Reconocer el trabajo de cuidado es un tema pendiente en la política pública. Este trabajo se refiere a las actividades que se realizan para satisfacer las necesidades básicas de las personas que requieren atención social, física, psicológica y emocional. A través del cuidado se brindan elementos que les permiten a las personas tener una buena calidad de vida dentro de la sociedad.
En México, el trabajo de cuidado se realiza principalmente por mujeres y sin remuneración. En promedio, 51.2% de la población femenina lo realizó en 2020, destinándole 27.1 horas semanales, mientras que 44% de los hombres le destinaron 15.4 horas. Esto genera desigualdades que podrían atenderse a través de políticas públicas que alivien la carga del cuidado.
Un Sistema Nacional de Cuidados (SNC) en México garantizaría el cuidado digno en sus dimensiones económica, social, política, cultural y social a través de políticas y servicios públicos de calidad, accesibles y suficientes para la población que lo requiera. Sin embargo, el dictamen que lo crearía aún se encuentra en espera de ser atendido por el Senado de la República.
En el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) identificamos que dentro del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2022 existen 27 mil 169.9 millones de pesos (mdp) que podrían integrarse en el SNC. Este presupuesto prevé ser ejercido por nueve programas presupuestarios y dirigido a cuatro grupos de población: niñez, que concentra 76% de los recursos dirigidos al trabajo de cuidado; población en la que se incluye niñez, con 19.4% de dichos recursos, adultos mayores, con 1.1% y personas que requieren cuidado por su condición, con 3.4%.
Pese a ello, más de la mitad del presupuesto que se dirige a la niñez será ejercido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Lo anterior significa que el acceso a servicios públicos de cuidado para la niñez principalmente se brinda a hijos e hijas de trabajadores afiliados a alguna de estas instituciones. Además, existen otros programas ejecutados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) que presentan incrementos en su presupuesto. Dada la diversidad de ejecutores del gasto, para una atención integral del cuidado es necesaria la vinculación entre las instituciones.
Hasta ahora no se identifica presupuesto para el cuidado de personas con discapacidad. La Pensión para el Bienestar de las personas con Discapacidad otorga apoyos monetarios a este grupo de población; pero su objetivo no es facilitar el acceso a servicios de cuidado privados.
Por lo anterior, es necesario que el diseño de un SNC desvincule la provisión de servicios de cuidado del empleo formal e incluya a toda la niñez, así como a las personas adultas mayores y personas con discapacidad para garantizar el derecho universal al cuidado. Un SNC beneficiaría a toda la población ahora y en el futuro.
*Sunny Arely Villa Juárez
Directora de fortalecimiento institucional
Es directora financiera y de fortalecimiento institucional en el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria A.C. Se especializa en estudios del presupuesto y gasto público sectorial, economía de los cuidados, análisis de incidencia y prospectivos. Tiene experiencia en impulsar la Agenda 2030 a través de los datos abiertos y la participación ciudadana. Es doctoranda en políticas públicas; obtuvo la maestría en administración pública y política pública y es licenciada en economía por la Escuela de Gobierno del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Cuenta con estudios en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard y en el Instituto de Política Pública de la Universidad de Georgetown. Colaboró en el Centro Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, en el Centro para el Desarrollo Regional y Nacional, y como profesora del Tecnológico de Monterrey, el IPN y la UNAM. Trabaja por una sociedad mejor informada y más participativa en temas fiscales.
**Mireya Mondragón Cervantes
Investigadora
Economista por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó su servicio social en el Instituto Belisario Domínguez; formando parte de la Dirección General de Finanzas. Ha colaborado en publicaciones de dicho instituto, adquiriendo experiencia en la investigación de temas referentes a las finanzas públicas. Actualmente colabora en el área de gasto público en el CIEP. Se preocupa por un manejo correcto de las finanzas públicas para conseguir un impacto positivo en el bienestar del país.