Decíamos en la columna anterior que en las sofisticadas sociedades de hoy las variaciones de los precios de las gasolinas inciden sobre una larga lista de aspectos, a veces generando efectos que se perciben como muy lógicos, y a veces propiciando otros que resultan inesperados.
Mencionábamos que dichas variaciones de precios tienen efectos en la inflación, en el poder adquisitivo de la gente y consecuentemente en la organización de su vida cotidiana. También en las ventas de vehículos por tipo, en los ingresos tributarios y no tributarios del gobierno federal y por tanto en el gasto público. La lista sigue: en el consumo de gasolina en cada localidad o región, en las decisiones de la industria automotriz sobre la velocidad con la que piensan mejorar la eficiencia energética de sus vehículos, en las decisiones de inversión de la industria petroquímica, en la generación de emisiones atmosféricas contaminantes y por lo tanto en los impactos sobre la salud de la población y de los ecosistemas, en la cantidad de residuos peligrosos generados por el uso de vehículos de combustión interna, en la cantidad de accidentes de tránsito, así como en la productividad de las personas y las empresas y en la competitividad de las ciudades.
De todos estos efectos, quedamos de comentar algunos que inciden sobre la economía familiar y la contaminación atmosférica. Empecemos observando que un primer efecto del aumento en el precio de las gasolinas es efectivamente la reducción del poder adquisitivo de las personas que dependen del auto para sus actividades cotidianas, especialmente de todas aquellas cuyo ingreso no les permite seguir consumiendo el mismo número de litros. No obstante, la reducción del consumo de gasolinas tiene por otro lado un efecto directo altamente positivo: disminuye la emisión de contaminantes atmosféricos y en consecuencia disminuyen también los impactos negativos sobre la salud.
El dilema causado por los efectos encontrados del aumento de precio nos empuja a preguntarnos si el Estado puede compensar a ese tipo de usuarios, manteniendo el efecto positivo sobre la calidad del aire. La respuesta es sí, teóricamente sí se puede pero lamentablemente los gobiernos han hecho exactamente lo contrario.
La idea básica es muy simple: propiciar paulatinamente una serie de cambios en la estructura urbana de manera que las distancias que la gente tiene que recorrer para ir al trabajo, a la escuela, al médico, etc. se reduzcan y por tanto el consumo de gasolinas disminuya. Si la gente pudiera consumir menos litros de gasolina para realizar todas sus actividades cotidianas, el aumento de precio se vería de alguna manera compensado porque no se estaría reduciendo su poder adquisitivo.
Sin embargo, durante la administración federal anterior se instrumentó una política de Estado que hizo de la producción de vivienda un modelo estrictamente financiero, que destruyó la economía de muchas familias que fueron incentivadas para comprar casas en tierra de nadie y enriqueció obscenamente a un grupo de vivienderos sin escrúpulos. Posteriormente se observó un previsible abandono masivo de viviendas porque las familias no pudieron subsanar los costos de ningún tipo de transporte, ni el privado ni el público, para satisfacer sus necesidades cotidianas. El costo ambiental y social de dicha política ha sido enorme.
En esta administración se ha cambiado el discurso y se han incorporado algunos términos de moda a las políticas públicas, pero continúan los escarceos y en la práctica no se observa ninguna mejoría real en la planeación de las ciudades, las cuales siguen siendo extraordinariamente ineficientes. Es por eso que para una buena parte de las familias que dependen del auto, la cantidad mínima necesaria de gasolina para satisfacer sus necesidades elementales seguirá representando una proporción excesiva y cada vez más onerosa del gasto familiar.
Desde este punto de vista el verdadero problema de fondo no es tanto la variación del precio de las gasolinas, sino la forma de vida que la desorganización estructural de las ciudades mexicanas impone a sus habitantes. Los costos derivados de esta situación son muy altos, por ejemplo, los que pagan directamente los usuarios del auto, como el gasto en combustibles, mantenimiento y depreciación de los vehículos; por otro lado está la larga lista de los llamados costos externos del automóvil, asociados a los congestionamientos, al tiempo perdido en los trayectos cotidianos, a la contaminación atmosférica, al desgaste de la infraestructura vial y a los impactos negativos sobre la salud y la productividad de las personas. La suma de todo ello da como resultado una muy pobre calidad de vida para muchas personas en las ciudades mexicanas.
La verdad es que como se ve el panorama todo indica que seguiremos padeciendo las dos cosas: primero, las consecuencias de vivir en ciudades mal planeadas, y encima, la desagradable puntilla de los gasolinazos.