La reforma política instrumentada en el año de 1977, implicó una serie de cambios legales que establecieron una nueva estructura organizacional de nuestro sistema político electoral. El artículo 41 de nuestra constitución política estableció a los partidos políticos como “entidades de interés público”, cuyas obligaciones y derechos quedaron definidas con la recién creada Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procedimientos Electorales (LOPPE), con la que, dicho sea de paso, se inicia desde entonces, una nueva era electoral que hasta nuestros días no ha concluido.
Dicha norma electoral establecía dos vías que garantizaban la convivencia y coexistir de los partidos políticos por un lado, y por el otro, la obligación que tenían de rendir cuentas; situación que, en términos generales, subsiste hasta nuestros días. En el primer caso, los partidos políticos fueron durante mucho tiempo, hasta la reforma político electoral federal de este año en donde se permiten las candidaturas independientes, la única vía de acceso a cargos de representación popular; en el otro supuesto, dichas instancias de interés público como tales, reciben recursos públicos y por ende deben de rendir informes sobre el curso que dan a dichos recursos.
En tal virtud, hace unos días, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), su máximo órgano de decisión, determinó imponer diversas sanciones a los partidos políticos, motivo de diversas irregularidades encontradas en la revisión de los informes mencionamos que, de forma anual (estamos hablando del ejercicio fiscal 2013), deben de entregar los partidos a la autoridad electoral sobre sus ingresos y el destino de los mismos.
Las sanciones interpuestas por el INE se basaron en el dictamen y el proyecto de resolución elaborado por la unidad Técnica de Fiscalización bajo un reglamento de fiscalización aún no actualizado a las reformas constitucionales y legales, y sancionado por el Consejo General del INE que determinó imponer multas que ascienden a más de 104 millones de pesos divididos entre los siete partidos políticos que en 2013 contaban con registro nacional. Dicho monto obedece a la identificación de más de 250 faltas de forma y más de 70 de fondo.
De las primeras, destaca la falta y omisiones de documentación soporte de los ingresos y egresos, y errores en la contabilidad efectuada principalmente.
De las de fondo, resaltan las deficiencias en la correcta comprobación de gastos, aportaciones de personas prohibidas, cuentas por cobrar pendientes con antigüedad de más de un año; no cumplir con la obligación de destinar el monto legal establecido para actividades específicas, entre otras.[1]
En consecuencia, observamos que los siete partidos políticos fueron sancionados, es decir, no hubo uno sólo que se fuera limpio. Del monto total de la sanción interpuesta por el INE que ya referimos, el PRD encabeza la lista, ya que integra alrededor del 50% del total de la sanción total impuesta a los siete partidos políticos, con más de 52 millones de pesos, seguido por el PRI por 29 millones, es decir el 28%; el PT fue sancionado con más de 11 millones de pesos (el 11%); siguiéndole el PAN con 8 millones de pesos (el 7%); Movimiento Ciudadano con 2.8 millones de pesos (3%); Nueva Alianza con casi 900 mil pesos y el PVEM con casi medio millón de pesos. En la siguiente gráfica puede apreciarse de menor manera lo aquí referido.
Pero el asunto no para ahí. El INE, derivado de diversas inconsistencias detectadas, ordenó a la Unidad de Fiscalización realizar diversos procedimientos de investigación de forma complementaria que en su oportunidad, podrían derivar en algunas nuevas sanciones.
La respuesta no se hizo esperar por parte de los representantes de los partidos políticos que seguramente harán lo propio ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quién tendrá en todo caso, la última palabra. No obstante, me parece que la fiscalización es hoy el principal tema de agenda en el rubro electoral como lo fue en su momento la construcción del padrón electoral y la lista nominal de electores.
La fiscalización es hoy un mecanismo que no sólo transparenta la utilización de los recursos públicos y su adecuada administración por parte de los partidos políticos, sino genera además, que quien comete violaciones a la Ley esté obligado a acatar las sanciones que la autoridad fije, lo que permite que se establezca un mejor equilibrio entre las instancias políticas.
Pero tal vez lo más relevante del caso sea la gama tan variada de inconsistencias menores y mayores de algunos partidos políticos; curiosamente, los de mayor representatividad electoral. Por ello, son los propios partidos los primeros que deben de estar preocupados por dichas faltas a las reglas que sus propios legisladores determinaron en las leyes en la materia. Pero también, los ciudadanos deben de exigir mayor atención y pulcritud en la obligación que tienen los partidos políticos de presentar sus informes anuales de ingresos y egresos que, al final de cuentas, son recursos públicos, es decir, de la sociedad en su conjunto.
Estamos ya encaminados en el proceso electoral 2014-2015 y podría ser una extraordinaria oportunidad para los partidos políticos y para la autoridad electoral de integrar un auténtico sistema de fiscalización en donde la auditoría que se practique a los diversos actores de la competencia electoral de un nuevo cauce a estos eventos, es decir, que existan sanciones mínimas o bien sólo de carácter administrativo. La verdad lo dudo. Al tiempo.
[1] Recomiendo revisar la discusión dada al tema que se encuentra en la página del INE: Ver PDF