Opinión

Fuera malentendidos; hablemos en serio

México enfrenta enormes lastres heredados del pasado y, además, una grave crisis económica. | Jorge Faljo

  • 24/05/2020
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Explotaron las acusaciones y cundió el pánico. Parecía que las brigadas de censores del Instituto Nacional de Geografía y Estadística llegarían a las mansiones de los súper ricos, los multimillonarios, en dólares, a revisar sus posesiones. Muy a la manera en que trabajadores sociales van a las casas de los muy pobres para ver si son candidatos a los programas contra la pobreza. Y preguntan, o entran y ven, porque los pobres son amables y los hacen pasar, si el piso es de tierra o losa, sin cocinan con leña o gas, cuantas habitaciones hay, y si tienen plancha, licuadora, refrigerador, televisión, horno de microondas.

Ahora los del INEGI irían a las mansiones a ver si los cubiertos son de plata, los autos son Lamborghini, las obras de arte originales, la sala de verdadera piel y el mármol de Carrara. ¿Llegarían en la revisión a encontrar los centenarios escondidos?

Todo un absurdo elevado a la N potencia (recuerdo de mi secundaria), porque Alfonso Ramírez Cuellar el presidente de Morena dijo que el INEGI "debe entrar, sin ningún impedimento legal, a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas". Y es que puesto así "entrar a revisar el patrimonio inmobiliario" suena a que llegarían hasta la cocina; algo claramente inadmisible.

Un descuido en la redacción dio pie a una interpretación escandalosa. Y el asunto empeoró con la respuesta presidencial: los patrimonios deben mantenerse privados. Lo que fue interpretado no sólo como una descalificación al presidente de su partido, sino como un blindaje a las grandes riquezas; estas serían intocables.

Pero algo no concuerda; este es el presidente de la opción por los pobres, el que busca disminuir la desigualdad. Entonces, ¿qué quiso decir? La respuesta surge cuando se lee toda la declaración, que sólo el patrimonio de los servidores públicos no es privado. Es decir, que se refiere a la privacidad de los datos.

Así que Ramírez Cuellar tuvo que aclarar el malentendido. El objetivo, dijo, no es que el INEGI llegue a las casas a cuantificar pertenencias y lo que ganan, sino una investigación científica de la concentración de la riqueza sin violar los domicilios. Algo que equilibraría, por así decirlo, el hecho de que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL, estudia a la pobreza en sus distintas formas y características.

Es similar pero no es lo mismo; porque la pobreza salta a la vista, es imposible de ocultar, mientras que la gran riqueza, la fortuna de miles de millones de pesos, o dólares, tiene mil maneras de hacerse invisible. Desde las inversiones en paraísos fiscales hasta las protecciones legales que impiden correlacionar datos para tener una visión integral de los grandes patrimonios.

A fin de cuentas, puntualiza el presidente de Morena, se trata de desagregar la información del decil X, el 10 por ciento de los mexicanos de mayores ingresos para tener datos sobre la concentración en un pequeño grupo de la población. ¿Qué tan pequeño?

Ramírez Cuellar dice que, en un país de 125 millones, 140 mil personas son propietarios de la mitad de la riqueza. Es decir, que cada uno de los muy ricos tiene el equivalente a las posesiones promedio de otras 999 personas. Según él, llegó la hora de que las grandes fortunas contribuyan con mayor solidaridad a la construcción del estado de bienestar que queremos echar a andar en México.

Si dejamos atrás los malentendidos, en buena medida distorsiones hechas a propósito, podemos abordar el fondo del asunto.

Lo que dice el presidente de Morena era correcto hace seis meses, un año, diez años. México ha evolucionado en las últimas décadas como campeón de la desigualdad extrema, del contraste entre algunos de los hombres más ricos del planeta y más de veinte millones que no comen lo suficiente. Una situación que no se puede deslindar de una política pública que contribuyó muy activamente, con privatizaciones, rescates a modo y corrupción extrema, a crear en cada sexenio camadas de multi-mil-millonarios. México es un paraíso fiscal que usó la riqueza petrolera, al extremo de destruirla, para substituir el cobro de impuestos a las grandes fortunas.

Ahora, lo que ya era correcto y corregible es un imperativo absoluto. Salir delante del duro golpe sanitario y económico que vivimos necesitará de políticas de gran envergadura, sólo comparables a las que se han instrumentado frente a grandes crisis.

Para enfrentar la gran depresión de los años treinta el presidente norteamericano Roosevelt lanzó el "new deal", el nuevo trato en que el gobierno norteamericano se convirtió en un enorme constructor de infraestructura, campeón de las transferencias sociales. El gobierno de México la enfrentó con un gran reparto de tierras que activó fuertemente la población rural y con impulso a las organizaciones de base para pelear por una mejor distribución del ingreso.

Tras la destrucción de Europa en la Segunda Guerra Mundial se activó el Plan Marshall de reconstrucción económica, que tenía además el propósito de impedir la expansión de los ideales comunistas en las masas empobrecidas.

Lo anterior y la Segunda Guerra Mundial generaron enormes gastos, y endeudamiento, que fueron financiado con fuertes elevaciones de impuestos que obviamente no podían cargarse a los empobrecidos y tuvieron que afrontar los más ricos.

Hoy en día, México enfrenta enormes lastres heredados del pasado y, además, una grave crisis económica. Dejemos de minimizarla y afrontemos que para salir adelante requerimos un Estado a la vez fuerte, democrático, promotor de un nuevo estilo de crecimiento y mitigador de la desigualdad. El libre mercado y los ultra ricos no nos sacarán del atolladero.

El reto no es menor al de otras grandes crisis y muchos lo han equiparado a los esfuerzos de una guerra. Afortunadamente en este caso no hay destrucción, así que el esfuerzo será reactivar, empezando por las enormes capacidades productivas que en las últimas décadas ha paralizado el libre mercado.

Para afrontar la crisis habrá que poner los recursos necesarios en manos del Estado. Lo piden los sectores ilustrados y progresistas de México.

Lo recomiendan incluso las entidades financieras internacionales como Banco Mundial y Fondo Monetario, incluso los grandes centros de reflexión de las cúpulas de poder mundiales, como el Foro Económico Mundial. Lo hacen porque son pragmáticos y en estos momentos la defensa de sus intereses de fondo y del conjunto requiere cierto sacrificio de sus intereses individuales y de coyuntura.

Así que, hablemos en serio.