El ejercicio de gobierno y el derecho de acceso a la información no son incompatibles, pero frecuentemente se contraponen. De ahí la importancia, para los ciudadanos, que este derecho esté reconocido y garantizado.
En nuestro país se reconoce en el artículo sexto constitucional en estos términos: Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna.
No olvidemos que cualquier derecho humano que no tiene garantía, que puede ser un mecanismo o recurso para ejercerlo efectivamente, es simplemente un buen deseo. Por eso en el caso del acceso a información se creó lo que ahora se llama el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Llegar a este punto ha sido el resultado de un largo proceso.
Luego de muchos años de gobiernos opacos y renuentes a la transparencia, en junio de 2002 se aprobó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental que reconocía el derecho y creó el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), luego en 2014 se logró la reforma constitucional para dar rango constitucional al derecho y dar paso al INAI.
Otro de los logros fue que se amplió el número de instituciones obligadas a rendir cuentas (sindicatos, partidos políticos, entre otros) y que el INAI sea la instancia ante la cual recurrir para revisar las decisiones de las instancias estatales de acceso a la información. Nivel que en la actualidad presenta enorme debilidad.
Cómo sociedad, ¿qué hemos ganado con el reconocimiento del derecho y con la existencia del INAI? En el último año se hicieron alrededor de un millón de solicitudes de acceso a la información y el ejercicio de este derecho ha dado lugar a señeras investigaciones periodísticas como el “toallagate” con Vicente Fox, la “Casa Blanca” de Peña Nieto y la “Estafa Maestra” de Javier Duarte, entre muchas otras.
Bajo el ejercicio del derecho de acceso a la información se ha logrado construir la evidencia de la corrupción cometida por numerosos políticos.
Es necesario recuperar este proceso ciudadano frente a la propuesta del presidente López Obrador de desaparecer los órganos autónomos, entre ellos el INAI, y buscar que sus funciones sean absorbidas por la misma administración pública federal.
Entre las razones que aduce el presidente para justificar su propuesta es que estos órganos son caros, que hacen funciones que puede realizar el mismo gobierno, y que además fueron creaciones neoliberales.
El INAI actualmente cuenta el 0.01 % del gasto de la administración pública. Que el gobierno, sujeto obligado de informar, se lo exija a sí mismo parece demasiado ingenuo y poco probable. Buena parte de la radiografía de la corrupción en México se ha logrado porque miles de periodistas y ciudadanos han ejercido este derecho.
Nadie sostiene que el INAI sea perfecto, seguramente mucho de su trabajo se puede mejorar y hacerlo más eficiente. Avancemos en dicha dirección.
Desaparecer al INAI será convertir un derecho humano en un postulado vacío.