Opinión

Financiamiento ilegal y crimen organizado, desafío electoral

Nuevos retos y preocupaciones. | Fernando Díaz Naranjo

  • 31/08/2020
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Cada proceso electoral tiene características diferentes en razón de reformas a su normativa, a los actores políticos participantes, a las atribuciones que le son conferidas a la autoridad electoral administrativa, así como a los órganos jurisdiccionales correspondientes, e incluso, por la coyuntura política, económica y hasta social que enfrenta la población, entre otros aspectos.

Por ello, ninguna elección se parece a la anterior; surgen nuevos retos y nuevas preocupaciones. Y justamente aquí quiero hacer una pausa para tratar de explicar los aspectos que han perturbado a nuestro sistema electoral.

Si partimos de la reforma político electoral de 1989-1990, luego de la polémica elección presidencial de 1988, tenemos como referencia la creación de un nuevo marco normativo en materia electoral que, en muchos aspectos, subsiste hasta nuestros días. Surgió el otrora IFE y, entre muchas atribuciones, destaco la de integrar, validar y actualizar todo lo concerniente al padrón y el listado nominal de electores, insumos base para la realización de las elecciones en nuestro país.

La construcción de estos productos, acompañados de otros tantos como la conformación de la cartografía electoral, llevó a que se esgrimieran dudas sobre la confiabilidad de dichos productos, así, por mencionar algunos ejemplos, encontramos cuestionamientos relacionados sobre ciudadanos duplicados, registros homónimos, desactualizaciones, etc.

Los principales cuestionadores en la construcción tanto del padrón como del listado de electores eran los partidos políticos a pesar de que la legislación electoral los incorporó como integrantes en las instancias registrales tanto a nivel distrital, local y nacional.

Al paso de los años ambos instrumentos fueron adquiriendo su solidez y confiabilidad al grado que el día de hoy no solamente es un instrumento para votar sino prácticamente se utiliza como medio de identidad nacional acreditada para la realización de diversos trámites, administrativos y hasta legales.

En tal virtud, hoy el padrón y el listado nominal no son las principales preocupaciones de los actores políticos o de la autoridad electoral, la mira ha cambiado de giro hacia un aspecto por demás de cuidado y que debe ser un referente de preocupación: el financiamiento ilegal hacia campañas políticas.

Hablar de financiamiento es un tema complejo. Actualmente, la legislación electoral dispone la garantía legal para que los partidos políticos cuenten con elementos suficientes para llevar a cabo sus actividades, bajo reglas de su financiamiento, debiendo, en todo caso, garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre el origen privado.

Para darnos una idea de lo que significa el tamaño de recursos que recibirán los partidos políticos y candidaturas independientes para la elección de 2021, el INE con base en las fórmulas que establece la legislación electoral ha determinado, apenas hace unos días un monto que asciende a 7,200 millones de pesos.

Consecuentemente y ante las facultades que el legislador le otorgó al INE en materia de fiscalización con la reforma constitucional de 2014, tanto de los procesos electorales federales como locales, deberá ser el gran vigilante del origen, monto, destino y aplicación que reciban los actores políticos por cualquier tipo de financiamiento y, en su caso, investigar las quejas que pudieran presentarse en materia de rendición de cuentas.

En este sentido, aquí es ahora donde la vista debe incidir por las instancias electorales y auditoras, para evitar el financiamiento ilegal, sobre todo en las campañas políticas y más aún, cuidar que no invada la esfera electoral el crimen organizado.

Pero esta responsabilidad no debemos de dirigirla sólo al INE, sino a todas las instancias participantes en un proceso electoral que incluye, entre otros, a los propios partidos políticos y candidatos.

¡Hasta la próxima!

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