Opinión

Feminicidio

Se requiere erradicar los estereotipos de género, y entender que la violencia, de baja intensidad, puede derivar en un feminicidio. | Leonardo Bastida

  • 08/02/2020
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Cruces rosas con la inscripción ¡Ni una menos!, cargadas por mujeres que exigen justicia para esclarecer los asesinatos de sus madres, hijas, primas, tías, amigas, vecinas, conocidas, se han convertido en tristes imágenes cotidianas ante realidades que muestran que en un país como el nuestro, al día, se cometen 10 feminicidios, una expresión de la brutal violencia que viven muchas mujeres, cotidianamente, en muchos rincones de México.

En la década de los 70 se acuñó por primera vez el término femicide en Estados Unidos, y en República Dominicana en los años 80. Pero se teorizó sobre él en la década de los 90 por parte de Diane Rusell, quien lo había acuñado originalmente. La escritora feminista, en conjunto con Jill Radford, lo definió como “el asesinato misógino de mujeres por hombres”, ubicándole como un problema derivado de la violencia de género.

En su texto, Femicide: The Politics of Woman Killling, las autoras plantean que el término permite tomar en cuenta varios factores con respecto a los asesinatos de mujeres como los motivos, los victimarios, los actos violentos, los cambios estructurales en cada sociedad en particular, la tolerancia por parte del Estado y otras instituciones hegemónicas hacia estos asesinatos, así como las diferentes formas en que son disimulados y alentados, en detrimento de los derechos de las mujeres.

Desde mediados de la década de los 90, tras las reflexiones epistemológicas de Marcela Lagarde, la antropóloga determinó que la traducción al español más apegada a la esencia del concepto de femicide era la de feminicidio por que lograba englobar “el conjunto de hechos y conductas violentas contra las mujeres por ser mujeres, que conduce en algunas ocasiones al homicidio de algunas de ellas”.

Mientras que si se traducía como femicidio, podría confundirse o asociarse con que el término solamente refería a un “homicidio en femenino”, dejando de lado todo el contexto social y cultural que pudiera dar pie al asesinato de una mujer así como dar la razón a quienes han cuestionado el término por considerar que la categoría de género no es necesaria para analizar los asesinatos y las violencias, y consideran que estos casos podrían enmarcase perfectamente en la categoría de homicidio.

Para Lagarde, la posibilidad de esa confusión, generaba un gran vacío al no tomarse en cuenta que el feminicidio “… es una violencia ejercida por hombres contra mujeres, pero no sólo por hombres, por hombres colocados en supremacía social, sexual, jurídica, económica, política, ideológica y de todo tipo, sobre mujeres en condiciones de desigualdad, de subordinación, de explotación o de opresión, y con la particularidad de la exclusión”.

Por su parte, la especialista en ciencias sociales y género, Julia Monárrez Fragoso, investigador de El Colegio de la Frontera Norte, ha señalado que el feminicidio engloba golpes, estrangulamiento, uso de armas, mutilaciones, torturas, violaciones, mecanismos de control, intimidación, violencia sexual, abuso infantil, y conductas que lo justifican, como la evaluación de las conductas de las víctimas, la minimización de las violencias contra las mujeres, la dominación y el sometimiento de las mujeres y la desigualdad social, entre otros factores sociales.

Construir un concepto que ha permitido visibilizar una de las formas más extrema de violencia de género ha tomado varias décadas, así como su inserción en las diferentes leyes y normatividades de nuestro país para sancionarle, sobre todo, ante múltiples cuestionamientos en los que se pretende menoscabar la situación bajo el argumento de que cada día, son asesinados muchos más hombres que mujeres, y no se les ha creado una categoría especial para la resolución de sus casos.

Sin embargo, recientemente, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero ha propuesto crear un Código Penal Único y eliminar el tipo penal de feminicidio para redefinirlo como una agravante de homicidio al considerar que es sumamente complejo acreditarle como tal.

La propuesta ha sido sumamente criticada. El Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio publicó un posicionamiento en el que señaló que la implementación del tipo penal de feminicidio en los estados de la República ha sido compleja y se carece de una armonización en la materia, pero sobre todo, hay una falta de voluntad por parte de las autoridades judiciales, en diferentes niveles, para investigar las muertes violentas de mujeres.

El organismo civil que agrupa a más de 40 organizaciones de 24 estados ha considerado como necesario incluir el delito penal de feminicidio de manera autónoma y con razones de género objetivas en el Código Penal Nacional; actualizar y homologar los protocolos de investigación del delito de feminicidio; garantizar el cumplimiento de las recomendaciones internacionales y nacionales para la investigación y sanción del feminicidio; revisar las investigaciones de muertes violentas de mujeres con el fin de identificar las fallas en la acreditación del tipo penal en cada una de las entidades del país e iniciar investigaciones y sancionar a las y los servidores públicos (policías de investigación, peritos y ministerios públicos) encargados de las investigaciones de feminicidios, que por sus acciones y omisiones han obstaculizado el acceso a la justicia para las víctimas.

Uno de los mayores pendientes, resalta el Observatorio, es la falta de cumplimiento de la sentencia Mariana Lima, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), derivada del caso homónimo, en el que, Mariana fue asesinada por su pareja, el policía de investigación, Julio César Ballinas, en Chimalhuacán, Estado de México, y originalmente fue considerado como un suicidio.

Una vez revisado el caso por la Corte, se determinó que toda muerte violenta de una mujer debe ser investigada con perspectiva de género, es decir, reconociendo que hay un sinfín de elementos sociales y culturales que influyeron en los fatales sucesos. La deuda está pendiente.

Incluso, en la presentación del libro Feminismos y derecho, coordinado por Ana Micaela Alterio y Alejandra Martínez Verástegui, el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, reconoce que el problema persiste, por lo que, desde el ámbito judicial es “… necesario contar con mecanismos claros y eficientes de denuncia, investigaciones diligentes y protocolos para juzgar con perspectiva de género”, y a nivel social, se requiere dejar de culpar a las mujeres por la violencia que sufren, erradicar los estereotipos de género, y entender que la violencia, de baja intensidad, puede derivar en un feminicidio.

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