A ocho de meses de haber entrado en vigor el nuevo Reglamento de Tránsito, el gobierno de la Ciudad de México no rinde cuentas sobre el monto recaudado por el cobro de más de 400 mil fotomultas y sigue empeñado en sostener el abusivo programa en contra de los automovilistas, quienes, habría que recordarles a las autoridades, también son ciudadanos, no simples máquinas de emitir dinero en beneficio de empresas privadas.
Al respecto, en la versión electrónica del Reglamento se advierte una curiosa confesión de las autoridades. Una especie de involuntario mea culpa. En el inciso “Pago del servicio”, del apartado titulado “Costos de multa”, se advierte: “Pago del servicio. La SSPDF paga a la empresa por el servicio hasta que el ciudadano haya pagado la multa”.
Habría que suponer que las autoridades esperan que los ciudadanos les estarán agradecidos por informarles que le entregan a una empresa el producto de su trabajo “hasta que ellos hayan pagado la multa”.
Más allá de frivolidades, lo que se critica del Reglamento de Tránsito es que su diseño en modo alguno tiene como prioridades ordenar la circulación, inculcar el respeto al peatón y a los ciclistas, conducir por los carriles adecuados. Por el contrario, el Reglamento es una ordenanza punitiva que busca incrementar la recaudación en la Ciudad de México a costa de los ingresos de los ciudadanos, a quienes se les considera como “presuntos culpables”, no sujetos plenos de derechos y responsabilidades.
Del atropello a los ciudadanos y de la indebida sustracción de sus recursos da cuenta el enorme crecimiento de ingresos por concepto de sanciones vehiculares emanadas de las fotomultas, los cuales se incrementaron 68 por ciento en el primer semestre del año en curso en relación con el mismo lapso de 2012, precisamente a partir de que Miguel Ángel Mancera asumió la jefatura de Gobierno.
De acuerdo con el más reciente Informe de Finanzas Públicas de la administración capitalina, de enero a junio de 2016, lapso durante el cual comenzaron a aplicarse los escarmientos económicos y las fotomultas establecidas en el nuevo Reglamento de Tránsito, a tasa anual la recaudación por concepto de sanciones vehiculares aumentó 39 por ciento, porcentaje equivalente a 122 millones de pesos adicionales que van a parar a las arcas capitalinas y a los bolsillos de las empresas comisionistas, en el caso a la firma Autotraffic, que se embolsa 46 por ciento de las ganancias de las fotomultas.
Agréguense, a los desplantes punitivos, las manifiestas irregularidades de la empresa Autotraffic, la cual falseó su dirección. De acuerdo con Alfonso Miguel Vélez Iglesias, administrador único del consorcio, Autotraffic se localiza en la ciudad de Puebla, y el domicilio que dio es “de uno de nuestros proveedores denominado Digitagama, SA de CV, cuyo giro principal es la Impresión Comercial y a quien hemos contratado para diversas necesidades de impresión”. No obstante, Vélez Iglesias volvió a falsear los referidos datos, toda vez que Digitagama tampoco se ubica en el inmueble mencionado.
Pero al gobierno capitalino le tienen sin cuidado tan graves irregularidades. Para él todo es negocio, porque a los ingresos señalados convendría agregar el alza en el pago de sanciones relacionadas con la aplicación de los inmovilizadores, más conocidos como arañas, que también han permitido aumentar los ingresos del gobierno capitalino. Los efectivos dedicados al lamentable propósito de fastidiar a los ciudadanos, han desatado una verdadera cacería de automovilistas para aplicarles la correspondiente sanción si acaso se retardan un minuto en insertar las correspondientes monedas al parquímetro, porque de lo que se trata es de imponer multas, las cuales, cabe la reiteración, no sólo van a dar a manos del erario, sino a la cada vez más abultada cartera de las afortunadísimas firmas concesionarias.
Y qué decir de las multas aplicadas a los ciudadanos que sufrieron la desgracia de que las tristemente célebres grúas les incautaran sus vehículos. Imposible reproducir en este espacio los innumerables pretextos argüidos por los “expertos” viales para justificar la incautación.
Reitero lo que en alguna ocasión señalé:
“Nosotros, desde Morena le decimos a Miguel Ángel Mancera que con medidas impositivas no debe gobernarse. A los capitalinos se les debe consultar, más aún cuando el hartazgo ciudadano respecto de la administración de la Ciudad es justificado y creciente, como lo demuestran las muestras de desaprobación a su mandato que proliferan en la propia red social de Mancera”.
El Grupo Parlamentario de Morena en la Asamblea Legislativa advierte, una vez más, que no cejará en su propósito de cancelar, en beneficio de los ciudadanos, las fotomultas.