El 27 de abril, Francisco Almazán Barocio, jefe general de la Policía de Investigación de la Ciudad de México, fue informado del traslado de Juan “N”, de la Fiscalía de Iztacalco, al Reclusorio Oriente, a bordo de la unidad E81-ALL. El detenido presentaba “síntomas leves de fiebre, tos y debilidad de cuerpo”.
En su tarjeta informativa, los agentes precisaron que tomaron las precauciones necesarias, a pesar de que “la institución no proporciono (sic) guantes de protección, asignando solamente una careta de mica para un grupo de tres agentes, así como un traje de bioseguridad desechable para tres agentes, el cual ya fue usado y desechado”, por lo que tuvieron que comprar sus propios equipos de protección. Se quejan además, de la pésima calidad de los materiales proporcionados.
En su reporte, los oficiales afirman que el detenido fue ingresado a la “zona de cuarentena” del Reclusorio Oriente y que allí mismo fueron notificado de su padecimiento; sin embargo, el imputado “tuvo contacto directo con los oficiales secretarios en turno”.
Personal de la Dirección de Defensoría Pública de la Ciudad de México señala que las fiscalías —particularmente en Cuauhtémoc— no tienen precaución con los indiciados que se encuentran en galeras agotando las 48 horas constitucionales para definir su situación jurídica. Los médicos legistas no tienen la capacidad para detectar covid-19 y a los detenidos no se les proporciona equipo de protección —mascarillas, cubrebocas, guantes—, ni existen protocolos de sanitización de los inmuebles.
Por otro lado, la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en la alcaldía de Cuauhtémoc se encuentra acéfala, pues su titular, Víctor Manuel Castro Martínez y su secretario particular, Germán López Rodríguez han dado positivo a covid-19, lo mismo que los responsables de agencia: Efrén Navarro Escalante y Gerardo Antonio Moreno Trejo. Estos servidores públicos tuvieron contacto con personal de turno y de judicialización, por lo que es probable que algunos de sus compañeros hayan sido contagiados.
La semana pasada falleció el perito en balística Arturo Hernández Mendoza, mientras que su esposa, la perito en criminalística y supervisora de zona, Carmen Cruz Cruz se encuentra hospitalizada. También se tiene registro del deceso del jefe de Grupo, encargado del área de galeras, en la coordinación territorial Cuauhtémoc-2, José Luis Medrano Corona y del policía de investigación, compañero en la guardia de éste, Fernando Álvarez Valencia.
En Gustavo A. Madero, Alejandro Lazcano Martínez, auxiliar del Ministerio Público del turno 2 ha dado positivo a covid-19, por lo que se encuentra en cuarentena en su domicilio.
Las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se han negado sistemáticamente a aplicar la prueba de covid-19 a sus trabajadores, a pesar de que han fallecido al menos seis elementos de la corporación. La semana pasada dimos cuenta en este espacio del deceso de Esly Ari Sauza, oficial secretario del turno 2 en Álvaro Obregón, Héctor García Lupercio, agente de investigación y Obed Santiago Obregón, asesor jurídico comisionado en la fiscalía de Homicidios.
“Se limitan a enviar a un médico para que les tome la temperatura a los empleados y sólo en caso de presentar un cuadro clínico sospechoso les permiten solicitar un “código covid-19” para que resulte procedente la incapacidad”, dijo un agente del Ministerio Público.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió un pronunciamiento relativo a la vulnerabilidad de las personas en reclusión en el país frente a la pandemia. Reconoce la existencia de 27 casos. Hace un llamado a las autoridades competentes “para atender el alto riesgo de convertirse en puntos susceptibles de contagio”, pero la evidencia exhibe la negligencia con la que se conducen las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que encabeza Ernestina Godoy Ramos, particularmente la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Desconcentradas, cuya titular es Maribel Bojorges Beltrán.