Con lo que va de gobierno nos hemos percatado de que hay verdades que incomodan al presidente y que no son bienvenidas. Cuando esto ocurre se ha recurrido al “yo tengo otros datos” y a descalificar a todo aquel que presente esta información; ya sean calificadoras, medios nacionales o internacionales o instituciones autónomas como la Comisión Nacional de Derechos Humanos o el Instituto Nacional Electoral.
En esta ocasión le tocó al el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). El titular de este organismo afirmó en un medio nacional que “durante este gobierno se han tenido problemas en las áreas de salud, seguridad, cultura, deporte, entre otras, debido a recortes que no han tenido fundamento y a controles que se han convertido en frenos para el gasto”. Cuatro días después recibió el anuncio de su destitución y recientemente el presidente ha amenazado con desaparecer el organismo.
Antes de pretender desaparecer el Coneval es fundamental tener presente los hechos y razones que han llevado a que tengamos un organismo autónomo de evaluación de la pobreza como éste.
La política social en México ha tenido algunos avances en los últimos años pero el reto aún es grande, pues son muchos los mexicanos que aún siguen viviendo en situaciones de extrema pobreza. En el siglo XX se carecía de una normatividad e institucionalidad y había casos donde los programas sociales se utilizaban con fines electorales. En esto se ha avanzado, en el 2004 con la publicación de la Ley General de Desarrollo Social (LGDS) se elevó al rango de precepto legal la política social y se avanzó en convertirla en una política social de Estado.
Con la Ley General de Desarrollo Social se crearon también el Sistema Nacional de Desarrollo Social (SNDS), la Comisión Nacional de Desarrollo Social (CNDS), la Comisión Intersecretarial de Desarrollo Social (CIDS), el Consejo Consultivo de Desarrollo Social (CCDS) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Y en el 2006 se creó el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPPG) con el fin de evitar la multiplicidad de padrones, la dispersión de la información y facilitar la posibilidad de detectar errores, duplicidad o abusos en la canalización de recursos. (DOF 12 de enero de 2006).
El Coneval comenzó a funcionar en el 2006 con el fin de mejorar la eficiencia, eficacia, equidad y transparencia de las políticas sociales. Y el 10 de febrero de 2014 una reforma constitucional lo llevó a ser un organismo autónomo.
El presidente López Obrador sostiene que se “abusó” al llenar la administración pública de “oficinas de instituciones supuestamente autónomas e independientes” a las cuales considera como “aparatos onerosos sin beneficio” y ha afirmado que las podría eliminar en un futuro, en un acto de centralización del poder.
Pero para la Suprema Corte de Justicia de la Nación la realidad de los organismos autónomos es diferente. La Corte sostiene que “la evolución del principio de división de poderes ha reconocido la necesidad de crear organismos constitucionales que no formen parte de los tres órganos de poder clásicos sin que éstos se encuentren en un nivel superior jerárquico… con el fin de obtener una mayor especialización, agilización, control y transparencia de esas funciones, para atender eficazmente las demandas sociales”.[1]
Los órganos constitucionales autónomos surgieron debido a que funciones del Estado, por su especialización e importancia, necesitaban autonomía para garantizar el cumplimiento de su misión. En el caso de México dos organismos paradigmáticos han sido la Comisión Nacional de Derechos Humanos la cual requería de autonomía para poder defender a los ciudadanos frente a las violaciones del Estado y el Instituto Nacional Electoral creado con autonomía para garantizar la legitimidad y transparencia de las elecciones.
La evaluación de las políticas sociales tiene la misma necesidad de autonomía. Un ejemplo claro han sido los intentos del INEGI de modificar las metodologías para medir la pobreza, ante lo cual el Coneval ha reaccionado afirmando que esto afectaría la comparabilidad de las cifras “generado una falsa y equivocada idea de la reducción de la pobreza”.
El presidente puede afirmar que es “oneroso” el Coneval; pero resulta aún más oneroso no evaluar las políticas sociales y destinar los recursos a programas ineficaces o a programas cuyo único fin sea el de obtener resultados electorales.
Es cierto que el desarrollo no se reduce al simple crecimiento económico. Paulo VI afirmó que “decir desarrollo es, efectivamente, preocuparse tanto por el progreso social como por el crecimiento económico”; que el desarrollo “para ser auténtico, debe ser integral”; y que “no basta aumentar la riqueza común para que sea repartida equitativamente”[2].
La tarea del combate a la pobreza en México es urgente y de gran importancia. De acuerdo al Informe de “Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018” del Coneval[3], 9.4 millones de mexicanos viven en pobreza extrema y el 50.6% de la población tiene ingresos insuficientes para comprar la canasta de alimentos, bienes y servicios básicos. Ante esta emergencia y siendo los recursos económicos del gobierno escasos; es fundamental contar con un organismo evaluador autónomo que garantice su aplicación transparente, eficiente y eficaz.