El terremoto del 19 de septiembre ha sacado lo mejor de los ciudadanos y lo peor de nuestra clase política. Poco más de dos semanas han pasado y los mexicanos hemos sido testigos de una suerte de competencia entre partidos políticos y sus ilustres militantes para ver quién obtiene el premio a la peor ocurrencia.
Los extremos están claros. Por un lado, la ciudadanía preocupada y volcada en ayudar a los damnificados y los partidos ansiosos por sacar tajada electoral de la desgracia. Los mexicanos hicieron patente que con independencia de los partidos políticos y sus integrantes, la fuerza ciudadana está por encima de sus ineficiencias, intereses particulares y de sus cálculos electorales.
Ante el reclamo ciudadano de que los partidos políticos reciben muchos recursos públicos, que no es nuevo, pero que caló más hondo por la situación de emergencia por la que atraviesa el país por terremotos e inundaciones, hemos visto a nuestros partidos y legisladores tomar dos rutas de acción. La primera, que tiene que ver con diversos mecanismos para que el financiamiento público de los partidos políticos sea destinado a los ciudadanos damnificados y, la segunda, con propuestas para reducir gastos mediante la supresión de escaños de representación proporcional.
En estas dos vertientes se han decantado las ocurrencias de los partidos políticos. Por el lado del financiamiento público, son los propios partidos políticos mediante sus legisladores los que han definido los tipos y fórmulas respecto al financiamiento. Conocen (o eso se esperaría al menos) que existen varios tipos de financiamiento con dos fuentes: el financiamiento de origen público y el de origen privado. Adicionalmente, establecieron en el texto constitucional que el financiamiento público prevalezca sobre el de origen privado y la fórmula para calcular los montos del financiamiento a los que tienen derecho. La fórmula, además, ha variado pero NUNCA para disminuir el monto de dinero que reciben. La fórmula vigente, copiada de leyes electorales como la del entonces Distrito Federal, no recorta los recursos de los partidos políticos, por el contrario, en términos reales los deja con más recursos en virtud de que ahora no pueden adquirir o comprar tiempos en radio y televisión. Por último, el marco constitucional y legal que diseña esta prerrogativa establece la forma en que deben ser utilizados los recursos de los partidos políticos.
Dicho lo anterior, hay dos cosas que resultan evidentes: los partidos políticos reciben importantes sumas de recursos de nuestros impuestos que, sin duda alguna, podrían reducirse y que cualquier modificación respecto al monto o uso de las prerrogativas de los partidos políticos implica reformas legales y constitucionales. Pretender engañar al electorado para sacar beneficios electorales, tendrá graves consecuencias el día de la jornada electoral.
La segunda ocurrencia, se refiere a la eliminación de los escaños de representación proporcional en la integración del Congreso. Empecemos por lo más obvio. Esta propuesta amerita una reforma constitucional que, dados los plazos electorales, ya ni siquiera aplicaría para la conformación del Congreso en 2018, salvo que la mayoría de la Corte, siguiéndole el juego a los partidos, determinara lo contrario. Por otra parte, esta propuesta desconoce las razones que llevaron a que en la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales de 1977, se introdujera un sistema mixto para la integración de la Cámara de Diputados para dar representación a los partidos minoritarios. La eliminación de los escaños plurinominales nos llevaría, con la conformación actual de la Cámara de Diputados, a un escenario anterior al de 1977, con mayoría del partido que propone esta eliminación. Sí, debemos repensar la integración de nuestro Congreso, pero no con relación con los asientos plurinominales, sino con respecto al número de legisladores que integran el Congreso de la Unión ¿en verdad necesitamos un Congreso integrado por 500 diputados y 128 legisladores en el que la mayoría se dedican a votar al son que determine su coordinador parlamentario?