trato que le dio a su ex secretario de Hacienda-. Aún hay muchas incógnitas de lo que nos puede deparar esta administración, pero por lo pronto no es una buena idea que la marcha del país dependa únicamente de las virtudes, capacidades o incluso de la inteligencia emocional o el estado de ánimo de una sola persona.