La representación popular reside en el Congreso y su función es irrenunciable. Entre otras cuestiones, le corresponde decidir, por conducto de los diputados, el gasto público. La reforma para extinguir los fideicomisos pone en peligro aquello que le corresponde decidir a la representación.
El Congreso se coloca ante el peligro de su propio poder. Al cederle al presidente la decisión sobre el destino del presupuesto, renuncia a decidir; al renunciar se suicida como poder democrático.
Recojo una idea anunciada por Martín Vivanco en El Universal (“La mentira y el fraude a la Constitución de los fideicomisos públicos” del 8 de octubre): la abdicación de la potestad para decidir el gasto público.
No le falta razón a Martín para afirmar que se perfila un fraude a la Constitución. Las palabras son fuertes, pero las implicaciones las ameritan. Un argumento recurrente para justificar la decisión del Congreso para extinguir los fideicomisos se basa en la idea de que son las mayorías las que deciden y, por tanto, si la mayoría en el Congreso decide extinguirlos, concentrar los recursos en Tesorería para que el presidente los reasigne, tal decisión es legítima, se dice, por mayoritaria.
El argumento tiene un problema: se estaría decidiendo para no decidir. Esto es, la mayoría decide para que deje de decidir la representación popular.
Abundo: si se revisa el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2020, se encontrará, por ejemplo, que para el FONDEN se establecieron $ 3,353,000,000.00 de pesos (Ramo23), o bien, $ 20,000,000 para la protección y defensa de los derechos humanos. El PEF 2020 destina los recursos a los fondos cuya extinción se propone.
Hay pues: una decisión de la Cámara de Diputados que destina un monto presupuestal para un fin específico.
La propuesta de reforma tendría como efecto desconocer algo que ya decidió la Cámara de Diputados. Los montos ya decididos en su totalidad y sin que tengan ya el destino original, serán concentrados en la Tesorería para ser reasignados. Esto es, destinarlos a otro propósito (al ser excedentes podrían emplearse para pagar deuda o para cubrir cambios de costos financieros de obras de infraestructura).
Dicho claramente, el Congreso invalida su propia decisión y la sustituye por otra: es el presidente quien decide sobre los mismos recursos que la Cámara de Diputados lo había hecho, y, además, modificando el destino a discreción del presidente.
Se decide para no decidir.
Podría decirse que eso siempre se ha hecho y que el presidente ha tomado decisiones para recortar el Presupuesto, o para aumentar el gasto en determinados rubros, o bien, para resignar el gasto. Y eso, es cierto. Se ha hecho esto en otros sexenios y en eso no hay sorpresa.
Sin embargo, el hecho de que suceda ahora o antes, no impide señalarlo como problema, ni convalida la legitimidad constitucional de la decisión, por el contrario, la remarca.
No se está ante cambios marginales, no ante montos del gasto que en estricto sentido sean “excedentes”, esto es, ingresos superiores a los que se habían estimado obtener en un ejercicio fiscal. Tampoco se trata de un ahorro, o sea, recursos sobrantes una vez cubierta la necesidad a un menor costo.
Que las partidas para desastres naturales o para la protección de periodistas se concentre en Tesorería, deja necesidades que subsisten, pero a las cuales se les ha dejado sin coberturas. Hablar de excedentes es solamente un truco contable.
El resultado final es el de un gasto sin representación, porque la “Representación” ha renunciado a cumplir su función.
Hay también mayorías suicidas.