La Ciudad de México atraviesa un momento crítico. La emergencia nacional en materia de seguridad y el escándalo por conflictos de intereses sin aclarar que envuelven al presidente de la República y su familia, así como la falta de capacidad del gobierno federal para articular una respuesta a la gravedad del momento que atraviesa, han generado una enorme tensión social en nuestra capital.
Más aún, la actuación de las autoridades capitalinas y federales frente a las más recientes movilizaciones sociales se ha tornado completamente errática. La sospecha de violencia inducida –que se profundiza cada día más con cuestionables actuaciones como la protagonizada por elementos de la policía capitalina y un sujeto que ha sido identificado como Subdirector de Gestión Social de la Secretaría de Gobierno local– se ha mezclado con evidentes excesos de las fuerzas policiacas en contra de manifestantes pacíficos.
Asimismo, ha habido una gran torpeza para identificar y detener a quienes efectivamente quebrantan la ley y cometen actos de violencia en contra del patrimonio de particulares y de la Ciudad misma. La detención de Sandino Bucio fue el ejemplo más claro de esa gran incompetencia: teniendo frente a sí la posibilidad de detener a un joven plenamente identificado como agresor, el gobierno federal optó por una detención ilegal y por perpetrar una serie de delitos mucho más graves que los que el joven había cometido. Bucio fue privado ilegalmente de la libertad, incomunicado y torturado por agentes federales que no portaban identificación alguna.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ahora con un nuevo capitán al frente, hizo una intervención histórica para proteger a los manifestantes que quedaron atrapados entre policías y sujetos violentos en la más reciente manifestación. Aparentemente sin ninguna comprensión del momento que atraviesan el país y la Ciudad, las autoridades no tomaron nota del suceso e incluso hubo funcionarios que alzaron la voz en contra de la CNDH.
La renuncia del secretario de Seguridad Pública de la ciudad fue apenas un gesto de sensibilidad del gobierno del Dr. Mancera frente a estos abusos y accidentados manejos. El gobierno federal ni siquiera ha acusado de recibo y continúa con un discurso absurdo que a todas luces busca polarizar a la opinión pública y maximizar los destrozos de los grupos violentos que han aparecido en la Ciudad y el país.
El manejo de crisis del gobierno de la Ciudad debe de ser contundente. Un gobierno que proviene de una coalición de partidos que se identifican como izquierda no puede darse el lujo de comportarse sin apego a las garantías individuales de la población que se moviliza legítimamente (e incluso de quienes no lo hacen así). La renuncia del ahora ex secretario Jesús Rodríguez Almeida debe ir acompañada de una reflexión profunda de la actuación de las policías frente a estos eventos.
Con toda transparencia y en conjunto con los órganos protectores de Derechos Humanos y la sociedad civil deben elaborarse protocolos de actuación que tengan como eje fundamental la protección de la población.
Para el gobierno federal el reto parecer ser mucho más grande: mirar más allá de sus propias narices y darse cuenta que el México que gobiernan no responde igual que el que dejaron de gobernar hace casi tres lustros. La sociedad que tienen frente a sí tiene una mucho mayor capacidad para informarse y organizarse. Su actuación, lejos de mejorar su posición estratégica, genera cada día más descontento. ¿Cuánto les llevará hacerlo?