Opinión

Giro a la política nacional

Los cambios en la política son producto de la conciencia social. | Susana Pedroza*

  • 27/08/2019
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En México se vive un cambio en el paradigma de la política clásica o tradicional. Las elecciones federales 2018 dieron un giro a la política caracterizada por las “líneas” ordenadas por las altas esferas, para conjurar cualquier tipo de acuerdos cupulares que las coyunturas del poder demandaban. De tal forma, los poderes fácticos se constituían en francos ordenadores de un sistema político que, como se dice coloquialmente, “no daba paso sin guarache”.

Los tiempos cambian y, con ello, las dinámicas de las estructuras del poder y de la política se reconfiguran, cambian de tal forma que, en ocasiones, son incomprensibles algunas tomas de decisión, pero que tienen como propósito el establecimiento de un nuevo orden en las políticas sociales. Esto ha tenido, sin duda alguna, un costo político poco afortunado para el o los grupos políticos ahora en el poder.

Esto es; por ejemplo, el reciente proceso para la designación del próximo presidente del Senado de la República (o Cámara de Senadores), dio lugar a una abierta batalla discursiva entre dos referentes políticos del partido en el gobierno, MORENA. Nos referimos a los senadores Martí Batres Guadarrama y a Ricardo Monreal Ávila.

Debemos estar conscientes en el avance hacia un cambio de régimen y, por tanto, hacia la consolidación de nuestra democracia, se presentarán estos ejercicios de discusión en la arena política donde, por un lado, existe el interés por darle continuidad a los objetivos del nuevo proyecto de Nación, mientras que, por el otro, las intenciones de mantener viejas prácticas políticas (en formato de “líneas”) en torno a un grupo político o a determinados intereses creados.

En este mismo sentido, por cuanto al ámbito del Poder Ejecutivo, desde la estructura del gobierno hasta las políticas públicas que se han venido adoptando, representan no un giro cualquiera al timón del Estado mexicano, sino uno cuyo significado va más allá de las lógicas costumbristas con las cuales millones de mexicanas y mexicanos veníamos conviviendo desde hace décadas.

La política –en términos reales– se ha venido construyendo mediante movimientos sociales, de carácter bélico principalmente. Ahora, el giro a la política mexicana tiene un valor nato que descansa en el carácter pacifista de la sociedad, lo que quiere decir que debemos reconocer los avances hacia la anhelada consolidación de nuestra democracia donde convergen un sinfín de pensamientos, creencias, ideologías, posturas, etcétera, donde con todo y la palpitante incertidumbre logramos mantener un entorno de paz social.

El giro a la política nacional representa ciertamente un reto en el cumplimiento de las promesas de campaña, no sólo del presidente de la República, sino de las y los diputados y senadores de todos los partidos políticos e independientes. No obstante, el papel central que tiene la figura del presidente de México en este cambio es medular, pues por disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, posee el carácter de máximo de representante del Estado mexicano, circunstancia que, a su vez, por décadas le ha otorgado –de facto– poderes excepcionales o extraordinarios frente a los poderes Legislativo y Judicial, incluso, también en relación con los órganos constitucionales autónomos.

No es raro, para quienes hemos tenido oportunidad de laborar en el servicio público, encontrar en el camino una serie de obstáculos de toda índole que inhiben la ejecución de políticas tendentes a brindar contundencia y eficacia a la función pública, por consideraciones metodológicas sustentadas en la justificación numérica de resultados y no en los aspectos sustantivos de calidad para una buena gobernanza. Eso es lo que, en buena medida, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador parece tratar de establecer mediante un giro a los criterios numéricos en la implementación de políticas públicas por otros que atiendan a los efectos cualitativos de los servicios que proporciona el Estado.

Esto es, no se trata simple y llanamente de cuáles son esos “otros datos”, sino de cómo nacen esos “otros datos”. El abuso de poder, el dispendio de los recursos públicos, la corrupción y la impunidad son sólo algunos de tantos factores que tuvieron –por décadas– un impacto en la economía nacional y, por consecuencia, en la economía de las y los mexicanos, de ahí la importancia del origen y la metodología para la obtención de tales datos cuya justificación, al corte del 30 de noviembre de este 2019, deberá encontrar congruencia con el proyecto de Nación impulsado por el presidente de la República y el Congreso General, fundamentalmente.

Nuestro orden constitucional posee los principios básicos bajo los cuales el Estado y sus instituciones propiciarán una buena gobernanza, lo que tiene un significado mayúsculo cuando se entiende que la clásica división de poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) no implica un tipo de soberanía absoluta para el ejercicio de sus respectivas atribuciones, por el contrario, se trata de establecer un orden político y normativo que le permita conjugar esfuerzos por y para el bien común, para el bien de las y los mexicanos. Sería conveniente volver al origen y recordar que el poder es efímero y el servicio dado a la Nación es permanente, tan simple como “cosechar para luego sembrar”.

Los componentes de la democracia representativa se fundan en la voluntad popular y esta voluntad ciudadana, al ceder parte de su libertad natural y someterse a un orden normativo fundamental, lo que busca son las posibilidades de desarrollo, en paz, con seguridad y justicia. Los cambios en la política –puede decirse– son en este sentido producto de la conciencia social.

* Dra. Susana Thalía Pedroza de la Llave

Investigadora titular “B” del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; coordinadora general de la División de Estudios de Posgrado y del CIJUREP de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, e investigadora nivel III del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).