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Fiscal de la impunidad: el pase automático

Es lamentable que en nuestro país tengamos una mayoría en el Senado servicial a los intereses del Ejecutivo

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Escrito en OPINIÓN el

Los datos que arroja el Índice Global de Impunidad 2017 elaborado por el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de las Américas Puebla son alarmantes y confirman la crisis de inseguridad, violencia y afectaciones a los derechos humanos ligada a la impunidad que vivimos en el país.

Como lo señala el Índice Global de Impunidad 2017: “Altos índices de impunidad pueden traducirse en problemas de desigualdad socioeconómica, desigualdad jurídica ante la ley, problemas de Estado de Derecho, desarrollo económico insuficiente, dificultades para la atracción de nuevas fuentes de inversión extranjera y turismo, así como mayores violaciones a los derechos humanos”.

“La impunidad, señalan en sus conclusiones, es un problema que afecta el funcionamiento de las instituciones del Estado. Los países democráticos han enfrentado serias dificultades para erradicarla, ya que implica un acceso equitativo a los sistemas de seguridad y justicia, castigar los delitos con procesos eficientes y transparentes, y apegarse a los derechos humanos en los procesos penales.

En teoría, los estados modernos deben ser capaces de ejercer dos áreas fundamentales: el ejercicio de la fuerza pública y la procuración y administración de la justicia. En los denominados “Estados fallidos” podemos observar que la ausencia de un verdadero Estado de derecho provoca distorsiones sociales, como altos niveles de violencia, surgimiento de grupos de autodefensa, violaciones masivas a los derechos humanos, altos niveles de desigualdad económica y problemas de corrupción”. [1]

Según dicho estudio México tiene 69.21 puntos en sus indicadores y en tal sentido ocupa el cuarto lugar en impunidad en el mundo y el deshonroso primer lugar en impunidad en América Latina.

A partir de esos datos y el ascenso de la criminalidad en el país, la Titularidad del ministerio público federal encarnada en la Procuraduría General de la República (en lo sucesivo Fiscalía General de la República, de conformidad con la reforma al artículo 102 de la Constitución Política de la República) se vuelve estratégica y fundamental para reconstruir el Estado de derecho. Sin embargo, la definición del próximo Fiscal General se ha convertido en un batalla entre la pretensión del gobierno federal de imponer un Fiscal a modo, que les garantice impunidad más allá del presente sexenio y las resistencias de una gran parte de la oposición a que el Presidente Peña Nieto deje en el cargo a Raúl Cervantes Andrade (situación que por cierto debieron prever cuando por 82 votos a favor, tres en contra y una abstención lo eligieron en Octubre del año pasado).

El puesto de Fiscal General será uno de los encargos públicos con mayor influencia en el país, pues como titular del Ministerio Público de la Federación podrá ejercer la acción penal; además de contar con el mando policiaco y control de sistemas de inteligencia y espionaje para combatir el crimen organizado.

La reforma constitucional que convierte la actual PGR en la Fiscalía General debe ser analizada a la luz de las implicaciones políticas que giran en torno a la misma y que, en esencia, estriban en lo que popularmente se ha sido llamado “pase automático”. Debo señalar que en mi calidad de diputado federal de la LXII voté en contra de esa modificación a nuestra Carta Magna, el artículo transitorio que plantea el llamado “pase automático” para nombrar al Fiscal General fue un cheque en blanco que en el idilio del Pacto por México le otorgaron al Presidente de la República para que nombrará un Fiscal afín a sus intereses transexenales.

¿Qué es el “pase automático”?, para aclarar este punto, es necesario remontarnos al contenido del artículo décimo sexto transitorio del Decreto que contiene la reforma constitucional, en el cual se señala que el Procurador General de la República que se encuentre en funciones al momento de expedirse la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República, quedará designado como Fiscal General de la República por un periodo de 9 años.

La vulnerabilidad que implica el “pase automático ha sido aprovechada por el partido en el poder, que pretende construir con sus aliados una mayoría en ambas cámaras del Congreso de la Unión, para heredar, antes de terminar el sexenio, una Fiscalía General de la República que les cubra las espaldas a su salida de “Los Pinos”.

Para arribar a esta conclusión basta con echar un vistazo a la figura del actual titular de la PGR, Raúl Cervantes Andrade, y su estrecha relación  con el Partido Revolucionario Institucional que data desde 1997, con su incorporación formal al PRI; ha sido diputado federal y abogado del tricolor; sin contar que actualmente es Senador de la República con licencia.

La estrecha vinculación entre Raúl Cervantes Andrade y el partido en el poder ha desencadenado el descontento social, pues se advierte una clara ambición, similar a la intentada por Javier Duarte en Veracruz, para cuidar los intereses de uno de los gobiernos que ha sido fuertemente criticado por sus excesos y casos de corrupción.

Por otra parte, la iniciativa enviada por el Ejecutivo para modificar el “pase automáticono es otra cosa que una tomadura de pelo, el hecho de que el Senado la mantenga en la congeladora legislativa, no es casualidad, es parte de ese doble discurso con el que la clase política priista pretende vernos la cara, pues para todos es claro el trasfondo del asunto, nada se mueve en Congreso si no cuenta con el aval de “Los Pinos”.

Es lamentable que en nuestro país tengamos una mayoría en el Senado servicial a los intereses del Ejecutivo y no del pueblo que los eligió, cubriéndose las espaldas unos a otros, fomentando la impunidad a costa de socavar las instituciones del Estado y el futuro de los mexicanos.

@RicardoMeb

[1] http://www.udlap.mx/cesij/resumenejecutivo.aspx