Opinión

Fiscalización a medias

El reporte de gastos de los partidos políticos es uno de los pilares de nuestro sistema electoral

  • 21/07/2017
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Terminó, a medias, la fiscalización de los informes de campaña de partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes. Tal como se señaló el viernes por la tarde en la sesión pública del Consejo General del Instituto Nacional Electoral que fue suspendida para reiniciarse este semana, el pasado lunes el máximo órgano de dirección del INE, analizó discutió y votó el Dictamen Consolidado y el Proyecto de Resolución presentados por la Comisión de Fiscalización.

La sesión que fue suspendida durante todo el fin de semana y que sirvió para que, completamente fuera del proceso establecido en la ley para la fiscalización, los partidos políticos resolvieran “dudas” con el titular de la Unidad Técnica de Fiscalización.

La reforma político electoral de 2014 puso énfasis en la equidad y transparencia de los recursos utilizados en las contiendas electorales. Con la finalidad de conseguir un adecuado ejercicio de rendición de cuentas, los plazos para conocer los resultados de la revisión de los informes de campaña de los sujetos obligados se redujeron de manera importante.

La determinación tomada en el seno del Consejo General del INE, de abrir un procedimiento oficioso con la finalidad de determinar el monto efectivamente erogado por los partidos y coaliciones el día de la jornada electoral respecto a sus representantes generales y de casillas, echó por tierra el objeto de la reforma constitucional de 2014. Sin importar que el INE señale que ya concluyó con la revisión de los informes de campaña, lo cierto es que es una fiscalización incompleta derivado de que, en primer lugar, los partidos omitieron reportar dichos gastos y, en segundo, que esos gastos deberán necesariamente sumarse a los gastos de campaña ya fiscalizados.

La acción del INE deja a la Sala Superior sin los elementos necesarios para resolver las sanciones jurídicas aplicables a los rebases de topes de gastos de campaña detectados que, de manera milagrosa y a consecuencia de la actuación del INE, bajaron del 31% en el caso del candidato ganador en las elecciones de Coahuila y del 26%, tratándose del segundo lugar en la elección, a 8% y casi 5%, respectivamente.

Uno de los pilares de nuestro sistema electoral es, sin lugar a dudas, la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos, particularmente durante las campañas electorales. La determinación del INE sienta un precedente desafortunado respecto a la revisión de informes y a las consecuencias jurídicas que deben aplicarse a  las irregularidades detectadas. Esta decisión no sólo alarga los plazos en los que se lleva a cabo el procedimiento de fiscalización sino que, además, genera incertidumbre respecto a la forma en la que se toman determinaciones de gran relevancia, al interior del máximo órgano de dirección de ese Instituto.

La actuación de las autoridades electorales en nuestro país de cara a las elecciones más complejas en nuestra historia democrática en 2018, debe ceñirse estrictamente a la ley, ser transparente y abierta al escrutinio público.

Dos lecciones aprendimos de esta revisión de informes. La primera, que entre los partidos y coaliciones la costumbre más socorrida consiste en esconder los gastos que realizan a las autoridades electorales, dado el alarmante monto de recursos no reportados y, segunda, que la fiscalización no concluye en los plazos establecidos por la normatividad aplicable. Es una fiscalización a medias.

@C_Humphrey_J


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