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Eva no votó en el proceso de Revocación de Mandato

Promotora de los programas sociales del gobierno federal roba documentos a dos personas adultas mayores. | Adolfo Gómez Vives

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Escrito en OPINIÓN el

Eva “N” es beneficiaria de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Tiene 69 años. El lunes 4 de abril, una mujer de aproximadamente treinta años, promotora de los programas sociales del gobierno federal, la visitó en su domicilio. Preguntó por ella —por nombre y apellido— al vigilante del condominio en el que habita. Éste la anunció y Eva autorizó su ingreso.

La promotora tocó en el departamento ubicado en el primer piso, a donde Eva ya la esperaba. Abrió la puerta y la invitó a pasar. Eva estaba acompañada de otra persona adulta mayor: una prima, que vino a visitarla desde Mexicali, Baja California.

La promotora —ataviada con el chaleco color vino emblemático del gobierno federal— tomó asiento en la sala y le requirió exhibir su credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), la de elector, comprobante de domicilio y Clave Única de Registro de Población (CURP), a efecto de “actualizar sus datos”. También le pidió el número de identificación personal (NIP) de la tarjeta de débito en la que le depositan su pensión, lo que a Eva no le causó extrañeza.

La promotora informó a Eva y a su prima, acerca de la importancia de actualizar sus datos y que dicha pensión de 3 mil 850 pesos bimestrales, “se incrementará en veinte por ciento en 2023 y 2024, respectivamente”. También las conminó a votar en el proceso de “ratificación” de mandato “para que siga el presidente” y para que ellas “sigan gozando” de su pensión.

Eva guardó sus credenciales en una pequeña cartera, que luego metió en la bolsa de mano que colgaba en el respaldo de una silla. La prima de Eva se había movido a una de las habitaciones, momento que la promotora aprovechó para solicitar un vaso de agua.

Cuando Eva regresó con el agua, la promotora le dijo que era importante que ambas proporcionaran copia de sus documentos. Su prima no tenía copias a la mano (recordemos que estaba de visita), por lo que acordaron que la promotora regresaría más tarde por ellos. Se despidió y salió apresuradamente.

Eva y su prima se trasladaron a la papelería más cercana, ubicada a escasas cuatro cuadras de su domicilio. Fue en ese lugar que descubrió que les habían robado sus identificaciones, su licencia de conducir y sus tarjetas bancarias.

Minutos después, recibió un mensaje en su teléfono celular, que daba cuenta del retiro de más de 2 mil pesos de su tarjeta de débito. Ambas solicitaron la cancelación inmediata de sus tarjetas, a efecto de evitar mayores daños.

Al día siguiente se trasladaron a la agencia del Ministerio Público UAT-CUH-7, en la alcaldía Cuauhtémoc, a denunciar los hechos.

La agente del Ministerio Público, Norma Angélica Ferrer Ortiz, inició la carpeta de investigación CI-FICUH/UAT-CUH-7/UI-1 S/D/00484/04-2022, por el delito de robo sin violencia.

Eva no votó en el proceso de revocación de mandato, porque una promotora de los programas sociales del gobierno federal, con acceso a sus datos personales, prefirió hurtar sus documentos y tarjetas bancarias, para obtener un beneficio económico ilícito, antes que cumplir con su supuesta encomienda de “verificar” que los datos de Eva —y, de paso los de su prima— estuvieran actualizados en el padrón de beneficiarios, del programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Habrá que indagar con el Instituto Nacional Electoral si aparece registro de la emisión del voto de Eva. De ser el caso, estaríamos también ante la comisión de un delito electoral.