El día a día y las estadísticas
Mientras los lectores leen este artículo, muchas personas se trasladan hacia su trabajo, escuela, casa, etcétera. Inmersos en su día a día en el que, lo piensen o no, son potenciales víctimas de un robo de celular, cartera, reloj o cualquier bien, ya sea en el transporte público o caminando por la calle. Simplemente pensar la posibilidad de que, como en muchos lugares del mundo, en México existe la posibilidad de sufrir un asalto.
Sin embargo, si se toma como referencia la información oficial que se muestra en la siguiente gráfica, en la que la tasa de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes por el delito de robo o asalto en la calle o transporte público aumentó durante el periodo 2010-2013, la posibilidad de un delito se acerca más al día a día de las personas.
Además, si a ese aumento en la incidencia delictiva se agrega que las autoridades involucradas en los primeros momentos de una denuncia penal (policías, ministerios públicos, fiscalías) son los que tienen los peores niveles de confianza ciudadana, como se muestra en la siguiente gráfica, la consecuencia es un innegable desaliento ciudadano para ir a denunciar un delito.
Pero, suponiendo que esas estadísticas no desaniman a la ciudadanía y se toma la decisión de ir a denunciar un delito, el siguiente paso es explicarle a la autoridad (policía o Ministerio Público) que se ha sufrido un daño en el patrimonio o la persona, esto en un ambiente de desconfianza y en donde los malos tratos y la revictimización se han vuelto un fenómeno endémico. A este respecto habría opiniones que postulen que esto puede ser realizado por un abogado público o privado, sin embargo, no hay información documentada que muestre el grado de eficacia con el que actúan en los procedimientos penales.
Desconexión entre la ciudadanía y la justicia penal
El incremento en la incidencia delictiva y la desconfianza ciudadana, así como el reto de que la población entienda cómo acceder a la justicia, se dan en un contexto en el que México cambió el paradigma de su justicia penal, al transitar formalmente de un sistema tradicional, mixto o inquisitivo, a uno de corte adversarial y oral en el que se privilegia la presunción de inocencia, los derechos de las víctimas, los mecanismos alternativos de solución de conflictos, entre otros, con apego a los principios de concentración (procesos ágiles), continuidad (sin interrupciones), contradicción (igualdad entre las partes), inmediación (presencia del juez) y publicidad (audiencias públicas). Sin embargo, el papel de la ciudadanía no se vislumbra con el protagonismo que debe tener quien cuenta con la facultad de poder activar la justicia penal mexicana.
Es a partir de esa desconexión entre el ciudadano y el funcionamiento del sistema de justicia que surgen preguntas como ¿de qué sirve un Nuevo Sistema de Justicia Penal cuando antes de tener contacto con un primer respondiente, policía o Ministerio Público, la gente no sabe lo mínimo para entender qué hacer y qué está sucediendo? ¿La ciudadanía puede realmente experimentar la presunción de inocencia cuando desconfía en la autoridad involucrada en el procedimiento penal e incrementa la incidencia de delitos? ¿Sabe la población si los distintos tipos de policía y el Ministerio Público han cumplido con los requisitos que ordena la justicia penal en un procedimiento?
No hay que olvidar que la ciudadanía no es experta en derecho penal. Hay términos que únicamente entienden los abogados o científicos en la materia. Sin embargo, también es cierto que hay una marcada desconexión entre esa ciudadanía de a pie y las autoridades respecto de un mínimo de conceptos que deben conocer la víctima o el imputado, abriendo así espacios a diversos vicios que hoy contribuyen a que el Sistema de Justicia Penal no sea eficaz. Por ejemplo, deficiencias procesales que terminan en amparos o actos de corrupción.
Ciudadanía inactiva
Tras ocho años de una de las principales reformas que ha tenido México, la ciudadanía es la que asume el costo de un Sistema de Justicia Penal disfuncional. No se le transmite el mensaje de que juega un papel protagónico para activar el funcionamiento de la impartición de justicia. Saber a dónde acudir a denunciar, a quién (es) solicitar apoyo para hacer valer sus derechos, cómo hacerlo, entender sus derechos, saber los requisitos mínimos que debe cumplir la autoridad y, en caso de que se le pretenda extorsionar, saber cómo denunciar irregularidades, entre otros.
A partir de ese déficit de empoderamiento ciudadano para activar la impartición de justicia, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) ha analizado la importancia de contar con herramientas útiles que no solamente describan las consecuencias del contexto de seguridad que hay en el país como estadística de frecuencia de delitos, un catálogo de obligaciones de los servidores públicos o de derechos de la ciudadanía, las miles de capacitaciones a servidores públicos, el nivel de armonización en los estados o los miles de millones de pesos que se han destinado a la justicia penal. Todo ello, información valiosa para los expertos en el desarrollo de políticas de justicia, pero que no llegan a concretarse en el día a día de la gente y la mantienen en el banquillo eterno de receptor pasivo, a pesar de que debería ser el principal protagonista para posicionarse como un elemento legítimo de presión para que la justicia cumpla con su misión.
Glosario ciudadano
A partir de esa necesidad por crear más herramientas accesibles a la ciudadanía, el IMCO ha desarrollado una de consulta interactiva y libre acceso denominada Glosario Ciudadano[1] que permite saber, por un lado, el significado de la terminología jurídica en materia penal de manera clara y sencilla en un lenguaje ciudadano y, por otro, una guía que facilite la interacción directa y fluida con las autoridades involucradas en la cadena de impartición de justicia penal desde el policía o Ministerio Público hasta el Juez.
Este tipo de herramientas han sido de gran utilidad en otros países. Por ejemplo, en Chile se cuenta con un glosario que contiene diversos términos jurídicos con su significado en lenguaje sencillo en diversas materias y con ejemplos claros para mejorar su entendimiento[2]. Dicha herramienta se diseñó con la finalidad de eficientar comunicación entre la población y sus autoridades[3]
Corresponsabilidad
Finalmente, se ha dicho que el ciudadano no tiene por qué ser experto en justicia penal ni hacer el trabajo de la autoridad. Sin embargo, no es menos importante que uno de los mayores retos para incidir en el funcionamiento de las instituciones desde la ciudadanía es que ésta asuma la corresponsabilidad que le toca. Es decir, no basta contar con las herramientas sencillas y eficaces que permitan acceso a información, si las personas no buscan empoderarse en su papel de elemento indispensable para activar el funcionamiento de las instituciones.
Es una obligación del Estado que las instituciones estén bien diseñadas para brindar acceso a una verdadera justica pronta y expedita, así como que haya herramientas prácticas para vincularse. Pero no es menos importante que la obligación que tiene la ciudadanía por ser más activa, se informe y conozca sus derechos. Así, será difícil no incidir en el añorado cierre de brechas que hoy impiden la plenitud del Estado de Derecho y la legitimidad de la impartición de justicia mexicana.
Consulta el glosario ciudadano:
http://imco.org.mx/justiciapenal
> Lee más sobre el autor
[1]http://imco.org.mx/justiciapenal/blog/glosario, fecha consulta: 8 febrero de 2017.
[2] http://www.cumbrejudicial.org/c/document_library/get_file?p_l_id=1521992&folderId=1396636&name=DLFE-7016.pdf, fecha de consulta: 8 de febrero de 2017.
[3] file:///C:/Users/IMCO/Downloads/GlosarioTerminos_PoderJudicial.pdf, fecha de consulta: 9 de febrero de 2017.