¿Exhortos o decisiones de autoridad?

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el aumento en el precio de los combustibles se debe al crecimiento en los márgenes de utilidad de las empresas que los distribuyen. Ante esta situación, convocó a los distribuidores a actuar con responsabilidad y a que no abusen, “porque se va a dar seguimiento al tema”.

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El llamado lo hizo en forma “amigable”, pero ¿un exhorto es la medida más conveniente? ¿Por qué el presidente no tomó una decisión más enérgica, si en su mensaje detalló el “abuso” y, además, dio a entender que en muchas gasolinerías no se venden “litros de a litro”? ¿Es acaso una decisión adecuada que el gobierno abra estaciones de servicio, en caso de que las acciones que pondrá en marcha durante las próximas semanas no se vean reflejadas en precios más bajos para los consumidores?

Los procesos de toma de decisiones conforman uno de los temas más apasionantes y complejos de la planeación estratégica de los gobiernos. La razón es evidente, porque cada decisión que toman los servidores públicos genera impactos que influyen —positiva o negativamente— en la vida de mucha gente.

El Jefe del Ejecutivo tiene el liderazgo y la autoridad legítima para actuar con toda la fuerza del Estado frente a situaciones irregulares o ilícitas como las que él mismo describió. En eso consisten las decisiones de autoridad. Sin embargo, también tiene el poder para elegir entre otras alternativas “menos severas” si lo que pretende es la disminución de los conflictos, mantener la gobernabilidad y la tranquilidad o bienestar de la mayoría de la población.

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El presidente optó por lo que consideró su mejor alternativa. Y nos explicó con cierto detalle lo que va suceder. Sin embargo, muy pronto surgieron las primeras reacciones negativas, ya sea porque los combustibles no bajarán de precio o porque no se aplicarán las sanciones correspondientes a quienes han generado esta situación que afecta a los consumidores.

El estilo de gobernar del presidente es controvertido y a veces incomprensible. Cierto. Pero lo que no se puede negar es que hasta ahora le ha funcionado en términos del manejo de su imagen. También ha demostrado que sabe administrar los tiempos políticos y que aún no es el momento de dar golpes de timón o de iniciar una “cacería de brujas” contra los corruptos.

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Sin embargo, las críticas a esta nueva decisión ya se empezaron a manifestar en la diversidad del ecosistema de comunicación, incluidas las redes sociales. Algunos ataques retoman el concepto de “gasolinazo” y cuestionan la manera en que el presidente “evade su responsabilidad”. En otros hay molestia porque se pidió a los distribuidores que “ayuden al gobierno” cuando aún no ha quedado claro si han cometido algún ilícito, actuado al margen de las reglas del mercado libre que rige la venta de combustibles o si han incumplido los acuerdos que hicieron con las autoridades para mantener precios justos y competitivos.

En el mismo sentido, tampoco se entiende porqué el presidente no instruyó a la PROFECO para que ponga en marcha el operativo que sin duda se requiere para sancionar a las gasolinerías que no venden litros completos.

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En contraste, muy pocos son los comentarios positivos sobre el hecho de que las primeras investigaciones por parte de las autoridades ya están en marcha. Es comprensible que éstas se tengan que realizar con el tiempo y el sigilo que corresponden. Lo que muy pocos comprenden hasta ahora son el alcance y las consecuencias que podrían tener los expedientes que abrió la COFECE para detectar posibles prácticas monopólicas por parte de las grandes distribuidoras.

Dirán que la vara no ha sido pareja para todos. ¿Qué sucedería si se permitiera a algunos constructores edificar sin tener los permisos correspondientes? O si los automovilistas no verificamos a tiempo nuestros vehículos, ¿se nos exhortaría a pagar las multas cuando nos parezca que es el mejor momento? ¿Y cómo reaccionaría la sociedad si quienes no pagan sus impuestos a la Secretaría de Hacienda se les convocara —en forma amistosa, claro— a cumplir con sus obligaciones?

Los procesos de toma de decisiones buscan, entre otras cosas, reducir los conflictos entre los grupos de la sociedad y entre los objetivos que deben cumplir las autoridades y los medios con los que cuentan. El tema de los precios de la gasolina es uno de los más volátiles y explosivos para la imagen pública del gobierno si no se maneja con pinzas.

A partir de las decisiones que ya tomó el presidente, solo resta esperar algunos meses para saber si en verdad fueron las más convenientes para la población. De igual forma tendremos que ver, en los próximos días, qué tan creíbles son los argumentos de los dueños de las gasolinerías para responder a las acusaciones del presidente.

Lee la opinión de un experto: Leonardo Curzio. Toma de decisiones. En: Las decisiones políticas, De la planeación a la acción. Coordinado por Tomás Miklos. Siglo XXI, 2000.

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