El presidente Andrés Manuel López Obrador ha logrado mantener a raya a sus críticos y opositores, al menos durante los primeros tres meses de su gobierno. Sin embargo, no se trata de una buena noticia. Su estilo personal de gobernar —apoyado por un alto porcentaje de la ciudadanía— ha desarticulado y desequilibrado los contrapesos que debe tener el Poder Ejecutivo.
Si la situación se mantiene, la omnipresencia del presidente podría convertirse en un gran riesgo para el país. Los contrapesos institucionales son la mejor fórmula para impedir que los poderes constitucionales y metaconstitucionales de un gobernante deriven en abuso, negligencia o autoritarismo.
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Algunos líderes de oposición así lo han entendido.
Por un lado, porque saben que los contrapesos son uno de los factores más importantes para que el gobierno en sus tres niveles trabaje en esquemas de colaboración y corresponsabilidad. Por el otro, porque el modelo es fundamental para incrementar la eficiencia, eficacia y transparencia de la administración pública.
Los pesos y contrapesos en un sistema político moderno contribuyen al fortalecimiento del Estado de Derecho. La razón es simple, pero profunda: un poder institucional no debe tener todo el peso del gobierno ni decidir todo por sí solo. Los cambios que se han hecho a la Constitución desde la última década del siglo pasado evitaron, en buena medida, que el presidente controlara ministros del Poder Judicial, gobernadores, presidentes municipales y legisladores.
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En el mismo sentido le quitaron el control del sistema electoral y la capacidad para designar a su sucesor. También redujeron en forma considerable su margen de maniobra para censurar medios de comunicación, privilegiar intereses particulares, controlar organismos autónomos o independientes, manejar en forma discrecional parte del presupuesto y violar los derechos humanos.
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En la ruta de la llamada Cuarta Transformación, el presidente López Obrador ha privilegiado los objetivos y acciones de su proyecto con formas y acciones inesperadas, sorprendentes o inexplicables. En algunos casos ha propiciado la negociación y el acuerdo, como está sucediendo con la creación de la Guardia Nacional. Pero en otros ha impuesto su voluntad, sin importarle las opiniones o consideraciones de otros actores políticos, aún cuando tengan algún nivel de injerencia en la decisión, como sucedió con la construcción del nuevo aeropuerto de la CDMX.
Para justificar su actuación y mantener su estilo personal de gobernar, el presidente ha recurrido a instrumentos políticos y comunicacionales sin precedente en nuestro sistema, como las consultas ciudadanas, el reemplazo de símbolos y las conferencias de medios cotidianas. Sin embargo, estos y otros mecanismos han propiciado una interlocución selectiva en la que se dialoga con quien se quiere y cuando se quiere, haciendo a un lado a quienes le resultan incómodos.
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La situación descrita está muy lejos de ser la más conveniente para la democracia que hemos tratado de construir desde hace más de tres décadas. Después del golpe devastador que recibió el sistema de partidos en las elecciones del año pasado, la interlocución del Presidente con sus opositores y contrapesos institucionales se ha dificultado porque el jefe del Ejecutivo muchas veces los ignora, confronta o ataca. Y en otras ocasiones porque ha optado por el monólogo en vez del diálogo o el debate público.
En el actual escenario, esta inercia no se puede mantener. Cierto es que el presidente tiene una estrategia de comunicación política excepcional y funcional para el cumplimiento de algunos objetivos, como mantener sus niveles de popularidad y generar la percepción de que es un mandatario fuera de serie. Pero no se puede negar que su actitud y su narrativa están obstaculizado, limitando e inhibiendo el rol que debe desempeñar la oposición.
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La oposición activa, proactiva y visible es necesaria.
También es indispensable mantener y cuidar el equilibrio con los poderes autónomos e independientes. Aún más. Si el presidente quiere en verdad lograr la Cuarta Transformación, es preciso que su gobierno revise y replantee el modelo de pesos y contrapesos.
En consecuencia llegó la hora de que considere —con la responsabilidad y seriedad que amerita— una nueva reforma de Estado que restablezca y modernice nuestro sistema de partidos. El nuevo esquema tendrá que fortalecer el federalismo, el debate público y la división de poderes. Sería lo más conveniente para las instituciones públicas, autónomas, privadas y sociales que forman parte de nuestro sistema. Pero sobre todo, el mayor beneficio sería para el país.
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