A inicios de julio de 1863, tuvo lugar la Batalla de Gettysburg en la que murieron aproximadamente 50 mil personas y que decantaría en la victoria del Ejército de la Unión sobre el Ejército Confederado, en la Guerra Civil de Estados Unidos. No hace falta mucha imaginación para pensar en la crisis social y política que generó en Estados Unidos la Guerra de Secesión, derivada del planteamiento esencial sobre la abolición total de la esclavitud y, sobre todo, el horror que provocara en la ciudadanía que en Pensilvania murieran 50 mil soldados en la guerra fratricida.
Sin lugar a dudas, esas circunstancias plantearon retos mayúsculos para el presidente Lincoln y sería razonable, que se cuestionara su legitimidad como líder de un país que buscaba la ruptura total. Para noviembre de ese mismo año, sólo un tercio de los cuerpos habían sido enterrados debidamente y, entre otras cosas, se buscaba construir un panteón nacional en las praderas de Gettysburg. Se preparó para el 19 de noviembre un acto ceremonial que diera significado a la construcción del cementerio y que recordara a los muertos en batalla.
El orador de honor fue Edward Everett, ex Secretario de Estado, quien habló durante dos horas; el presidente Lincoln sólo fue invitado para que diera unos comentarios breves, a manera de inauguración, y así lo hizo. En 272 palabras y tres minutos, pronunció el inmortal discurso de Gettysburg, que dio sentido a la Guerra Civil y definió un momento en la historia para comprender y dar valor al futuro de la Unión.
Pero sobre todo, ese discurso legitimó a Lincoln desde una perspectiva pública y política. Es decir, se legitimó como parte de la solución. Habló de la muerte de los soldados, en función de la libertad, la igualdad y el sentido de su lucha, la preservación de la Unión y del gobierno para los ciudadanos. No sería él, sino los caídos quienes consagrarían a Gettysburg por un bien mayor, la conservación de los Estados Unidos para la libertad de la gente.
Lo que hizo Lincoln, desde un punto de vista político, fue apropiarse de la batalla, de sus causas, consecuencias y significado. Con ello (no sólo ello, pues llevaba tiempo abogando por la abolición de la esclavitud), se legitimó como líder político y moral de la causa unionista de la Guerra Civil y como defensor último de las libertades de los ciudadanos. Algo similar a lo que hizo Obama en su discurso titilado “Towards a more Perfect Union”, cuando abordó el argumento racial en la contienda por la presidencia en 2008. Ahí, Obama no solo se refirió a su condición racial, sino lo hizo en términos que le permitió ser el dueño del tema; se apropió de la discusión y obtuvo la legitimación para hablar sobre él. En ambos casos, si bien las causas eran en sí mismas legítimas (la muerte de 50 mil soldados y la cuestión racial en una elección), ambos personajes lograron asumirse como los únicos autorizados para hablar del tema.
Las tragedias de Tlatlaya, Ayotzinapa, los miles de desaparecidos, la corrupción social, política e institucional y, en general los problemas sociales que vive México, adolecen de un ente o persona legitimada para referirse a ellos con autoridad pública, política y moral. Parece ser que el único legitimado ante la crisis, es la sociedad. De ahí que todas las declaraciones de parte de autoridades federales, estatales y municipales, carezcan de validez, en tanto que quien las pronuncia, no tiene la legitimación para ello. Y se carece de legitimación porque se aduce que tanto el emisor como las propias instituciones son responsables de la crisis que se vive, es decir son la causa y no la solución.
Es así, que uno de los grandes problemas de la actual crisis social que atravesamos, es que no hay ninguna autoridad con legitimación pública, moral y social para referirse al tema en términos de una verdadera solución. La legitimación le vienen a las instituciones por Ley, sin embargo, la crisis va más allá de las estructuras clásicas de derecho, son más profundas y más enraizadas. Cualquier declaración que haga el presidente u otra autoridad, son desestimadas, no por ausencia de mandato constitucional, son por falta de autoridad moral para referirse a la crisis.
Lo que el Gobierno debe hacer es buscar legitimación. No se trata de que el presidente y los miembros del Gobierno Federal, pronuncien un discurso y con ello obtengan la legitimación necesaria; se trata de que asuma legitimidad social indispensable para abordar el problema. Esto se da con humildad institucional y a través de resultados concretos y eficaces en torno no solo a los desaparecidos de Ayotzinapa, sino a la crisis profunda de corrupción y podredumbre de las instituciones. Actuar con eficacia, para remediar los males. Lo que parece que el Gobierno no ha visto, es que adolece de esa legitimación. Lo que trae como resultado que todo aquello que diga o haga sea cuestionado y, un gobierno cuestionado de principio, es un gobierno socialmente ineficaz.
Para legitimarse, debe dar muestras claras y contundentes sobre las acciones y medidas que tomará, para darle un rumbo nuevo a México; con sentido de justicia social, libertades y estado de derecho. Es decir, ser parte de la solución y no del problema. El presidente y las instituciones, como lo hizo Lincoln en Gettysburg, deben apropiarse y hacerse dueños de la solución de la crisis, en vez de ser vistos como parte del problema.