Uno de los principales temas en relación con la materia electoral es, sin duda alguna, la equidad en las contiendas. Una de las formas en las que debe procurarse y garantizarse la equidad es la fiscalización de los recursos de los partidos políticos y candidatos. La autoridad y la ciudadanía debemos conocer con total transparencia cada peso que entra a las arcas de los partidos políticos, cada peso que sale y en qué se gasta.
La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos es uno de los pilares de la democracia electoral en México. Derivado de los plazos y etapas del procedimiento para la revisión de los recursos, en dinero y en especie, de los institutos políticos y de la cantidad de información que la autoridad debe auditar, las fechas en las que se daban a conocer los resultados de las revisiones, las irregularidades detectadas y las sanciones a que se hacían acreedores los partidos políticos, no llegaban con oportunidad y la ciudadanía no podía conocer, de manera cercana a una elección, el comportamiento de cada partido y candidato en las campañas electorales. Estos resultados llegaban más de un año después de la jornada electoral.
Para reducir estos plazos hacían falta dos cosas: una regulación que acortara el procedimiento de revisión y que se dotara a la autoridad con más y mejores herramientas para realizar esta tarea. Las dos cosas empiezan a resolverse. La legislación electoral vigente reforma el procedimiento de fiscalización y dota a la autoridad fiscalizadora de nuevos elementos para realizar sus funciones. Acorde con lo anterior, con fundamento en el artículo 191, párrafo 1, inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó esta semana un acuerdo por el que se avala el plan de trabajo para el desarrollo del Sistema en Línea de Contabilidad de los partidos políticos. Por medio de este sistema la autoridad electoral conocerá cada movimiento en las cuentas contables y bancarias de los institutos políticos, aspirantes, precandidatos y candidatos, en el momento en el que se lleven a cabo.
Una fiscalización en tiempo real. Una propuesta de varios que, como yo, han tenido contacto directo con las finanzas y administración de los partidos por varios años. Una fiscalización que no se encuentre subordinada a la información que le proporcionen los partidos políticos, a la revisión de los documentos que éstos entregan y, sobre todo, que no dependa de los plazos en que deben hacerse, por ley, las revisiones a los informes presentados por los partidos políticos. Una fiscalización en tiempo real es aquella que no depende exclusivamente del flujo de información proporcionada por los partidos políticos hasta el momento en el que deben presentar sus informes, por el contrario, es una en la que la autoridad acompañará a los partidos en cada movimiento que hagan relacionado con el manejo de sus recursos sin tener que esperar al final del trimestre, del año, de una precampaña o campaña electoral para conocer la administración de los ingresos y egresos de cada partido o candidato sin incidir en sus estrategias o formas de trabajo.
Conocer los movimientos financieros de los partidos políticos permite no solo tener una autoridad con mejores elementos para revisar a fondo los recursos de los partidos políticos, también permite orientar y recomendar a los institutos políticos el mejor manejo de sus cuentas con la finalidad de no incurrir en irregularidades que, a la postre, podrían tener como consecuencia la aplicación de alguna sanción. La autoridad electoral fiscalizadora actuaría así previniendo y evitando la comisión de infracciones por parte de los sujetos regulados. La prevención es uno de los elementos esenciales de una buena fiscalización.
Sin duda, se tendrá que ir evaluando cómo funciona este sistema y realizando los ajustes necesarios. Hay muchas cosas que faltan por hacer en materia de fiscalización. Una que dará más dientes a la autoridad para conocer cualquier operación de los partidos políticos es aquella reforma legal que obligue a las autoridades hacendarias del país a estar en permanente y continuo contacto con la autoridad electoral. No me refiero solamente a la información que por escrito solicite la autoridad electoral respecto a un asunto en concreto, sino a aquélla respecto de cualquier ciudadano o empresa que tenga operaciones con un partido político o candidato sea reportada a la autoridad electoral en el momento que sea detectada. Así, la información para fiscalizar los recursos de los partidos sería más completa en la medida en que se va cerrando el círculo de la fiscalización en torno a las actividades realizadas por los institutos políticos. Adicionalmente, los partidos sabrían de antemano que las operaciones que realicen con terceras personas serán hechas del conocimiento de la autoridad electoral y no habrá espacio para no reportar algunas operaciones, para entregar facturas de proveedores distintos, por diferentes montos o documentación apócrifa. Desafortunadamente, ese paso no se dio en las leyes secundarias emitidas el pasado mayo, esperemos que en una próxima reforma se posibilite a que la autoridad electoral conozca cualquier actividad de un partido político sin importar la instancia del ejecutivo u órgano autónomo que conozca o detente esa información.
Una adecuada fiscalización de los recursos de los partidos políticos abona en la cultura de la transparencia y rendición de cuentas. La revisión de los recursos de los partidos políticos es un tema en constante evolución. Los reclamos ciudadanos acerca del financiamiento público que reciben los partidos políticos deben propiciar una minuciosa fiscalización acompañada de institutos políticos que informen puntualmente a sus electores sobre el manejo de todos los recursos con los que cuenten.