Recientemente el INE destituyó a un funcionario miembro del servicio profesional electoral por cometer infracciones graves, consistentes en hostigamiento sexual y laboral en contra de una de sus subordinadas.
Función pública
Desde marzo pasado ese funcionario estaba suspendido en sus funciones, aunque con goce de sueldo, y hace un par de días el INE determinó destituirlo de su cargo porque se valió de su puesto para llevar a cabo agresiones sexuales en contra de otra persona.
En Estados Unidos, el lunes próximo tendrá lugar una audiencia ante el Comité de Asuntos Judiciales del Senado, en el que se ventilarán los testimonios del candidato a Juez (Justice) de la Suprema Corte, Brett Kavanaugh, y de la académica Christine Ford; quien acusa a Kavanaugh de haber tratado de abusar sexualmente de ella hace treinta y seis años.
El tema ha escalado a una dimensión política importante, ya que el Comité está integrado por 11 republicanos y 11 demócratas, y en vista de las elecciones intermedias en noviembre de este año, el voto para confirmar al candidato del Presidente Trump a la Suprema Corte de ese país no está asegurado.
Visibilización pública
Con independencia de las aristas y particularidades de los casos antes referidos, parece evidente que esos asuntos y otros tantos acontecidos en otras partes del mundo, revelan la seriedad con la que actualmente se abordan los temas vinculados con hostigamientos y agresiones sexuales.
Ello en gran medida debido a la importante labor de “visibilización pública” de este tipo de problemáticas llevada a cabo por personas interesadas en temas de equidad de género y feminismo.
Basta recordar que en 1991 durante el proceso de confirmación para juez de la Suprema Corte norteamericana, similar al que ahora está teniendo lugar en el Senado norteamericano; tres mujeres que trabajaron con el juez Clarence Thomas lo acusaron de hostigamiento sexual y laboral, sin que ello impidiera en el Senado su confirmación como juez de la Suprema Corte.
Hostigamiento sexual
Seguramente muchos de estos casos terminarán en tribunales y se discutirán sus méritos legales. Sin embargo, estos casos también mandan una señal clara de lo delicado del tema y la necesidad de castigar este tipo de prácticas en nuestras sociedades.