A raíz de la exhibición de conversaciones en los medios de comunicación donde legisladores del PAN pedían comisiones a cambio de la gestión de recursos presupuestales, la práctica de los llamados “etiquetados” en los presupuestos locales y federales se ha convertido en uno de los temas álgidos del debate nacional.
Los “etiquetados” consisten en la aprobación de recursos presupuestales para un destino o proyecto específico dentro de los proyectos de presupuestos de egresos. En los últimos años a nivel federal y en el Distrito Federal han oscilado entre veinte y veinticinco millones de pesos por legislador.
Es decir, una bolsa de por encima del rango de los 1,320 millones de pesos para la ciudad de México y de 10,000 para la federación. Naturalmente, los estados no están exentos de esta práctica. Una enorme cantidad de recursos.
Al analizar este fenómeno recurrente, Ricardo Raphael dio a uno de los clavos que lo sostiene: “Vale 20 millones de pesos el voto de un diputado”. La aprobación de los proyectos de presupuesto que envían los ejecutivos, pasan año con año por unanimidad y casi sin modificaciones de los legisladores, siempre y cuando aparten una cantidad para ser repartida discrecionalmente.
Al interior de los congresos, la batalla suele ser más por modificar este monto que por revisar la eficiencia, oportunidad y pertinencia del gasto propuesto por gobernadores, jefes de gobierno y presidentes en turno.
El fondo de los “etiquetados” es un pacto que distorsiona la función legislativa: Aprobar el destino del dinero de todos los mexicanos sin mayor análisis a cambio de la asignación de un monto que puede ser asignado por criterios en el mejor de los casos de cálculo político y en el peor, de mero beneficio personal.
Las distorsiones que provoca este pacto son inmensas y en cada nivel de gobierno han creado sus propios adefesios: A nivel federal se pueden etiquetar recursos para asociaciones civiles que se rigen bajo una lógica meramente privada; a nivel local la Asamblea Legislativa del Distrito Federal nos ha dado una muestra de manipulación electoral al inaugurar un nuevo criterio de trato diferenciado entre el partido en el gobierno y la oposición en pleno año de elecciones.
En este último, la asignación de recursos en la ALDF aparentemente no se hizo mediante etiquetados, sino aumentando los techos presupuestales de algunas dependencias, sin la menor claridad en el destino de los mismos (el propio Secretario de Finanzas de la ciudad reconoció en entrevista a Reforma el 24 de diciembre del año pasado desconocer la finalidad de 229 millones de pesos otorgados a la dependencia a su cargo).
El más grave de los efectos de la asignación de estos recursos ha sido la práctica de algunos legisladores de utilizarla para embolsarse directamente dinero del erario, los ahora conocidos “moches” (tan de moda en el PAN).
Pero esto no ha ocurrido en el vacío. Para que esto pudiera ocurrir fue necesaria la complicidad de gobiernos municipales que se prestaron al trato, así como de leyes y sistemas de control lo suficientemente ambiguos o cómplices para permitir asignaciones directas o licitaciones arregladas que permiten estos desvíos.
Lo peor es que son muy pocos los legisladores que han retomado este tema, a la voz de Fuenteovejuna somos todos, hasta representantes de la “pureza” política han optado por callar… Y seguir etiquetando recursos.
En diciembre pasado los diputados locales Gabriel Gómez del Campo (PAN), Vidal Llerenas (PRD), Cuauhtémoc Velasco (Movimiento Ciudadano), junto con Luis Carlos Ugalde (Integralia Consultores), reconocieron la falta de transparencia en los manejos presupuestales de la ALDF y llamaron al fin de los etiquetados, sin encontrar mayor eco entre sus pares.
Intervenir en la asignación de los recursos públicos es una función de los legisladores que a nadie debe escandalizar. Es de esperarse que diputados y diputadas busquen que los recursos se apliquen con criterios ideológicos o incluso que traten de beneficiar a un sector en particular; lo que es inaceptable es que exista un pacto de no intervención en el gasto propuesto por el Ejecutivo –que es su responsabilidad dentro de un sistema de contrapesos–, que todo se haga en completa opacidad y que se permitan manejos absolutamente discrecionales que llevan al absurdo de permitir apropiaciones ilegales de cantidades líquidas del dinero de la sociedad mexicana.
Los actuales diputados federales y casi todos los locales ya han aprobado el último presupuesto de sus respectivas legislaturas pero ponerle fin a esta práctica debe ser un compromiso de todos los candidatos a ocupar una curul. Se trata de un compromiso fundamental para hacer más eficiente el gasto público y detener una fuga cuyos verdaderos alcances ni siquiera podemos cuantificar.