Se aproximan las elecciones del 2018 y el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene ante sí un gran reto para sacar adelante un proceso electoral que se espera muy reñido y donde seguramente habrá reclamos de todo tipo.

En las contiendas cerradas y ásperas, el árbitro siempre tiende a ser muy cuestionado, por lo que el INE estará en la mira si no logra darle certeza al proceso electoral.

Pero en esta tarea no va solo el INE y eso no hay que perderlo de vista.  La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJFy otras instituciones del Estado mexicano también juegan un papel clave en garantizar elecciones limpias.

Gastos excesivos de campaña


Hay un aspecto de especial importancia para garantizar la credibilidad de las próximas elecciones: el que haya transparencia y rendición de cuentas por parte de los actores políticos en materia de financiamiento y gasto de las campañas y que se cumpla con las disposiciones legales.

Los ciudadanos perciben que lo que reportan los partidos y candidatos se encuentra muy por abajo del nivel real de ingresos y gastos que tienen. Por ello, la legitimidad de las recientes elecciones en Coahuila y el Estado de México fueron puestas en duda debido a los supuestos gastos excesivos de campaña y el uso de recursos públicos para apoyarlas, aunque el TEPJF haya determinado que el PRI no rebasó los topes de campaña y haya confirmado la elección de los candidatos de este partido en ambos estados.  

Y es que en estos tiempos en que las campañas de mercadotecnia son las que más influyen en el electorado, la cantidad de recursos que se les dedique pueden ser determinantes para definir una elección a favor de un candidato.

Esto, aunado a otros métodos ya tradicionales de fraude electoral como compra de voto y uso de recursos públicos para coaccionar a los votantes, serán los factores contra los que las autoridades electorales deberán luchar.  

Actualmente la legislación obliga a todos los partidos y a los candidatos independientes a registrar sus ingresos y gastos en un sistema de cómputo que permite darles seguimiento.

Nuevo titular de la Unidad de Fiscalización


Además, los proveedores de los partidos tienen obligación también de registrarse ante el INE para darle mayor transparencia a los gastos realizados.

Por su parte, el INE cuenta con una Unidad de Fiscalización que audita los gastos y los ingresos de los partidos mediante auditorías a la documentación entregada. Por cierto, el presidente del INE acaba de proponer a un nuevo titular de dicha Unidad que fue cuestionado en un medio de comunicación.

Sería importante que quien llegue a ese puesto genere la mayor confianza posible entre los ciudadanos.

El esquema de registro de ingresos, origen de los mismos, gasto y destino, aunado a las facultades de fiscalización, provee un esquema aparentemente sólido para cuidar que no se excedan de los límites que establece la ley.

Digo aparentemente, porque si todos hacen trampa y recurren a métodos sofisticados para ocultarlo, las capacidades de fiscalización del INE se quedarán cortas.

Todos aquellos gastos que los partidos no registran en los sistemas son por naturaleza difíciles de rastrear y se requieren herramientas que van más allá de los métodos de auditoría normales.

¿Cómo superar la desconfianza?


¿Cómo hacer entonces para vigilar de una manera eficaz que no se excedan los límites de ingreso y gasto que prevé la ley? ¿Cómo superar la desconfianza de los ciudadanos que perciben que no se cumple con la ley en esta materia?

El problema mayor no es con el gasto que se registra en los sistemas de cómputo del INE ni con los proveedores que lo hacen, ya que una tarea adecuada de revisión garantizará que, aunque la Unidad de Fiscalización tenga alcances limitados, la mayor parte del gasto registrado por lo menos siga la normatividad que exige la ley.

El problema es que existe un componente ilícito, que, como en los casos de corrupción, se trata de actos clandestinos hechos para no ser detectados por auditorías normales y que pasan desapercibidas porque ni siquiera están al alcance de los fiscalizadores.

Por ejemplo, la entrega de recursos en efectivo no reportados a los actores políticos; ese dinero difícilmente se detecta con una revisión de auditoría.

¿Cómo seguirle la huella a todo el dinero o a las aportaciones en especie que fluyen hacia las campañas y que no se reportan? ¿Qué hacer en el caso de uso, coacción y compra del voto con recursos públicos de los tres órdenes de gobierno?

La tarea de garantizar que no se excedan los ingresos y gastos no es una responsabilidad única del INE.

Debido a la naturaleza del fenómeno, se requiere que la FEPADE y la PGR, como instancias investigadoras que apliquen toda la capacidad que tienen para perseguir este tipo de delitos electorales.  

