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Frente ciudadano contra la corrupción

Para que el Sistema Anticorrupción funcione debe hacerse presión desde la sociedad civil.

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Escrito en OPINIÓN el

En las últimas semanas se han denunciado diversos intentos para descarrilar la entrada en funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción que, además de ser uno de los temas de mayor preocupación en nuestro país, representa uno de los esfuerzos más importantes que se han impulsado desde la sociedad civil y supuestamente debe empezar a operar a plenitud el próximo 18 de julio.

Desde el proceso de discusión de la reforma constitucional -y posteriormente de la legislación secundaria-, ya se advertían fuertes resistencias para dinamitarla o cuando menos para acotar sus alcances. Resultaba evidente que a pesar de la creciente presión social, muchos de quienes conforman el establishment no estaban dispuestos a renunciar fácilmente a sus privilegios o a poner en riesgo sus múltiples intereses económicos y políticos que tan buenos dividendos les han generado.

En contraparte, hay que decir que también hubo un grupo de Senadoras y Senadores de oposición (Marcela Torres Peimbert, Pilar Ortega, Laura Rojas, Ernesto Ruffo, Juan Carlos Romero Hicks, Martha Tagle, Alejandro Encinas, Luis Humberto Fernández, Armando Ríos Piter) que entendieron el sentido de urgencia, asumieron su responsabilidad y se dieron la batalla para impulsar la creación de un sistema robusto que realmente contribuya a enfrentar los alarmantes niveles de corrupción que padecemos.

Para darnos una idea del nivel de prioridad que se le ha dado al Sistema Anticorrupción, basta señalar que a unos cuantos días de su puesta en marcha, a nivel federal no se ha nombrado Titular de la fiscalía especializada a la que por cierto se le otorgaron facultades muy limitadas, está pendiente la ratificación de los magistrados y el Comité de Participación Ciudadana apenas está buscando oficinas pues la Secretaría de Hacienda no le había asignado los recursos mínimos para empezar a operar. 

En los estados la situación es todavía mas preocupante pues 12 entidades ni siquiera han armonizado su legislación, 31 no han integrado su comité de participación ciudadana, 26 no han nombrado fiscal anticorrupción y 27 no cuentan con tribunales o salas especializadas. Únicamente Querétaro ha cumplido al implementar en su totalidad el sistema anticorrupción.

Pero lo que ha detonado el mayor conflicto, ha sido la descalificación de la que ha sido objeto el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional, así como el proceso para designar a sus integrantes 5 meses después de que concluyera y en el que participó una comisión de selección conformado por representantes de organizaciones y académicos de reconocido prestigio. Esto no es fortuito, sobre todo si tomamos en cuenta que una de las mayores resistencias que se dieron en el proceso legislativo, fue precisamente a incorporar dentro del Sistema a un órgano de supervisión ciudadano, pues buena parte de la clase política pretendía seguir siendo juez y parte para tener márgenes de discrecionalidad en la aplicación de las normas. Hoy queda claro que la única apuesta para que el Sistema realmente funcione, debe ser a partir de la conformación de un frente para que desde la sociedad civil se presione, se exijan resultados, se pidan cuentas, se exhiba y se sancione con el voto a quienes siguen empeñados en que todo siga igual. 

@agus_castilla