La idea: Todos los días se discute si los gobiernos están logrando el fin para el que fueron creados. Para ello se requieren metas claras y un sistema de control que permita corregir el rumbo en caso necesario. Los organismos encargados del control interno ayudan en esa labor, pero se han burocratizado y se les pone a realizar tareas para las que no fueron diseñados. Es tiempo de revisar todo el andamiaje de planeación y control del gobierno.
En mi colaboración pasada mencioné aspectos operativos que dificultaron la actuación de la Secretaría de la Función Pública (SFP) durante la gestión de la secretaria saliente, la Dra. Sandoval. Sin embargo, más allá de los problemas operativos, quizás es tiempo de que el nuevo secretario, el Mtro. Salcedo, replantee el papel de dicha Secretaría.
Actualmente las funciones de la SFP están bien delimitadas: auxiliar en el control interno del gobierno federal a través de organizar, coordinar, supervisar, normar y vigilar el cumplimiento del control interno; fiscalizar a las instituciones; recibir quejas y denuncias, investigarlas y turnarlas a las autoridades correspondientes; y procesar y sancionar a los servidores públicos que violen la Ley de Responsabilidades.
Adicionalmente, tiene otras funciones tales como resolver inconformidades en procedimientos de adquisiciones y obra pública y sancionar a proveedores del gobierno. También propone mejoras a la gestión pública y registra y autoriza las estructuras organizacionales del gobierno. Forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Nacional de Fiscalización.
Para realizar estas labores, la SFP se apoya en sus 213 órganos internos de control (OIC) y dos unidades de responsabilidades, quienes emplean a alrededor de 5,000 personas que están en la nómina de secretarías y paraestatales. Las oficinas centrales de la SFP tienen 2,500 plazas de las cuales alrededor de 1,300 corresponden a personal de los OIC transferidos a la SFP. En total, esta Secretaría tiene a más de 7,000 funcionarios púbicos.
Sin embargo, habría que revisar que tan eficaz ha sido este aparato burocrático. Por una parte, como hemos visto, no está diseñado para combatir la corrupción, así que es de esperarse pocos resultados en este aspecto. Por otra parte, en lo que respecta a sus funciones sustantivas, enfrenta diversos retos.
La normatividad de control interno que aplica al gobierno federal está plasmada en un acuerdo emitido por la SFP que si bien está apegado a las mejores prácticas internacionales, no se aplica cabalmente, resulta muy complejo, está burocratizado y parte del supuesto que las instituciones de gobierno cuentan con planes, objetivos y metas adecuadas a lo que requiere la población. Como esto no ocurre así, el control interno pierde buena parte de su eficacia.
Además, no existen consecuencias por incumplir esas metas y objetivos. No me imagino a la SFP sancionando a los más altos funcionarios de la Secretaría de Salud por el más de medio millón de muertos por la pandemia, por la falta de medicamentos y la lenta aplicación de vacunas; o de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana por el número récord de asesinatos y la pérdida de territorios, que ahora son controlados por la delincuencia organizada, cuando el derecho a la vida, la salud y la libertad de los mexicanos deberían ser objetivos primordiales del gobierno.
En cuanto a las capacidades de la SFP como autoridad investigadora de faltas administrativas, estas son limitadas, lentas y pocas veces resultan en casos de responsabilidades contra servidores públicos. La gran mayoría de los casos que llevan son por incumplimientos a la presentación de declaraciones patrimoniales; ni siquiera por investigaciones derivadas de estas declaraciones que pudieran detectar enriquecimientos ilícitos. Además, está saturada por denuncias que no dan elementos para investigar o son intrascendentes.
Quizá lo más rescatable son las labores de fiscalización que realiza la SFP, pero esta capacidad se ha visto disminuida por decisiones de la Secretaría al hacer énfasis en auditorías al desempeño y en disminuir el tiempo de trabajo de los OIC, como lo señalé.
Otra área de oportunidad es el proceso disciplinario de los servidores públicos mediante el cual se les sanciona por violaciones a la Ley de Responsabilidades. He señalado el retroceso que representó la promulgación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la cual amerita una reforma a fondo. Expertos han señalado sus deficiencias y en la práctica ha sido poco eficaz.
Ahora que llega el nuevo secretario de la Función Pública es oportuno plantearse cuál es el papel que debe jugar esta Secretaría, hacer una revisión a fondo de su marco normativo, revisar el diseño de sus procesos de trabajo y reorientarla a que sea una Secretaría que, a través del control interno, ayude al presidente y a la población guiando las acciones de todo el gobierno federal en el cumplimiento de sus objetivos. Constituye un gran reto para el nuevo secretario de la Función Pública ya que solo quedan tres años de esta administración.