Opinión

Fiscalización a medias

Los recursos utilizados en las campañas electorales provenientes del financiamiento ilícito, constituyen tarea pendiente de las autoridades electorales. | Carla Humphrey

  • 12/07/2019
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Esta semana el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el dictamen consolidado y el proyecto de resolución respecto de los ingresos y gastos relacionados con las elecciones 2019.

Las elecciones 2019 en diversas entidades de la república mexicana y las elecciones extraordinarias en Puebla sometieron a votación del electorado 166 cargos de elección popular, para los que fueron registradas 866 candidaturas y casi la totalidad de ellas, 98 por ciento de conformidad con los datos del INE, cumplieron con la obligación de presentar los informes que mandata la ley ante la autoridad nacional electoral.

Respecto a los datos reportados por la autoridad electoral, la totalidad de ingresos registrados por partidos, coaliciones y candidaturas sumaron 509 millones de pesos, mientras que los egresos reportados suman 504 millones de pesos.

Una vez concluida la revisión por la Unidad Técnica de Fiscalización del INE que fue aprobada por la Comisión de Fiscalización y por el Consejo General, se aprobó imponer en conjunto sanciones por casi 85 millones de pesos a los sujetos obligados al encontrar 47 conductas con las que se infringía la normatividad electoral en materia de financiamiento y fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos.

Entre las irregularidades que con mayor frecuencia detectó el INE se encuentran los reportes fuera de plazo de diversas operaciones; aportaciones mayores a los límites establecidos por las leyes aplicables; la falta de reporte de diversos egresos; así como la falta de registro de egresos relacionados con pagos a representantes de casillas de los partidos políticos o coaliciones.

Para el adecuado ejercicio de sus funciones, la autoridad nacional electoral requirió mediante 473 solicitudes diversa información al Servicio de Administración Tributaria, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Unidad de Inteligencia Financiera, entre otras, con la finalidad de determinar el origen y destino de los ingresos reportados en los informes presentados por los partidos políticos, y las y los candidatos.

Por otra parte, funcionarios de la autoridad electoral acudieron a verificar 1,357 eventos de campaña notificados por los partidos políticos y coaliciones, con la finalidad de corroborar los recursos erogados por los sujetos obligados en cada uno de estos eventos y que se desprenden de las casi 24 mil operaciones registradas en el Sistema Integral de Fiscalización.

El INE cuenta, además, con diversos sistemas que le permiten verificar la veracidad de los recursos reportados por partidos y candidaturas en sus informes de ingresos y gastos en propaganda en páginas de internet, redes sociales, anuncios espectaculares y medios impresos.

La única autoridad con atribuciones para fiscalizar cada peso que entra y sale de las arcas partidistas fuera o dentro de las campañas electorales, es el INE. Sin embargo, el enorme reto para nuestro país se encuentra en el control y fiscalización de los recursos que son utilizados por los partidos y candidaturas y que no son reportados a la autoridad electoral. Los recursos utilizados en las campañas electorales que provienen del financiamiento ilícito, del crimen organizado o que son lavados en las campañas electorales constituyen la tarea pendiente de las autoridades electorales con la finalidad de garantizar elecciones libres, democráticas y equitativas en nuestro país.