Opinión

Ética política y vigilancia ciudadana

El interés público es el objetivo común y permanente que debe mover las intenciones legislativas de los congresistas. | Dra. Susana Thalía Pedroza

  • 28/09/2018
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El 1 de septiembre último, dio inicio la LXIV (64) legislatura del H. Congreso de la Unión, conformado por una aplastante mayoría de la llamada izquierda mexicana y mayoritariamente por el partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), del Presidente Electo, licenciado Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

De manera natural, parece que las coyunturas políticas, el ambiente político poselectoral y el inicio de las actividades legislativas de un nuevo representativo nacional conducen a fijar la mirada -o al menos a obsequiarla discretamente- hacia la nueva política promovida por el Presidente Electo. A pocas personas escapa la claridad que, a partir del 2 julio de 2018, la agenda pública se ha venido definiendo conforme a cada movimiento y declaración de AMLO.

El consumo de los medios de comunicación se ha centrado en los movimientos o declaraciones del Presidente Electo, incluso de su virtual gabinete y su equipo de transición. ¿Cuáles son los temas? Éstos son múltiples, van desde la declaración de los 50 puntos en torno a los cuales girará su política de austeridad y contra la corrupción; la drástica disminución en los sueldos de la alta burocracia, hasta su constante afán de utilizar el transporte aéreo comercial con todo y sus retrasos de horas y horas.

Sin embargo, hay un tema que resulta de gran relevancia en el contexto político y social, y que tiene que ver con la nueva integración del H. Congreso de la Unión y sus palpitantes quehaceres legislativos que iniciaron con singular entusiasmo.

Esto es, en la medida en que van acomodándose en sus curules legislativas los diputados y los senadores parece que van tomando cada día mayor fuerza, mayor poder político, lo cual no es por supuesto, en sí mismo, malo, negativo o perjudicial. Estos efectos surgen cuando ese poder se corrompe, sucumbe ante la tentación de venganzas añejas, revanchismos políticos, intereses mezquinos personales, de grupo o partidistas.

Ahí es donde radica nuestra actual preocupación. En México hemos dado pasos de trascendencia hacia la consolidación de nuestra democracia; sin embargo, no es suficiente. El cambio de un régimen político de gobierno a otro es resultado del impulso social infartado ante los constantes ataques a su tranquilidad, seguridad, patrimonio, prosperidad y a su paz. ¿La razón? El abuso del poder político fundamentalmente.

A través de las elecciones federales y locales, se optó por un cambio. Sin embargo, dicho cambio es exigible no sólo al titular del Poder Ejecutivo, sino a los 500 diputados y los 128 senadores, que juntos integran el H. Congreso de la Unión.

Los mexicanos tenemos derecho a una Administración Pública eficiente, eficaz, honesta, transparente, etcétera, la cual corre a cargo del Presidente de la República quien normalmente se vuelve el centro de la atención social.

Transparencia e involucramiento ciudadano

También, por otro lado, más que un derecho tenemos el deber ciudadano de seguir de cerca las actividades realizadas y no realizadas por los legisladores (diputados y senadores), así como las posiciones adoptadas en su trabajo legislativo.

Debemos recordar que el llamado “malestar ciudadano” obedeció, en buena medida, al abuso de poder de la clase política por el dispendio de los recursos económicos del Estado; por las designaciones entreguistas o negociadas y no por conocimientos, méritos y perfiles; por los constantes actos de corrupción y, por la disposición de recursos públicos para fines partidistas, entre otros.

Por esa razón, hay que voltear a ver a los que recientemente han iniciado su trabajo legislativo en el H. Congreso de la Unión, diputados y senadores, de quienes las y los ciudadanos esperamos un trabajo digno, serio, de elevada calidad técnica, pero también de probada calidad moral, un comportamiento responsable, respetuoso, eficiente y transparente, que represente verdaderamente los intereses de las y los ciudadanos.

Lograr lo anterior, implica el involucramiento de la ciudadanía en las tareas de los legisladores, donde la herramienta de la transparencia es un mecanismo de control ciudadano de la mayor relevancia, que posee plena vigencia en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de manera que sólo basta ponerla en práctica.

En el control ciudadano de las actividades legislativas, a través de la transparencia, tienen un papel protagónico los mismos legisladores en tanto que son los primeros encargados de recuperar y mantener el respeto, más que para sí mismos en su calidad de servidores públicos, para reivindicar el respeto por y hacia el Congreso General.

El interés público es el objetivo común y permanente que debe mover las intenciones legislativas de los congresistas (diputados y senadores), por tanto, la ética política juega un papel trascendental en el ámbito de lo público, donde las consideraciones morales se materializaran a través del comportamiento de los legisladores, es decir, de sus conductas.

Romper con paradigmas de ciertos tipos o modelos de hacer política creados a base del cultivo de varias décadas de una clase política predominante, es una tarea titánica que demanda enfrentar los enraizados esquemas o sistemas políticos factuales o tradicionales, es decir, no establecidos en la Constitución o en alguna disposición legal o reglamentaria.

Ese rompimiento con el pasado establece la necesidad -desde nuestra óptica- que los recién llegados como legisladores, sean del partido o ideología que sea, realicen su función asumiendo -en principio- los siguientes tres puntos:

1) Que su mandante (la ciudadanía) lo que busca -legítimamente- es su bienestar, ya sea individual, social o colectivo;

2) Que el primer paso para asumir el cargo con responsabilidad, es demostrar una voluntad política para crear, proponer, escuchar, dialogar, conciliar y muy especialmente, impulsar la implementación efectiva de su creación (la Ley, Reglamento, Decreto, Acuerdo, etc.), anteponiendo siempre el interés público y social, y

3) Que es necesario reconocer las limitaciones técnico-legislativas, expertiz o pericia en la creación de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, etcétera. Este reconocimiento entraña un acto de sensatez política y congruencia con los ideales de representación de la ciudadanía, quien asume en que el legislador elegido garantizará altos estándares de calidad y confiabilidad en su trabajo, aun cuando para ello tenga que acudir a los expertos, pues de lo que se trata es -como ya se apuntó- representar los intereses de los ciudadanos.

Así, hablar de ética política y transparencia constituye un reto inigualable, más que en el terreno teórico, en el práctico. La ética política como una característica necesaria y demandada en los legisladores, requiere -por principio de cuentas- de la voluntad del legislador para cambiar comportamientos o conductas indignas, inapropiadas, irregulares o ilegales, que dañan más que a la persona misma, a la reputación y honorabilidad del órgano del Estado en el que se desempeña, el Congreso de la Unión.

El trabajo de la ciudadanía en el terreno de la vigilancia hacia su clase política se ha vuelto cada vez más activo; sin embargo, parece necesario y urgente el fortalecimiento de una normativa que no se quede en Códigos de Conducta sin aplicación, sino que adquieran eficacia plena al imponerse las sanciones a que hubiere lugar.

Parece necesario el fortalecimiento de la promoción y difusión de controles constitucionales, legales y reglamentarios que incorporen con mayor facilidad a la ciudadanía en una labor activa y permanente de vigilancia hacia sus representantes legisladores, a través de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, accesibles no solo para los expertos en la materia, investigadores, periodistas o medios de comunicación, sino para todos los grupos sociales en México.

Dra. Susana Thalía Pedroza de la Llave

*Investigadora titular “B” del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; coordinadora general de la División de Estudios de Posgrado y del CIJUREP de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, e investigadora nivel III del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

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