El reciente anuncio que hizo el INE sobre un monto superior a los 6,700 millones de pesos que recibirán los partidos políticos en 2018 y, en mucho menor medida las candidaturas independientes, tan sólo por concepto de financiamiento público federal –pues además se destinará una cantidad de aproximadamente 6 mil millones a nivel local – y que representa el presupuesto más alto en la historia en nuestro país, generó una gran indignación y todo tipo de críticas al ser calificado como excesivo, ofensivo, cínico, improductivo.
La reacción es natural, sobre todo si consideramos el desprestigio de los partidos que ocupan los últimos lugares en los niveles de confianza entre la población, la insatisfacción con la democracia (que de acuerdo al informe de Latinobarómetro es de 19%), así como los escándalos de corrupción y la difícil situación económica por la que atraviesan millones de familias.
Pero lo que no se justifica es que la mayoría de las críticas hayan sido enderezadas contra el INE cuando lo único que hizo fue aplicar una fórmula que los mismos partidos, a través de sus legisladores, introdujeron en la Constitución (artículo 41) para calcular el monto presupuestal que corresponde a cada uno y que ni siquiera la Cámara de Diputados puede modificar sin una reforma constitucional previa (desde hace algunas legislaturas se han presentado varias iniciativas en ese sentido, pero como era de esperarse siguen congeladas).
Es decir, los partidos se blindaron para que bajo ninguna circunstancia se pueda reducir el financiamiento público que se auto – asignaron, por lo que no debe responsabilizarse de ello al Instituto Nacional Electoral, como tampoco que con cada reforma se haya complejizado nuestro sistema electoral incrementando sustancialmente el costo de las elecciones. Para dar un ejemplo, en menos de 10 años se le han impuesto al IFE – INE alrededor de 127 nuevas atribuciones que naturalmente demandan mucho mayor presupuesto.
Por supuesto comparto la necesidad de revisar el modelo de financiamiento una vez que concluyan los comicios presidenciales – en este momento es jurídica y materialmente imposible hacerlo ante el inminente arranque del proceso electoral el próximo 8 de septiembre –, pero debe ser a partir de una reflexión serena, analizando objetivamente la viabilidad y posibles efectos de las distintas alternativas y no producto de la coyuntura, como ha sucedido en muchas ocasiones y que no pocas veces ha resultado contraproducente. Para ello es importante tomar en cuenta que el financiamiento público se constituyó como uno de los principales factores para generar equidad en las contiendas y posibilitar la alternancia en nuestro país.
Ya se han puesto sobre la mesa de discusión distintas propuestas que van desde eliminar el financiamiento público para que cada partido consiga sus propios recursos y no sea una carga al erario – que puede ser muy popular, pero me parece que conlleva demasiados riesgos –; condicionar los recursos que se otorgan a los partidos en función de la votación obtenida en la elección anterior, impulsada por Pedro Kumamoto y Manuel Clouthier bajo el lema #SinVotosNoHayDinero; hasta prohibir el financiamiento privado, restringir los conceptos de gasto permitido y disminuir los topes de campaña estableciendo criterios claros. Por lo pronto debemos exigir a los partidos y sus candidatos que, con los cuantiosos recursos que recibirán, cuando menos resistan la tentación de aceptar “apoyos” de procedencia ilegal – que además les representa muchos compromisos posteriores – y se ajusten a lo permitido.