En México las fuerzas armadas son responsables de mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado; la preservación de la soberanía e independencia del país y la defensa del territorio, entre otras labores también vinculadas a la idea de seguridad nacional. En las últimas décadas, también se han involucrado en tareas de corte social, de manera particular en la atención de emergencias generadas por desastres naturales mediante la implementación de los denominados planes DN-III y Marina, que prevén el auxilio a la población; así como contribuir a la conservación y protección del medio ambiente, a través del apoyo al cuidado de los recursos marítimos renovables y no renovables y el combate de incendios forestales.
En los años recientes, frente al desafío que ha representado el crimen organizado a la paz social, se ha requerido de la participación de las instituciones militares en tareas de apoyo a autoridades civiles en labores de seguridad pública, en regiones del territorio nacional donde la presencia de grupos delictivos provocó un incremento en los índices de inseguridad.
Ante este contexto, en los programas nacional de Defensa Nacional y de Marina 2013-2018, se advierte que el despliegue de los elementos militares en el territorio nacional constituye la primera barrera de contención del fenómeno delictivo, a fin de brindar tiempo y espacio necesario para que las instancias de los tres órdenes de gobierno tengan condiciones suficientes y puedan enfrentar el problema cabalmente desde su ámbito competencial; así como impedir actividades ilícitas de organizaciones criminales relacionadas con el tráfico ilegal de drogas, armas y personas, narcomenudeo, secuestro y extorsión, que han generado un ambiente de violencia en el país.
En su conjunto, todas estas labores le han valido a los cuerpos castrenses contar con favorables niveles de confianza por parte de la sociedad, tal y como lo refleja la encuesta Ejercito y Marina 2016 realizada por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, la cual reporta que el 82% de los consultados aprueban el trabajo de ambas dependencias. Por su parte, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2016 del INEGI, revela que, de las autoridades a cargo de la seguridad pública, seguridad nacional, procuración e impartición de justicia, ambas dependencias son las que mayor confianza inspiran a la población de 18 años, con el 87% y 84.9%, respectivamente.
La participación castrense en las acciones de combate al crimen ha despertado especial interés por parte de la sociedad, lo cual se constata en el ejercicio del derecho a saber sobre el tema. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), del 14 de mayo de 2014 al 31 de mayo pasado, se ingresaron más de 3 mil solicitudes sobre los delitos de delincuencia organizada -según lo definido en la ley federal de la materia- de entre los cuales, cinco concentran el 82% de las peticiones: secuestro, narcotráfico, robo de hidrocarburos, trata de personas y lavado de dinero. La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), y la Secretaría de Marina (SEMAR), han recibido un número importante de requerimientos de esta naturaleza, cuyas respuestas han sido aceptadas en la mayoría de los casos por parte de los peticionarios, lo que se refleja en el bajo número de impugnaciones interpuestas ante el INAI, que no llega al 6% del total.
Los diversos datos y documentales relacionados con las anteriores temáticas, que han sido puestos a disposición de los solicitantes, permiten colocar bajo escrutinio la actuación de las instituciones militares en su tarea de brindar apoyo a las autoridades civiles locales en labores de seguridad. Así, la sociedad está en condición de conocer los elementos informativos básicos para realizar un ejercicio de valoración y, posteriormente, de exigencia de rendición de cuentas sobre los esfuerzos emprendidos por las autoridades, su situación actual y los resultados esperados. De igual forma, la información pública representa un insumo para generar y mantener certidumbre, reconocimiento y confianza de la población hacia las autoridades en su labor de velar por el bienestar general.
Al respecto, es primordial tener en cuenta que, al dar publicidad a la actuación del Estado en materia de seguridad, se debe procurar el equilibrio con la salvaguarda de los aspectos que se relacionan con el interés legítimo de garantizar su eficacia. En este sentido, es de destacar que cuando el INAI ha conocido de recursos interpuestos por ciudadanos en contra de la clasificación de información realizada por los institutos armados, invariablemente ha resuelto proteger aquella que comprometa la seguridad nacional y cuya eventual utilización por parte del crimen organizado podría limitar la efectividad de la actuación de las autoridades. Dichas determinaciones resultan de la primera importancia en las actuales circunstancias de nuestro país, que requieren respuestas institucionales inmediatas y eficaces en el combate a la inseguridad, en un entorno de plena vigencia de las libertades fundamentales.