Opinión

Fuerzas armadas y derechos humanos, la agenda imposible

El pasado 3 de mayo la SEDENA publicó en el DOF su Programa de Derechos Humanos 2021-2024, documento tardío, limitado en miras y alcances. | Jorge Alejandro Medellín

  • 06/05/2021
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El pasado 3 de mayo la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) publicó en el Diario Oficial (DOF) su Programa de Derechos Humanos 2021-2024, documento tardío, limitado en miras y alcances y, sobre todo, revelador de lo que no se ha podido lograr en la materia, con o sin transformaciones de las repúblicas en turno. 

Las omisiones en el texto dicen más que las cifras y las explicaciones vertidas para exponer los logros en una agenda imposible de cumplir en el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina. La Guardia Nacional, surgida de las filas militares, sigue el mismo camino. 

El texto presenta el marco normativo que sustenta dicho programa, pero ofrece un panorama general de la problemática que ha caracterizado a la SEDENA en el tema de los derechos humanos. Este necesario y positivo ejercicio de análisis y autocrítica ya ha sido realizado por la Defensa Nacional en el inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando se presentó el Programa Sectorial de Defensa Nacional 2013-2018 (PSDN 2013-2018), en el que no solo se delineaban las metas a cumplir en diversas áreas de la administración militar, sino que se mostraba cuál era la situación, las carencias y limitaciones de las fuerzas armadas de tierra y aire en aquel momento. 

Hoy, en la era de la Cuarta Transformación, de los cambios profundos, de la transparencia y la expansión de la presencia militar en el ámbito civil, no hay nada de esto.  

La secretaría sólo se limita a señalar, a modo de explicación "el incremento de las quejas en cada Región Militar es directamente proporcional al número de efectivos adscritos que hay en ellas; sin embargo, el factor preponderante que garantiza una protección de los derechos humanos eficaz es la capacitación del personal militar". 

Si bien la SEDENA indica que de 2013 a noviembre de 2020 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) le ha notificado la recepción de 3,799 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos y que en los dos primeros años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador esta cifra es de 662 quejas, el documento no plantea metas ni plazos para reducir la incidencia de los abusos castrenses

Tampoco muestra avances reales, comprobables, en torno a decenas de casos de abusos y violaciones graves cometidas por militares en los últimos años. No existe un solo informe o documento de la SEDENA o de la CNDH que ofrezca detalles precisos y verificables para que los ciudadanos sepan exactamente qué sucedió con las denuncias que se convirtieron en quejas y que terminaron siendo Recomendaciones en contra del Ejército y la Fuerza Aérea por los delitos cometidos. 

En contraparte, la Defensa Nacional indica en su Programa de Derechos Humanos que "Del 2013 al 2020, se han capacitado a 1´521,041 efectivos, de los cuales 138,444 no aprobaron los cursos en línea y presenciales implementados, representando el 9.10%; de lo anterior se advierte que se debe continuar con una educación continua en esta materia, a fin de lograr cambios de aptitudes en el personal militar, por lo que esta problemática se atenderá con los Objetivos prioritarios denominados: "Contribuir al fortalecimiento de la cultura de respeto a los derechos humanos" e "Impulsar la cultura del Derecho Internacional Humanitario". 

Cifras que no reflejan en absoluto la enorme problemática de la relajación de la disciplina y las afectaciones en la moral de la tropa, aspectos que sí aparecen mencionados en otro texto fundamental de la SEDENA, publicado también en forma tardía debido a los ajustes presupuestales que obligaron a rehacer su Programa Sectorial de Defensa Nacional 2021-2024 para cuadrarlo con los requerimientos ordenados por su Comandante Supremo. 

El PSDN 2021-2024 señala que entre las metas a alcanzar en lo que queda del sexenio están seis objetivos prioritarios

- Objetivo prioritario 1: Impulsar un auténtico liderazgo en todos los niveles jerárquicos, que priorice la disciplina militar y privilegie la moral del personal y el bienestar de sus familias. 

- Objetivo prioritario 2: Aplicar una política integral de austeridad y erradicar la corrupción, a través del ejercicio de honestidad y transparencia con los recursos asignados a la Secretaría de la Defensa Nacional

- Objetivo prioritario 3: Contribuir a preservar la Seguridad Nacional y garantizar la Seguridad Interior. 

- Objetivo prioritario 4: Apoyar las acciones gubernamentales en materia de Seguridad Pública, Bienestar Social y Desarrollo Económico en beneficio de la población del País 

- Objetivo prioritario 5: Hacer más eficiente la operatividad de las Fuerzas Armadas de tierra y aire. 

- Objetivo prioritario 6: Fortalecer las relaciones civiles-militares basadas en el diálogo, apertura, transparencia y respeto

El programa es insistente en la necesidad de impulsar y apuntalar el liderazgo de sus mandos, reforzar la cadena de mando y darle prioridad a la disciplina castrense. Tal es el diagnóstico sobre cómo encontraron los mandos territoriales y la plana mayor de la SEDENA a las tropas, a los oficiales y jefes al momento de iniciar la 4T en los cuarteles. 

La SEDENA mantiene en su estructura jurídica cinco instancias (la Dirección General de Derechos Humanos, las Unidades Jurídicas de Asesoramiento, la Oficina para la Atención de Victimas de Hostigamiento y Acoso Sexual, y la Unidad de Vinculación Ciudadana) desde las cuales filtra denuncias, quejas y acusaciones para ir reduciendo su impacto real. 

Esta estructura se encarga, en distintos niveles de acción, de atemperar las acusaciones para que el récord de abusos no crezca. Un elemento fundamental para que esto funcione es, sin duda, la disminución del despliegue militar enfocado en enfrentar a grupos armados en todo el país, sobre todo en zonas de interés especial del gobierno (Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Nayarit, Colima).  

El despliegue de tropas es mayor hoy en día. Soldados de la SEDENA, personal de Marina y elementos de la Guardia Nacional constituyen hoy una fuerza de más de más de 200 mil elementos efectivos operando en distintos niveles y dinámicas. 

Investigaciones periodísticas han documentado hace poco la constante en la Guardia Nacional, por ejemplo, de ofrecer sumas de dinero a familiares de víctimas de violencia cometida por sus agentes para evitar demandas y hacer que las denuncias cesen. En el caso de la Marina ha sucedido lo mismo. De poco o nada han servido los cursos, diplomados, pláticas, fotos, conferencias, cursos, seminarios a los que han asistido varias veces los soldados, los marinos, para capacitarse en materia de derechos humanos

Los hechos son contundentes. Hoy, en la Marina, hay al menos 30 de sus integrantes pertenecientes a la Unidad de Operaciones Especiales (UNOPES) enfrentando un proceso penal por desapariciones forzadas presuntamente cometidas en 2018 en Tamaulipas

El 4 de mayo, un día después de que se publicó el Programa de Derechos Humanos de la SEDENA, se difundió un caso más de abuso y violencia sexual presuntamente cometido por elementos del Ejército Mexicano en contra de una mujer que habría sido abusada y amenazada de muerte por tropas del 16 Regimiento de Caballería Motorizada (16 RCM) que opera en Nuevo Laredo, Tamaulipas

En Caborca, Sonora, tropas de la Guardia Nacional dispararon en contra de un funcionario la fiscalía de justicia de ese estado, matándolo e hiriendo de gravedad a su hermana y a otro ciudadano. Los agentes de la GN dispararon sobre la camioneta del funcionario en circunstancias no aclaradas. Los guardias nacionales están detenidos y bajo investigación. 

Una agenda imposible, por donde se le quiera revisar.

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