El sistema nacional anticorrupción que esta semana entraría a debate en la Cámara de Diputados, debe ser lo suficientemente audaz para detectar las 13 ventanas de oportunidad en la opacidad que generaron nichos de corrupción entre el 2000 y el 2005 y que fueron señalados en el informe “Áreas de Opacidad y Riesgo en el Estado Federal Mexicano, Oportunidades de Mejora” presentado en 2009 por la Auditoría Superior de la Federación.
Del anterior informe se desprende que la falta de transparencia generó opacidad en los adeudos de ejercicios fiscales anteriores, -ADEFAS-, así como una deficiencia recaudatoria. Por ejemplo, los montos por adefas del 2010 al 2015, van de 13 mil 324, 13 mil 632, 14 mil 389, 15 mil 084, 15 mil 550 y 31 mil 85 millones de pesos, respectivamente.
Sin duda alguna que lo más escandaloso se encuentra en la recaudación en ese periodo, como consecuencia del abuso de la figura la consolidación fiscal prevista para grandes corporativos. Por ejemplo, en el 2006, 50 grandes contribuyentes, que corresponden, -en general-, a empresas de la industria automotriz, productos fotográficos, panificadoras, acereras, tiendas departamentales y de autoservicio, e instituciones financieras, sólo pagaron 74 pesos de Impuesto sobre la Renta (ISR) y 67 pesos por Impuesto al Valor Agregado (IVA) en promedio. No se incluye la reciente devolución de 3 mil millones de pesos a Televisa u otros corporativos.
Pero actualizando la serie de barbaridades, Juan Manuel Portal, Auditor Superior de la Federación (ASF) informó durante la presentación del “Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del ejercicio 2013”, que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) desvío 518.5 millones de pesos del programa de pensiones para adultos mayores y sin alguna explicación los asignó al rubro de gastos de operación, dejando sin el beneficio a 82 mil 316 personas. Insensible.
El titular de la ASF dijo sobre el sistema anticorrupción, que hay “ausencia de personal especializado en temas de administración de riesgos a la integridad y acciones anticorrupción…”. Adicionalmente hizo énfasis en la necesidad de consolidar el sistema anticorrupción, dolor de cabeza de algunos. O muchos.
Es probable que este abuso sea el motivo por el que integrantes de la clase política y empresarios conserven su patrimonio en la filial en Suiza del banco HSBC, cuyos clientes ascienden a 2,642 mexicanos y cuyos montos representan 2.2 billones de dólares, según información dada a conocer por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).
La lista de mexicanos es encabezada por Carlos Hank Rhon, dueño del Grupo Financiero Interacciones e hijo del finado político priísta Carlos Hank González; el empresario Jaime Camil, el expresidente de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) Luis Téllez Kuenzler; su antecesor en esa posición, Guillermo Prieto Treviño y el exdirector de la Comisión Federal de Electricidad Alfredo Elías Ayub, el exdirector de Walmart para México, Eugenio Ebrard, así como el magnate de la construcción Moisés El Mann Arazi.
Este tema lo abordó el periódico estadounidense The New York Times, cuyo accionista mayoritario es el mexicano Carlos Slim Helú, de quien podría presumirse que podría tener interés en divulgar esta información para mostrar su descontento con el gobierno mexicano por haber quedado fuera de la licitación para adquirir canales de televisión en México.
No sólo eso, sino que el mismo rotativo neoyorquino dejó en evidencia al exgobernador de Oaxaca, José Murat Casab, quien aceptó que es propietario de dos departamentos ubicados en Utah, Estados Unidos, pero que “fueron comprados hace 10 años”, por cerca de 300 mil dólares y negó ser propietario de inmuebles en Nueva York. Posteriormente su hijo, Alejandro Murat, dijo que las propiedades en la Gran Manzana pertenecen a otros integrantes de su familia. Ahora, el tema está controlado en medios y para compensarlo, se dio a conocer que la SHCP congeló las cuentas de Ángrl Aguirre, exgobernador de Guerrero.
Con esto se reafirma que nadie más que la clase política mexicana sabe que el sistema hacendario y fiscal en México no está diseñado para mejorar las condiciones económicas de la ciudadanía y por tanto, prefieren depositar su dinero, producto de la sospecha, en el exterior.
El sistema anticorrupción por aprobar debe contemplar la incorporación o fusión de la ASF a un organismo constitucional autónomo, para que estas y otras posibilidades de justicia política en la persecución de los delitos de cuello blanco, cuyos exponentes no puedan aspirar a algún cargo de elección o sean premiados con algún cargo en el servicio exterior mexicano.
Ya que estamos en tiempos electorales, se buscan candidatos comprometidos con el país y su ciudadanía, que quieran impulsar el tema anticorrupción en su programa de trabajo y dejen de simular como que lo hacen.