Se requieren capacidades policíacas de investigación para encontrar los movimientos clandestinos de dinero.

Ante el tamaño del reto, es necesario que todas las instancias encargadas de vigilar los procesos electorales actúen de manera coordinada y pidan la participación de la sociedad civil, instancias internacionales de observación electoral y agencias de otros países que ayuden en los procesos de revisión y fiscalización.

Fortalecer la fiscalización


Algunas ideas que el INE podría establecer o solicitar para fortalecer la fiscalización de los recursos de las campañas podrían ser:

1.    Reforzar vigilancia. La Unidad de Fiscalización del INE y la FEPADE deben recibir recursos de emergencia para el proceso electoral, cubrir vacantes a la brevedad y establecer programas de contratación temporal.

2.    Transparencia. No solo hacer pública información de ingresos y gastos de partidos y candidatos independientes, sino tener una estrategia de transparencia proactiva.

3.    Compromiso. Comprometer a líderes de partidos a firmar en público un compromiso por la legalidad y mantenerles al tanto de cualquier irregularidad detectada para que tomen medidas correctivas.

4.    Denuncias. Fortalecer el sistema de denuncias públicas para que toda la población coadyuve en el proceso de vigilancia.

5.    Usuario simulado. Utilizar estos esquemas para detectar posibles irregularidades en procesos de alto riesgo.

6.    Auxiliares. Contratar un gran número de observadores que ayuden a vigilar el flujo de los recursos en la elección. Pueden ser voluntarios reclutados en instituciones de educación superior.

7.    Independencia. Garantizar la absoluta independencia a los titulares de las instituciones encargadas de vigilar los recursos y libertad para actuar plenamente sin estar sujetos a la presión de los sujetos obligados.

8.    Blindaje electoral. Establecer convenios con los gobiernos federal y estatales para que sus órganos internos de control establezcan programas específicos para vigilar el que no se usen recursos públicos en las campañas. Estos programas a su vez deberán ser auditados para garantizar su eficacia.

9.    Blindaje contra la delincuencia. Solicitar el apoyo de las fuerzas armadas y las de seguridad pública junto con los organismos de inteligencia del Estado para vigilar con operativos especiales que no haya aportaciones del narcotráfico en áreas sensibles del país.

10. Blindar proveedores. Identificar a todos los proveedores de espectaculares, despensas, propaganda, material publicitario, transporte, eventos y otros sectores que participen en el proceso electoral y firmar un convenio con ellos, comprometiéndolos a vigilar el proceso y denunciar cualquier gasto de procedencia ilícita.

11. Esfuerzo coordinado. Es necesario que las instituciones del Estado mexicano que puedan colaborar en prevenir los actos ilícitos de financiamiento y gasto de campaña, contribuyan con programas dedicados a este propósito. Deberían participar la Unidad de Inteligencia Financiera, la Auditoría Superior de la Federación y sus equivalentes estatales, la Secretaría de la Función Pública y sus equivalentes a través de sus órganos internos de control y el Sistema de Administración Tributaria (SAT), entre otros.

12. Testigos sociales. Contratar testigos sociales en cada una de las entidades federativas, pagados por el INE, con la tarea específica de seguir el gasto de las campañas.

13. Lavado de dinero. El INE deberá cooperar muy de cerca con el SAT, la UIF, PGR, colegios de notarios e instancias internacionales para detectar esquemas de lavado de dinero relacionados con actividades electorales.

14. Apoyo internacional. Buscar un organismo internacional fiscalizador que apoye en las labores de vigilancia de ingreso y gasto, junto con observadores internacionales del proceso para que participen en eacultad, modificar la legislacirificar que no est supervisando que funcionen adecuadamente.l proceso electoral.

15. Control interno. Fortalecer los mecanismos de control interno de los sujetos obligados, supervisando que funcionen adecuadamente.

Credibilidad de la #Elección2018 está en juego
















Seguir la huella de los recursos ilícitos usados en las campañas electorales es muy difícil. Sin embargo, los ciudadanos perciben que los partidos gastan más de lo autorizado.

Cambiar esa percepción requiere operativos que den más confianza a los ciudadanos.

Pero esto rebasa las capacidades de fiscalización que tiene actualmente el INE y requiere técnicas de investigación que van más allá de las auditorías; se requieren técnicas de investigación criminal y de lavado de dinero para lo cual es necesario que las instituciones que tienen esas capacidades hagan su tarea.

Está en juego la credibilidad de un proceso electoral que se prevé muy competido en 2018

@octaviodiazg | @OpinionLSR | @lasillarota




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