Los que están preocupados y ocupados son los empresarios que integran el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y de compañías que se dedican al reclutamiento de personal ante la amenaza de que esta misma semana se aprueben las reformas a diversos ordenamientos de la Ley Federal del Trabajo y otras más, en materia de subcontratación -outsourcing-.
Nos cuentan que hay una creciente inquietud al interior del sector privado, ya que si la iniciativa se aprueba tal cual, se perderían entre 2.5 y 4 millones de empleos, pero los más afectados serían los trabajadores al servicio del estado, sobre todo Pemex, que enfrenta una grave situación financiera, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como muchas otras dependencias públicas.
Por lo pronto, ayer en la noche se reunieron los empresarios con el presidente López Obrador en Palacio Nacional para analizar los pros pero sobre todo los contras de la propuesta que pondría en jaque a muchas de las empresas que operan en el país, al impedirles subcontratar a una buena parte de su personal.
La intención es que esta misma semana se vote en la Cámara de Diputados y se envíe al Senado para que dé su aval antes del 15 de diciembre, cuando termina el periodo ordinario de sesiones.
No obstante, hay la amenaza de algunas empresas, incluso extranjeras, que al impedir la subcontratación en el país, se vean en la necesidad de bajar la cortina y cerrar sus puertas de manera definitiva al no sostener la carga laboral que se avecina, lo que se sumarán a la grave crisis económica y a las restricciones que impone la emergencia sanitaria por el covid-19.
Avanza Ley Monreal
Hace una semana hablábamos en este mismo espacio sobre la iniciativa que presentó el senador Ricardo Monreal para que el Banco de México adquiera los excedentes de dólares en efectivo que mantienen atrapados algunas entidades financieras en sus bóvedas -cerca de 7,500 millones de dólares- y aunque la idea no gustó del todo al Instituto Central, la propuesta avanza en comisiones.
Como lo adelantamos hace unos días, el argumento del Banxico es el posible daño reputacional, ya que al repatriar la divisa estadounidense podría filtrarse dinero ilegal. Sin embargo, esa labor de vigilancia ya es responsabilidad de los mismos bancos a través de sus unidades de prevención de lavado de dinero que supervisa con lupa la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.
Desde hace varios años los intermediarios tienen que cumplir con una serie de medidas para prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita que además, verifica el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), quien hace visitas de verificación periódicas a los países que lo integran.
Quienes más saben del tema aseguran que la iniciativa no vulnera las actividades del Banco de México, ya que la vigilancia sobre el origen de los recursos recae de manera directa en bancos, CNBV y la UIF; otra de las preocupaciones del Banxico son las reglas que se aplicarían para llevar a cabo la repatriación y los consecuentes costos operativos, no obstante, nos adelantan que este año el Instituto Central tendrá un remanente de millones de pesos, por lo que la falta de presupuesto no será un problema.
Así las cosas…