La detención de Joaquín Hernández Galicia “la Quina”, en enero de 1989, tuvo como principal objetivo el apuntalar la endeble legitimidad del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, quien había tomado posesión del encargo apenas cuarenta días antes, luego de uno de los procesos electorales más controvertidos en la historia de México.
Andrés Manuel López Obrador no requirió —en principio— de acciones de alto impacto mediático para apuntalar su imagen. Su indiscutible triunfo, obtenido con más de 30 millones de votos, le dio la legitimidad que aún mantiene, verificable a través de los altos índices de aprobación pública de que goza al día de la fecha.
Sin embargo, la gestión de los gobiernos locales y municipales emanados de Morena ha tenido —en términos generales— desempeños reprobables que impactarán negativamente en el partido del presidente, durante el proceso electoral que se avecina.
Conocedor de este contexto, Andrés Manuel López Obrador supo aprovechar la información reunida por los órganos de inteligencia, relativa al probable involucramiento de García Cabeza de Vaca con organizaciones de la delincuencia organizada y utilizarla en el momento político más oportuno.
El ahondamiento de las diferencias entre López Obrador y García Cabeza de Vaca, tuvo su punto de no retorno el 28 de agosto del año pasado, durante la reunión de evaluación de seguridad llevada a cabo en la octava región militar en Reynosa, Tamaulipas. Si quedaba algún espacio de negociación política, la postura intransigente y envalentonada del tamaulipeco aceleró las acciones del jefe del Ejecutivo federal en su contra.
El juicio de desafuero contra García Cabeza de Vaca es una jugada de tres bandas: debilita al punto de extinción a la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN), que tenía en el ejecutivo tamaulipeco a su voz cantante; propicia una bocanada de aire fresco al partido del presidente de cara a las elecciones y fortalece el mensaje de que en su gobierno se actúa contra la corrupción, por más que existan elementos que demuestren su parcialidad y la protección de los suyos.
Difícilmente el capítulo tamaulipeco se resolverá a través del uso de la violencia; tal escenario sólo fortalecería al gobernador panista y marcaría negativamente a López Obrador.
El acotamiento de los espacios de maniobra de García Cabeza de Vaca más la amenaza de la detención de sus familiares y socios, fortalecen la posibilidad de que el Congreso del estado de Tamaulipas alcance una negociación que culmine con la detención de García Cabeza de Vaca y la designación de un gobernador sustituto, en la persona del actual presidente de dicho órgano legislativo, Gerardo Peña Flores.
Que el presidente de la República haga uso de atribuciones que no le correspondan y dé a conocer el contenido de la carta que envió el Departamento de Justicia de Estados Unidos al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, por la cual se da a conocer que Estados Unidos también investiga a García Cabeza de Vaca y sus familiares, atenta contra el sigilo con el que debe conducirse cualquier indagatoria penal, así como contra la presunción de inocencia de las personas señaladas y exhibidas en su conferencia de prensa.
López Obrador sabe que su ilícito actuar no tendrá consecuencias jurídicas. Para él, lo importante son los resultados, al margen de las violaciones constitucionales y legales que propicie. Aunque en su narrativa describa acciones contra la corrupción, sus métodos prueban que le interesa más el fortalecimiento de su imagen y la de su partido, que la búsqueda de la justicia apegada a la legalidad.