En breve vendrá la “nueva” reforma electoral, y con ella seguramente se introducirán modificaciones importantes en las reglas del juego con miras al 2018, especialmente al modelo de comunicación político-electoral.[1]
Mientras todo esto pasa, en el Poder Judicial Federal se prepara un cambio igualmente importante, que tiene que ver con la renovación total de la Sala Superior del Tribunal Electoral.
Se trata de la elección de los siete magistrados que encabezarán la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en el país. De ellos dependerá un presupuesto anual de mil ochocientos millones de pesos,[2] la designación de un número importante de funcionarios electorales, y lo más importante de todo: las decisiones definitivas en la materia.
El martes de la semana pasada, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo 6/2016 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el cual se determina el procedimiento para integrar las ternas que la Corte propondrá al Senado de la República, de las que saldrán los nuevos magistrados electorales que ocuparán el cargo a partir del cuatro de noviembre próximo.
Según el acuerdo de la Corte, a más tardar el treinta de octubre de este año, la Cámara de Senadores deberá elegir a siete nuevos magistrados, de los cuales dos durarán en el cargo tres años, otros dos, seis años, y los tres restantes, nueve años.
Independientemente de las personas que sean electas para ocupar las sillas en la próxima composición del Tribunal Electoral, me parece importante revisar lo que hasta ahora ha hecho la actual integración de magistrados. Lo cual llevará tiempo y requerirá un análisis profundo y en detalle.
No obstante, de manera general podríamos señalar que en la presente integración, el Tribunal Electoral ha tenido claros aciertos tales como la obligatoriedad de las cuotas de género en la postulación de las candidaturas a cargos de elección popular, la introducción del Protocolo para Atender la Violencia Política de Género, la defensoría indígena, y la obligatoriedad del uso de lenguaje incluyente en la propaganda institucional y electoral, entre otros más.
Por otra parte, en su último tramo de la gestión, el Tribunal Electoral ha llamado atención pública por los enfrentamientos cada vez más frecuentes con el INE, y por algunas sentencias y criterios polémicos.
Tan es así, que diversos Consejeros Electorales del INE han hecho pública su molestia con lo que consideran el “cambio de criterios injustificados” de la Sala Superior, la tardanza para resolver asuntos, las incongruencias en algunas sentencias, e incluso la utilización de criterios de censura previa.
Por otra parte, ahí están algunos casos fuertemente criticados, como la reducción de las multas al PVEM, la resurrección del PT, el caso de David Monreal y la no aplicación de las reglas en materia de fiscalización, además del otorgamiento del registro a candidatos “independientes” que no cumplieron con los requisitos que establece la norma.
El Senado ya anunció que verá con mucho detenimiento la trayectoria y méritos de los candidatos. Por desgracia, ninguna de las credenciales que exhiban los aspirantes a Magistrados (as) nos puede garantizar que no incurran en los yerros de sus antecesores.
El hecho de ser el órgano final que decide los conflictos electorales en forma definitiva, les garantiza a los magistrados que integran la Sala Superior que ningún otro órgano jurisdiccional revisará sus decisiones, no importando lo malas o buenas que hayan sido. Sin embargo, el trabajo que desempeña ese órgano es revisado como ninguno otro en la materia, sus precedentes son adoptados como criterios de toma de decisiones por todas las autoridades del país, y está constantemente sujeto al escrutinio público. Ya veremos en la marcha del Tribunal Electoral si estamos ante un verdadero cambio de época electoral.
[1] Véase también “La inminente reforma electoral”.
[2] Para el ejercicio 2016, la Sala Superior cuenta con un presupuesto de $1,809,542,865 según datos publicados en el portal de transparencia de su sitio web, ver TEPJF - Presupuesto autorizado año 2016