Durante su paso por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Genaro García Luna tuvo acceso a información privilegiada, obtenida a través de la intervención de comunicaciones, en razón de que encabezó el Departamento de Investigación Técnica y más tarde la Dirección de Protección.
Era el inicio de los años 90 y el Cisen carecía de un marco jurídico que precisara los alcances de su actuación. Había sido creado por Carlos Salinas de Gortari el 13 de febrero de 1989 como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación y tenía como principal atribución la de “establecer y operar un sistema de investigación e información para la seguridad del país”.
La Ley de Seguridad Nacional no aparecería sino hasta enero de 2005, es decir, 15 años más tarde, por lo que en todo ese tiempo la intervención de comunicaciones se realizó sin la previa autorización de un juez, lo que resultaba violatorio de los preceptos contenidos en el Código Federal de Procedimientos Penales que entonces se encontraba vigente.
Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), narran a este reportero que cuando García Luna llegó a lo que fue la Agencia Federal de Investigación (AFI), de la PGR, la práctica de las escuchas continuó.
La información recopilada a través de esos métodos ilegales, editada y transcrita, formó parte de los documentos de “inteligencia” con que contaron los presidentes de la República y sus secretarios de Gobernación, “para la toma de decisiones”.
A la fecha, no existe información del destino de todos esos materiales obtenidos de manera ilegal, que, sin embargo, pueden constituir elementos de extorsión para quien los posea, dentro del gobierno o fuera de él. La conversión del Cisen en el actual Centro Nacional de Inteligencia no implica, en absoluto, ni la desaparición de las prácticas de espionaje, ni el uso ilegal de esas informaciones.
Tampoco existen datos que puedan determinar qué tanto esa información haya sido utilizada con fines particulares, de manera ilícita. Lo que es un hecho es que García Luna se enriqueció, más allá de sus ingresos oficiales.
Las indagatorias que realice la Fiscalía General de la República en relación a los probables vínculos de García Luna con la delincuencia organizada, deben incluir la investigación del uso ilegal de los datos obtenidos durante su desempeño como servidor público y sus vínculos personales, algunos de los cuales alcanzan a personajes de la Cuarta Transformación.