Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador se enfrenta a una derecha que se opone a la transformación del país. Pero ahora como ayer, el triunfo de la reacción es moralmente imposible.
La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (ILE) es fundamental, y está frenada por aquellos que quieren que ésta se eche para atrás con el fin de que no se toquen los intereses de quienes fueron beneficiados con aquella ley energética de Peña Nieto y del Pacto por México, en el 2013, que condujo a la proliferación de grandes megaproyectos energéticos.
Esto permitió que los particulares tuvieran una competencia desleal contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y mejores condiciones para la producción de energía sobre aquellas que tiene la empresa productiva del Estado. Es decir, los privados han obtenido beneficios económicos incluso a costa de la CFE.
El gobierno ha puesto su crítica en los generadores de energía “intermitentes”, como la solar y la eólica, que en México son principalmente privados. Desde que fuera candidato a la presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador señaló que revisaría la reforma energética que le ha quitado protagonismo a las empresas productivas del Estado: Pemex y CFE.
La Suprema Corte decidirá sobre la constitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica, afirmó el presidente al calificar de “descaro” que las grandes empresas promuevan amparos contra esa norma. Si la Corte declara inconstitucional la ley, el presidente Andrés Manuel López Obrador estará buscando una reforma a la Carta Magna.
En vez de que el sector empresarial buscara al director de la CFE, Manuel Bartlett para llegar a un acuerdo en los pagos, lo que han hecho compañías como Walmart, Bimbo, Femsa es ampararse para mantener subsidios en el pago del servicio de luz a través de firmas eólicas.
De hecho, en su primera semana de haber entrado en funciones, el presidente solicitó que se cancelaran las Rondas Petroleras y la Subastas Eléctricas pendientes de llevarse a cabo, señala el Centro de Análisis e Investigación (FUNDAR).
Hoy, las suspensiones provisionales que el juez Juan Pablo Gómez Fierro concedió a empresas privadas de generación eléctrica contra las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica (ILE), simbolizan otro coletazo del viejo régimen, que buscan evitar, a como dé lugar, que se consoliden los cambios que está planteando la Cuarta Transformación, entre otras, el fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que es la empresa pública que genera y transmite electricidad, y poner en orden el sistema eléctrico nacional, evitando abusos a favor de empresas particulares que también están en el mercado eléctrico. Lo anterior, para lograr soberanía energética a la que apuesta firmemente la 4T.
“Necesitamos fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, rescatarla, porque la estaban destruyendo de manera deliberada para dejarles el mercado de los energéticos, a las empresas particulares nacionales y sobre todo extranjeras en detrimento de la CFE”, comentó el presidente el 24 de febrero pasado.
La intención, como dijo la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero es que el Estado retome nuevamente “la rectoría” del sector energético; es decir, “poner orden” a los agentes privados que participan en el sistema nacional de energía gracias a la reforma energética.
En el mismo sentido, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, respalda la propuesta de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) del presidente Andrés Manuel López Obrador, “porque está basada en criterios de sustentabilidad y soberanía, y la soberanía energética es un objetivo que buscan todas las naciones y eso pasa necesariamente por el fortalecimiento de las empresas públicas, ya que el criterio ambiental es un eje fundamental de la política del gobierno nacional.
Robustez frente a cambios externos, cobertura de necesidades energéticas básicas de toda la población, fortalecimiento de todas las reservas y disminución de los impactos ambientales, -incluida la mitigación del cambio climático-, y soberanía: son cinco de los criterios esenciales para apoyar la política energética del presidente como eje sustantivo del desarrollo en una visión de soberanía con beneficios para el bienestar, el desarrollo económico y el medio ambiente”.
El reciente episodio de disminución de suministro de gas por problemas meteorológicos en Texas, mostró que México “debe disminuir al máximo su vulnerabilidad a cambios externos”, considera la Doctora Sheinbaum tras citar un artículo que publicó en su momento como especialista en el tema energético y del medio ambiente.
Garantizar la soberanía energética del país, sin depender de la generación de privados, lograr la soberanía energética a la que apuesta firmemente la 4T es algo que sucederá, sin olvidar que el objetivo más importante del Gobierno de la Cuarta Transformación es que el 2024 la población de México esté viviendo en un entorno de bienestar; esto incluye la lucha contra la corrupción y una fuerte presencia del sector público en la economía, como refiere el Presidente Andrés Manuel López Obrador en su obra “Hacia una economía moral”.