Cuatro meses después del aplastante triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales de 2018, un grupo de militares en retiro y en el activo que siempre estuvieron cerca del partido Morena comenzaron una movilización silenciosa, pero efervescente para impulsar desde la bancada en la Cámara de Diputados toda una batería de cambios en la vida militar que perfilaban inéditas reformas en la esfera castrense.
Derogar el fuero de guerra, crear Jueces Penales Federales en materia militar, acabar con los artículos que definen las competencias de los tribunales militares, echar abajo los artículos relacionados con la conformación del Tribunal Superior Militar, los Juzgados Militares y el perfil de los Magistrados y Jueces Militares eran temas que los legisladores morenistas y otros afines tenían en sus manos como tareas iniciales para sanear la vida en los cuarteles y oficinas de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
A esos temas que siempre han sacudido a la tropa y a los oficiales por ser las primeras víctimas del abuso de poder desde la estructura de mando, se sumaban otros no menos relevantes que se cumplieron parcialmente. La inquietud de los militares retirados y en el activo y en el retiro se conjugó al principio con las promesas y el compromiso de los diputados morenistas.
Las intenciones reformistas quedaron plasmadas en borradores, en proyectos de Iniciativa de Ley que nunca fueron, que desde la propia bancada, desde la Presidencia de la República y desde la SEDENA fueron detenidos y cancelados.
Algunos de los planteamientos en aquellos borradores avanzados, que incluso tenían ya la exposición de motivos fundamentada en artículos constitucionales, destacaban la urgencia de abordar puntos como los siguientes:
• La desaparición del Estado Mayor Presidencial y su sustitución por un cuerpo especial de protección al Presidente Constitucional, para romper esa subordinación material del Ejecutivo a la élite militar, que hasta la fecha le ha permitido fijar su propio límite en otorgamiento de privilegios por encima de la soberanía nacional.
• La fusión de las fuerzas armadas de tierra, mar y aire, en una única Secretaría de la Defensa Nacional, al mando de un Secretario de Defensa civil, e incorporando de expertos civiles, libres de adoctrinamiento militar y por lo tanto sensibles a los problemas sociales y su relación con el tejido social.
• La creación del Estado Mayor Conjunto de las tres Fuerzas Armadas (Ejército, Fuerza Aérea y Marina Armada) y, en general, la decisión de otorgarle prioridad al concepto «conjunto» para todas las políticas, estrategias y líneas de acción en la materia de Defensa Nacional.
• Rendición de cuentas de las Fuerzas Armadas en tiempo y forma a la Auditoría Superior de la Federación.
También se proponía reestructurar la orgánica de la SEDENA para modificar la correlación de mandos de por unidad (Brigadas, Batallones, Compañías) y así llevar adelante “un proceso de reingeniería administrativa y operativa al interior de las Fuerzas Armadas, revisando inclusive los grados jerárquicos estrictamente necesarios de acuerdo a las funciones orgánicas podría arrojarnos la posibilidad inclusive de eliminar algunos grados militares del Ejército Mexicano como: Sargento Segundo, Capitán Segundo, Teniente Coronel, General de Brigada y General de División, con sus equivalencias en la Fuerzas Aérea y Marina”.
De esas dimensiones eran los cambios y reformas que se buscaba alcanzar desde el inicio de la prometedora etapa de la oposición de izquierda en el poder. Los militares que creyeron en el cambio garantizado por la llegada de López Obrador al poder a partir de su animadversión hacia las fuerzas armadas –en especial hacia el Ejército– planteaban también la necesidad de modificaciones estructurales y operativas relacionadas con la división territorial militar, en particular con la existencia de las Regiones Militares, que en la propuesta legislativa eran presentadas como obsoletas, ya que esa forma de dividir al país para fines bélicos corresponde a una realidad que hoy no existe, señalaban los autores de los borradores de la iniciativa.
Las Regiones Militares sólo han servido para darle cabida al exceso de generales en la estructura de mandos de la SEDENA, señalaba uno de los borradores.
La nueva forma de organización territorial propuesta por los propios militares que soñaban con estos cambios “daría como resultado una Zona Militar por cada entidad federativa, misma que deberá estar dotada de medios operativos y logísticos necesarios para operar como “Gran Unidad Superior” (División) al mando de un General (grado máximo militar propuesto) eliminando las actuales Regiones Militares”.
Las reformas que nunca fueron no terminaban ahí; la bancada de Morena proponía revisar la pertinencia de conservar las armas de Artillería, Blindada y Zapadores las cuales subsisten “por tradición”, pero en realidad representan un alto costo de mantenimiento y operación, aunado a “su poca o nula posibilidad de empleo para una situación bélica”.
Los diputados se habían comprometido a analizar detalladamente “la idea de transformar todas las unidades de las Fuerzas Armadas en Batallones de Fuerzas Especiales y algunos aeromóviles”, ni más ni menos.
Nada de esto ocurrió. Poco a poco y a fuerza de reuniones, encuentros y desencuentros con los altos mandos militares y navales elegidos por él mismo, López Obrador se convenció de la mala idea que sería seguir enfrentando a sus fuerzas armadas ya como mando supremo.
Un choque de frente con las instituciones a las que tachó de represoras del pueblo difícilmente le hubiera dado la estabilidad para terminar su mandato.
Obrador reculó y no solo se desdijo en los hechos de todos sus señalamientos; le abrió el país a las fuerzas armadas, militarizó y militariza la vida nacional a partir de una estrategia clara, pero a la vez incierta si se trata de visualizar el final de su idea: convertir a las fuerzas armadas en una fuerza de paz, responsables de sus ámbitos de poder y al mismo tiempo ceñidas a una dinámica de cercanía con la gente para curar las heridas causadas por los excesos de los militares –históricos, innegables–.
La apuesta del presidente parecería coherente, sensata dado el volátil panorama que enfrenta por la crisis sanitaria y la frágil economía del país, pero también es incierta, porque dejó de lado la reforma y restructuración de la seguridad pública, es decir, no se atrevió a tocar el fondo de la problemática del nudo gordiano entre pobreza, delincuencia y violencia incontenible.
Así, la apuesta del presidente, aunque bien intencionada, resulta incierta y de mayor volatilidad; empodera a las fuerzas armadas, deja de lado soluciones de fondo a la inseguridad, congela transformaciones para tener mejores militares, pilotos y marinos y no frena la indefensión diaria de todos los mexicanos, patente en las propias cifras oficiales sobre violencia y criminalidad.
Lo que no fue pesa más.