A punto de arrancar el proceso electoral de 2018, se multiplican las opciones y posiciones respecto a la que será, sin duda, una de las elecciones más complejas y competidas de la historia electoral de nuestro país desde que la reforma electoral de 1997 le dio carta de ciudadana a la pluralidad política y se asumió – realmente – el valor del voto como expresión de la voluntad ciudadana para el acceso y ejercicio del poder.
De allá hasta ahora, han pasado cuarenta años y un sin número de reformas dedicadas a estabilizar el tránsito y la funcionalidad de un sistema presidencial de corte autoritario, que era dominado por la figura autócrata del presidente de la república y un solo partido como instrumento oficial para escenificar el ritual “democrático” de las facultades meta constitucionales del presidente en turno. Así, el “partidazo” y el presidente de la república dominaron la escena política de la segunda mitad del siglo pasado – prácticamente sin contrapesos – y administraron un país gobernable pero profundamente antidemocrático.
Incluso la propia alternancia del año 2000 y los gobiernos del cambio que encabezó el PAN estuvieron sujetos a fuertes presiones por la inercia autoritaria, genéticamente arraigada en el PRI que, si bien facilitó el cambio de poderes, negó las reformas que el país necesitaba por meros cálculos políticos e instinto de sobrevivencia, generando la parálisis legislativa y el desgaste de la democracia representativa.
En vísperas del quinto informe de gobierno y de las definiciones de los partidos políticos sobre las candidaturas presidenciales y a más de tres mil cargos de elección popular a partir de septiembre, se incrementa la tensión y sube la presión sobre los métodos y las circunstancias en que llegarán los partidos que aspiran a ganar las elecciones, como si esto fuera la única razón de la contienda. Se configura un falso dilema cuando lo que está en juego no es sólo la capacidad para ganar una elección sino la urgente necesidad de garantizar la capacidad de gobernar un país con graves asimetrías, crisis sistémica y donde, todo indica, quien gane no será respaldado por más del 70% de la población.
Se necesita algo más que ganas de participar y arreglos cupularespara gobernar un país sumido en una profunda crisis de confianza y credibilidad, sometido a fuertes presiones ante el insuficiente crecimiento económico y la multiplicación de las amenazas externas, en especial las derivadas de la nueva relación con los Estados Unidos y el inicio de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. No será suficiente poner en marcha las maniobras de siempre para imponerse a cualquier precio sobre contendientes y partidos.
El desgarramiento del tejido social requiere una intervención a fondo para aliviar el dolor de la violencia y la inseguridad que hoy lastima a millones de mexicanos. Con base en las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el repunte en homicidios dolosos y secuestros durante los primeros siete meses del año perfilan al 2017 como el más violento desde que comenzaron los registros, incluso por encima de 2011, caracterizado por ser el más violento del sexenio anterior. Lo mismo podemos decir de la fuerza institucional que se necesita para salir avante en la lucha en contra de la corrupción, de la impunidad y de la tremenda desigualdad social ante la excesiva concentración del ingreso en tan pocas manos.
No basta ganar la elección de 2018 si el resultado no va acompañado de la posibilidad real de alcanzar acuerdos y condiciones en los gobiernos y congresos para construir mayorías estables que nos permitan arribar a un país plenamente democrático y gobernable, así, en ese orden.
Ante este panorama ha tomado fuerza el debate sobre los gobiernos de coalición, una facultad que ya está consignada en nuestras leyes pero que carece de fuerza vinculante al ser opcional para quien gane la elección, por sí solo o en alianza electoral.
Las limitaciones legales no deben ser obstáculo para alcanzar acuerdos de fondo entre fuerzas políticas y sociales que permitan el surgimiento de opciones electorales con capacidad para ganar elecciones y coaliciones para gobernar democráticamente al país; por principio, nada debería impedir alcanzar una visión compartida de México y el compromiso con una agenda nacional de reconciliación y de cambio de régimen.
Para que esto suceda será necesario desechar las visiones de corto plazo que confunden esta discusión con un arreglo para ganar las elecciones. También aquellas visiones interesadas que buscan acomodar las piezas del actual sistema para asegurar sus intereses personales y de grupo, buscando simular el cambio a fin de hacer más eficiente su capacidad para permanecer en el poder y para robar los recursos y el futuro del país. Quizá esta sea la mayor dificultad que enfrentamos para lograr el cambio del sistema político, la simulación y la fuerza de los operadores más destacados de un sistema presidencial corrupto, autoritario y antidemocrático.
Las próximas semanas serán determinantes para despejar el curso de este debate. Mientras tanto, las fuerzas políticas preparan sus plataformas electorales y las organizaciones de la sociedad civil sus propuestas y demandas, todas buscando influir en el deteriorado ánimo social y buscando ganar la confianza de sus seguidores. Eso está bien, mientras la cuerda no se rompa.