Opinión

Feminicidio

El Estado mexicano debe combatir la violencia contra las mujeres; así lo exigen los tratados internacionales. | Adolfo Gómez Vives

  • 24/02/2020
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La erradicación de la violencia contra la mujer no es un tema prioritario en la agenda de Andrés Manuel López Obrador. El Plan Nacional de Desarrollo refiere el asunto en una sola ocasión, pero no plantea objetivos, ni metas que representen compromiso alguno en relación a esta problemática. La violencia de género es referida en ese documento junto al secuestro, la desaparición forzada y el asalto en transporte público; ningún señalamiento en específico, a pesar de la gravedad de su prevalencia en el ámbito nacional.

Su gobierno carece de una estrategia de prevención, por más que se registren casos en la mayoría de los estados de la federación y que su investigación, persecución y sanción sean responsabilidad de las autoridades estatales, en razón de tratarse de delitos del fuero común. Por eso reaccionó tarde y mal ante los feminicidios de Ingrid Escamilla y de la pequeña Fátima.

Fiel a su tradición de señalar a otros como responsables de los nulos avances de su gestión, le tocó ahora a ese concepto económico abstracto denominado neoliberalismo ser señalado como el factor determinante que genera las condiciones para la comisión de estos delitos.

Mientras el tema escalaba en la discusión pública, María Salguero Bañuelos, creadora del Mapa de Feminicidios en México fue objeto de una campaña de ataques, que pretendía cuestionar el trabajo que ha venido realizando desde 2016 y a quien las autoridades deberían reconocer y apoyar por una labor que el propio gobierno no ha hecho con la debida diligencia.

La violencia contra la mujer ya era tema de preocupación en los años setenta, mucho antes de que el neoliberalismo fuera impuesto desde Estados Unidos, a través del Consenso de Washington. De hecho, México fue sede de la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer en 1975, durante el gobierno de Luis Echeverría Álvarez.

En ese foro se abordó el problema de la violencia doméstica (intrafamiliar) y sexual contra las mujeres, lo que demuestra la inquietud que desde entonces generaba las distintas formas de violencia contra la mujer.

En las agencias del Ministerio Público prevalece la política no escrita de inhibir las denuncias por delitos como el acoso sexual y la violación, a efecto de reducir su registro estadístico, además de que muchas de esas denuncias no son investigadas y menos llegan a sede jurisdiccional, lo que contradice el espíritu de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que obliga a la federación, a las entidades federativas y los municipios a tomar medidas que garanticen el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

El Estado mexicano tiene responsabilidad en la prevención de la violencia contra las mujeres, pues el artículo 4o de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer precisa que “los Estados deben condenar la violencia contra la mujer y no invocar ninguna costumbre, tradición o consideración religiosa para eludir su obligación de procurar eliminarla. Los Estados deben aplicar por todos los medios apropiados y sin demora una política encaminada a eliminar la violencia contra la mujer”.

La reticencia de López Obrador de escuchar a las mujeres que se manifiestan contra la violencia y de pedirles que no ensucien las paredes sólo genera mayor repudio a su administración. El paro nacional #UnDíaSinNosotras, convocado para el próximo 9 de marzo, no hace distinción a mujeres de izquierdas o de derechas. El discurso obradorista, pensado para dividir, cada día le alcanza menos para polarizar ante su inacción y ante tanta barbarie.