La decisión de la Comisión Permanente del Partido Acción Nacional para impedir que el actual Procurador se convierta en automático en Fiscal General de la Nación por un periodo de 9 años, así como la publicación de diversas notas periodísticas en las que se insinúa – pues no se formulan acusaciones directas – que la familia política de Ricardo Anaya se benefició de las posiciones que este ha ocupado para incrementar su patrimonio, y que la dirigencia del PAN ha atribuido a una ofensiva del gobierno, han tensado mucho la relación en vísperas del inicio del periodo ordinario de sesiones del Congreso, de la presentación del Quinto Informe del Presidente Peña Nieto y del arranque formal del proceso electoral.
Probablemente esto no sea más que el preludio de la crispación política que viviremos durante los próximos meses pero independientemente de ello, o del origen de las notas, las reacciones de la dirigencia del PRI y de sus legisladores evidencian su enojo ante la posición del PAN, así como su intención de designar al frente de la Fiscalía a Raúl Cervantes – o en su defecto a alguien que les sea afín – con lo que la pretendida autonomía se vería seriamente afectada.
Es cierto que el PRI y sus aliados requieren tan sólo de unos cuantos votos – o de convenientes ausencias de legisladores de oposición – para aprobar la Ley de la Fiscalía General y con ello se haga la declaratoria correspondiente para que, quien en ese momento ocupe el cargo de Procurador, asuma la titularidad de la nueva Fiscalía e incluso han llegado a afirmar que pudieran reunir la mayoría calificada, pero me parece que un tema de tal trascendencia no debe abordarse como una disputa partidista o reducirlo a un juego de fuerzas.
De hecho, la insistencia del PAN para que se elimine el paso automático a pesar de que había sido aprobado por casi todos los grupos parlamentarios – cometieron un error pero qué bueno que rectifiquen – en realidad responde a una exigencia ciudadana ante su hartazgo por la corrupción, la impunidad y las complicidades entre la clase política, lo que motivó también a que hace poco menos de un año, Peña Nieto enviara al Congreso una iniciativa de reforma constitucional que aún ni siquiera inicia su discusión en comisiones.
Es decir, el PRI está operando con todo para reunir los votos suficientes e imponer al Fiscal General, pero paradójicamente no hizo el menor esfuerzo por impulsar una propuesta del propio Presidente. Que cada quien saque sus conclusiones, pero cuando menos parece que se trató de una mera simulación.
Coincido con quienes argumentan que la discusión central debe darse en torno al diseño institucional para garantizar una fiscalía capaz, independiente, profesional, sensible a los derechos de las víctimas y que no reproduzca los vicios de la Procuraduría como lo demandaron empresarios, académicos, periodistas y representantes de organizaciones que integran los colectivos #VamosporMás y #FiscalíaQueSirva, pero sería ingenuo restar importancia al nombramiento de quien la encabece pues en buena medida de ello depende también su grado de autonomía y manda un mensaje a la sociedad que no cree en las instituciones ni en los políticos.