Los servidores públicos y en particular los funcionarios de Estado, estamos sujetos al escrutinio público permanente, a la crítica, y aún al insulto. Por mi parte, estoy siempre dispuesto a escuchar y, en su caso, a atender cualquiera de esas vertientes, pues aún en el insulto puede subyacer algo relevante que debamos tomar en cuenta. Por otra parte, tenemos el derecho y la obligación de explicar y argumentar nuestras razones. Sobre esa base, hago diversas acotaciones al artículo publicado por el senador Javier Corral, el 23 de febrero en este medio.
Nuestra historia electoral registra numerosos episodios de uso indebido de los mecanismos del poder para inclinar la voluntad de los electores en favor de alguno de los contendientes. Pese a los avances democráticos, aún es posible observar acciones de esa naturaleza. Nuestros procesos electorales no están inmunizados del todo, frente al uso de uno u otro de los muchos mecanismos de defraudación producidos a lo largo de muchas décadas. No son, por cierto, patrimonio de ninguna fuerza política en particular: gobiernos de todos los colores los han usado por igual.
Ello hace indispensable la actitud vigilante de la ciudadanía y, muy en particular, de las autoridades electorales. También, por supuesto de los partidos políticos. Pero cada uno de estos entes tiene sus propios alcances, visiones, reglas, medios de resolución, y tiempos para la acción. Pretender que la autoridad actúe como actor en la contienda, a favor o en contra de alguien, no favorece la equidad.
El artículo del senador Javier Corral es buen ejemplo de lo anterior. No está del todo exento de razón pero, de modo natural, su visión está animada por las pasiones electorales, los intereses partidarios y, a mi juicio, por el aroma que se desprende de la última parte de su artículo, de una estrategia de corto plazo que apunta a los comicios en Chihuahua. Alude selectivamente a decisiones del Instituto Nacional Electoral que son, ciertamente, debatibles, polémicas incluso, pero que no responden a la fantasmal conjura de que se duele y que no demuestra.
No es verdad, como afirma con memoria selectiva, que sea la primera ocasión que los representantes partidistas se retiran de la mesa del Consejo General. Dice don Javier: “Las exoneraciones a los gobernadores… por violaciones al artículo 134 Constitucional… marcan el sesgo descarado”. Me incluye en un supuesto “bloque de consejeros al servicio del PRI-Gobierno” y olvida que reiteradamente he votado en solitario a favor de la imposición de sanciones en varios de los asuntos que lista y propuse, para el caso de los gobernadores de Nayarit y Veracruz, que se diese vista al Congreso Federal para que éste determinara si había lugar a juicio político por violaciones a la Carta Magna. Lo he planteado, no por razones ideológicas, ni por compulsión en contra de algún partido, sino razonando las evidencias y justipreciando los desapegos a la ley.
Afirma que “son las decisiones en materia de radio y televisión las que marcan la involución del órgano electoral en materia de legalidad”, pero pasa por alto que no se ha hecho sino aplicar en sus exactos términos la ley emitida por los legisladores, incluidos los de su partido.
Menciona “la utilización de los programas sociales con fines electorales”, como si la autoridad electoral pudiera actuar caprichosamente, sin atenerse al procedimiento normativo que él bien conoce. Sin más argumento que su dicho, vocifera que “…lograron diferir la discusión y aprobación del acuerdo para extenderle más el tiempo a sus canalladas”, y hace de lado que la posposición obedecía, en mi caso, a la necesidad de fortalecer el proyecto. Él lo quería como fuera y de inmediato; yo, lo quiero tan pronto como sea posible, pero, sobre todo, quiero que sea un eficaz disuasor de conductas antijurídicas; que tenga “dientes”.
Argumenta que en “cada sesión de los últimos cuatro meses, han estado dominadas por el golpeteo, no por el debate, lo que sería natural a un órgano colegiado de esencial función deliberativa”. No lo comparto. Pareciera coincidir con algún otro representante partidario que dijo: “los consejeros no deben criticar a los partidos; nosotros somos los que podemos criticarlos a ustedes”. Según esta doctrina “democrática”, la imputación infundada a la autoridad es debate y la respuesta de ésta es golpeteo. ¡Vaya!
Encuentro algo de razón cuando afirma que “es momento de terminar con esa lógica de que los partidos no forman parte del Consejo General del INE y por lo tanto deben ser excluidos en la búsqueda del consenso”. Me hago cargo de la deficiente comunicación y diálogo con las representaciones partidarias y legislativas. Es indispensable para construir entendimientos o, si se quiere, “acuerdos para el desacuerdo”. En lo que no le asiste la razón es el fin último que pretende. El INE no es un actor más, que deba buscar consensos con los partidos: Es la autoridad; su norma de actuación y función de Estado a veces implica controvertir a los partidos, incluso imponerles sanciones que, por supuesto, nada tienen de consensuales.
Son respetables las visiones diversas, bienvenidas las críticas, y enriquecedoras las propuestas. Pero en los últimos párrafos de ese artículo percibo afán por victimizarse y la búsqueda de un objetivo electoral de corto plazo en su entidad de origen. No cuestiono el derecho que le asiste en sus aspiraciones en la política local. Lo que me parece delicado es hacerlo mediante un ardiente y falaz discurso en contra de los consejeros del INE. Allá él. Por mi parte, sostengo que la autoridad electoral no es más democrática cuando está en contra de alguien, sino cuando actúa conforme a la ley, el interés colectivo y la democracia.